El Poder Judicial rechazó los requerimientos de la Fiscalía de la Nación para levantar el secreto de las comunicaciones y el secreto bancario del exministro del Interior Juan José Santiváñez Antúnez, en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
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Mediante dos resoluciones emitidas el 12 de diciembre de 2025, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundados ambos pedidos fiscales, los cuales buscaban acceder a información bancaria y al historial de comunicaciones de los investigados.
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En el primer pronunciamiento, correspondiente al levantamiento del secreto de las comunicaciones en la modalidad de tiempo histórico, el juzgado resolvió no autorizar la medida solicitada por el Ministerio Público dentro del proceso seguido contra Santiváñez Antúnez y Ricardo Alfredo Falcao Kanashiro Romero. La investigación también comprende a los ciudadanos Jorge Luis Ortiz Marreros y Carlos Nicolás Alvizuri Marín, identificados como presuntos afectados.
De igual forma, en una resolución separada, el mismo juzgado declaró infundado el requerimiento para levantar el secreto bancario de los investigados, presentado por la Fiscalía de la Nación el 30 de octubre de 2025, durante la gestión de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino.
Ambas decisiones fueron adoptadas en el marco de un proceso por delitos contra la administración pública, específicamente por la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Para el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la fiscalía no presentó suficientes elementos de convicción (evidencia) para justiticar el pedido de levantamiento de secreto bancario ni el secreto de comunicaciones.
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Concretamente, en este carpeta fiscal, el Ministerio Público imputa a Juan José Santiváñez que, en su condición de ministro del Interior, “habría determinado al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Kanashiro Romero, para que se interese indebidamente y de forma directa en la contratación del abogado Alvizuri Marín, a fin brinde los servicios especializados en defensa y asesoría legal a Ortiz Marreros, que culminó con la contratación del anotado abogado por el monto ascendente a S/ 150 mil”.
El objetivo de esa contratación, de acuerdo con la fiscalía, habría sido evitar que Ortiz Marreros se someta a un proceso de colaboración eficaz que perjudique a Nicanor Boluarte, hermano de la entonces presidenta, Dina Boluarte, en la investigación conocida como ‘Waykis en la Sombra’.
La investigación preliminar continúa en curso a nivel de la Fiscalía de la Nación.
