Una jueza de Ecuador aceptó la noche de este viernes que la desaparición de cuatro niños, detenidos el 8 de diciembre por militares en el sur de la ciudad costera de Guayaquil, sea investigada como “forzada” y con “responsabilidad del Estado”.
La jueza Tanya Loor aceptó el recurso de hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores y afirmó que durante la audiencia de este miércoles se han presentado elementos que hacen presumir que los 16 militares que actuaron en la detención de los niños “no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos”.
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Loor ordenó la activación de protocolos de búsqueda de los menores en todo el país y la creación de una comisión multidisciplinaria que investigue los hechos independientemente del proceso judicial.
Además, ordenó que la Defensoría del Pueblo capacite a los soldados sobre protección de derechos humanos, especialmente enfocada en niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia, “con el objeto de que las Fuerzas Armadas nunca más cometan una situación como la que se ha señalado en este caso”.
Esta decisión se une a la que había tomado horas antes la Fiscalía de formular cargos contra 16 militares por el delito de desaparición forzada, por su presunta participación en los hechos.
La desaparición de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) ocurrió la noche del pasado 8 de diciembre, después de una práctica de fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
En videos, que circulan en redes sociales, se observa a hombres vestidos de militares detienen a los menores cerca de un centro comercial y los embarcan en una camioneta de uso castrense, donde los golpean y tienden en el piso.
Los uniformados, según las primeras versiones, trasladan a los niños hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y donde se pierde totalmente el rastro de los menores.
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En la audiencia judicial de este miércoles participaron los abogados del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, quienes pidieron a la jueza Loor que no dé paso al hábeas corpus, debido a que los niños no se encuentran en manos del Estado y que su desaparición, según ellos, “no se dio en un contexto de custodia estatal ni de las Fuerzas Armadas”.
“Ellos fueron trasladados hasta las inmediaciones de la base de Taura, (pero) no existen indicios con los se pueda determinar que los niños fueron ingresados a una unidad militar”, dijo el capitán Leonardo Alvear, abogado del Ministerio de Defensa.
“Los niños fueron liberados por parte del personal militar”, agregó.
Además, señalaron que la aprehensión de los menores se dio porque la patrulla militar fue alertada de que, “aparentemente, habían cometido algún tipo de acto contrario a la ley”.
Sin embargo, el fiscal Christian Fárez señaló que en el proceso judicial que él investiga no existe ningún elemento que indique algún “acto ilícito que hayan cometido los niños”.
“No existe un parte policial que justifique, no existe un testigo ni una versión de nadie que el día de los hechos haya realizado ningún acto presuntamente ilícito. Es importante limpiar el nombre y evitar que en la carga mediática se pretenda desviar la atención presentándolos como presuntos delincuentes”, agregó Fárez.
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Señaló que los militares debieron haber avisado al sistema Ecu 911 del hecho y haber puesto a los niños en manos de la unidad especial de la Policía. Ese “procedimiento es obligatorio”, mencionó.
En la diligencia también participaron una decena de abogados y de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes dieron sus puntos de vista sobre cómo debería tratarse este caso.
Por la mañana, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya había pedido al Estado ecuatoriano que establezca “de forma urgente” una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de los menores.
