Pese al testimonio de la víctima, los chats entre ambos y el certificado médico legal, el partido Juntos por el Perú sigue sin aprobar ninguna sanción contra su diputado Julián Pérez Mallqui, denunciado por violencia física y psicológica contra su expareja.
Pese al testimonio de la víctima, los chats entre ambos y el certificado médico legal, el partido Juntos por el Perú sigue sin aprobar ninguna sanción contra su diputado Julián Pérez Mallqui, denunciado por violencia física y psicológica contra su expareja.
Recién el domingo 2 de agosto, cuatro días después de la agresión, Ernesto Zunini, vocero de la bancada de la Cámara de Diputados, remitió un documento a la Comisión de Disciplina y Ética de Juntos por el Perú solicitando que el inicio inmediato de un procedimiento disciplinario contra Pérez Mallqui, así como la imposición de una “suspensión temporal” mientras dure el proceso.
“Como Grupo Parlamentario, se debe mantener una posición firme e inquebrantable de rechazo a toda forma de violencia, venga de donde venga, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y una vida libre de violencia”, reza el documento al que accedió este Diario.
Consultado por El Comercio, Zunini señaló que esperará que las investigaciones se desarrollen con celeridad, objetividad e independencia y que, conforme avancen estas indagaciones, “la bancada adoptará las medidas institucionales que correspondan”.
“Si las autoridades determinan la responsabilidad del diputado, deberá asumir plenamente las consecuencias legales y políticas”, dijo tras varios días de los hechos. Luego, agregó: “Si se determina que hubo violencia no lo vamos a avalar de ninguna manera”.
El vocero titular de JP, Ernesto Zunini, solicitó el inicio de un procedimiento disciplinario y suspensión del diputado Julián Pérez Mallqui. Foto: X.
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Ante la tardía reacción de la bancada, Zunini justificó que las dos actas policiales llegaron en momentos distintos a manos del bloque en la Cámara de Diputados. Los documentos iban a servir para adoptar una eventual decisión.
La primera acta correspondía a una denuncia por violencia psicológica ocurrida en el domicilio de la víctima, mientras que la segunda consignaba un episodio de violencia física registrado al interior de la comisaría de San Miguel.
Como se recuerda, la bancada iba a adoptar una decisión el mismo viernes 31 de julio por la tarde, pero esta no se materializó.
En tanto, Saúl Armacanqui, portavoz alterno de la bancada de JP en el Senado opinó sobre el tema. Consultado sobre una eventual expulsión del parlamentario, señaló: “Claro, yo he manifestado desde el primer momento toda lejanía de ese tipo de actos. Rechazo cualquier tipo de violencia”.
—Reunión de bancada—
El lunes 3 de agosto por la mañana, durante varias horas, la bancada de Juntos por el Perú sostuvo una reunión partidaria en la que se abordaron distintos temas. Entre ellos, según precisó la diputada Svieta Fernández González, se informó sobre la carta enviada por Zunini a la Comisión de Disciplina y Ética de la agrupación.
“Se abordaron varios temas, la reunión concluyó. De acuerdo al procedimiento, el caso está en Ética de la bancada de acuerdo a la solicitud hecha por el vocero”, refirió al ser consultada sobre una eventual decisión que pudiera adoptar la agrupación.
Aunque se esperaba que la bancada de izquierda evaluara una medida más severa e inmediata contra el diputado, al cierre de esta nota no se conocía ninguna decisión adicional a la ya anunciada.
Con ello, la agrupación dejó en manos de la Comisión de Disciplina y Ética la definición del caso.
Mientras tanto, en el Congreso ya se evalúa abordar el tema una vez que se instale la Comisión de Ética Parlamentaria, donde, según fuentes consultadas, se plantearía una eventual sanción de 120 días de suspensión contra el legislador.
Desde la bancada de Fuerza Popular, Miguel Torres, presidente del Congreso, señaló que al interior del Parlamento se viene avanzando con la conformación de las comisiones y, en paralelo, rechazó y condenó los hechos de violencia denunciados.
“Este es un tema en el cual todos debemos cerrar filas político, periodistas, la sociedad civil en general y pedir que se proceda con todo el rigor de la ley”, agregó.
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A su turno, Diego Bazán, de Renovación Popular, consideró que existen elementos suficientes, como el testimonio de la propia víctima, que apuntarían a una responsabilidad del parlamentario. Esto, según indicó, “conllevaría a la sanción máxima que sería la suspensión de 120 días” del diputado.
Luego hizo referencia al caso de la senadora Silvana Robles, integrante de la misma agrupación, quien durante la elección de las presidencias de las cámaras del Senado y Diputados fue cuestionada por distintos grupos parlamentarios, que la calificaron de traidora.
“Por el mismo hecho de ser mujer además la han maltratado como han querido a Silvana Robles. […] Creo que debe ser un trato igualitario”, añadió.
—Procedimiento sancionador en contra del diputado—
De acuerdo con el artículo 14 del estatuto y el Reglamento de Ética y Disciplina de Juntos por el Perú, el procedimiento contra el diputado Julián Pérez Mallqui podría extenderse hasta fines de setiembre, considerando los plazos establecidos por la propia organización política.
Una vez presentada la denuncia, el presidente de la Comisión de Disciplina y Ética —integrada por tres miembros— deberá remitir un informe de precalificación en un plazo no mayor de tres días a los integrantes del grupo de trabajo.
Posteriormente, en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción de la denuncia, la comisión deberá decidir el inicio del procedimiento disciplinario.
A partir de ese momento, ambas partes serán notificadas y tendrán un plazo de 10 días para presentar sus descargos. Este periodo puede ser prorrogado por cinco días adicionales. Es decir, en el mejor de los escenarios, Pérez Mallqui y la víctima podrían presentar sus respuestas recién el 1 de setiembre.
Luego, la comisión deberá convocar a las audiencias correspondientes. Tras ello, en un plazo de 15 días hábiles desde la última audiencia, el grupo de trabajo de JP emitirá su decisión. En el escenario más favorable, la resolución llegaría el 23 de setiembre o hacia finales de ese mes.
Sin embargo, el parlamentario tendrá la posibilidad de apelar la decisión en un plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación.
Entre las sanciones previstas en el artículo 23 del reglamento figuran la amonestación escrita y formal para faltas leves; la suspensión temporal de los derechos del afiliado y, finalmente, la expulsión definitiva del partido.
No obstante, Pérez Mallqui figura como no afiliado a Juntos por el Perú en el Registro de Organizaciones Políticas ni en la plataforma Infogob, por lo que el diputado ingresó a la bancada en condición de invitado.
—¿Qué implicancias tiene la suspensión de Pérez Mallqui—
Más allá de la condición de afiliado o invitado dentro de Juntos por el Perú, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco señaló que cualquier sanción o procedimiento contra un integrante de una bancada parlamentaria tendría consecuencias similares a las aplicadas a un militante, debido a que el legislador llegó al Parlamento como representante de esa agrupación política.
“Los grupos parlamentarios se conforman sobre la base de los que ingresan por el partido”, agregó.
Consultado por El Comercio, Cevasco explicó que una eventual suspensión temporal de Pérez Mallqui estaría vinculada con la restricción de sus derechos políticos dentro de la bancada, como su participación en las sesiones del grupo parlamentario o la posibilidad de suscribir determinados proyectos de ley durante el ejercicio de sus funciones en la Cámara de Diputados.
“Pero la pregunta es si está suspendido en sus derechos en la bancada, ¿será considerado como integrante de alguna Comisión? Por eso el proceso disciplinario debe acabarse antes de la aprobación del Cuadro de Comisiones. Entonces: si lo consideran en el cuadro de Comisiones sin que culmine el proceso, no estaría suspendido en sus derechos”, añadió.
