Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), calificó de “desastre” la política de salud y educación de los últimos años y sostuvo que la calidad de estos servicios no correspondía al PBI per cápita alcanzado por el país.
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Velarde también planteó la necesidad de mejorar la salud, la educación y el servicio civil, al que calificó como “sumamente pobre”. Añadió que el país requería una burocracia profesional para gestionar adecuadamente la educación, la salud y la infraestructura.
“Sin un buen servicio civil es imposible tener una sociedad próspera, incluso un sector privado próspero”, señaló. Asimismo, afirmó que el servicio público del país se había deteriorado y planteó aplicar un verdadero proceso meritocrático tanto en las inversiones como en la contratación de personal.
Velarde también destacó el crecimiento del empleo formal privado, que avanzó 6,1% en julio y 5,6% durante los primeros siete meses del año. Sostuvo que, si ese ritmo se mantuviera, el país cambiaría en diez años, aunque aclaró que no esperaba que ocurriera porque se trataba de tasas muy altas.
Julio Velarde, presidente del BCR aclaró la función del Banco Central de Reserva y el objetivo que tiene: estabilidad de precios.
/ JOEL ALONZO
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Durante el debate, el senador Saúl Armacán Morales planteó evaluar una reforma de la normativa del BCR para que la entidad incorporara el empleo entre sus objetivos, además de preservar la estabilidad monetaria.
Velarde respondió que la estabilidad de precios era el objetivo central de la mayoría de los bancos centrales y señaló que Chile, mencionado durante la intervención parlamentaria, tampoco tenía un mandato específico sobre el empleo.
También descartó la posibilidad de aplicar políticas monetarias diferenciadas entre regiones. Explicó que el Perú tenía una sola moneda y que los precios se movían en una dirección similar en las distintas zonas del país. “No hay una política monetaria regional. Hay una política monetaria única”, sostuvo.
Finalmente, defendió la autonomía del BCR al señalar que permitía separar las decisiones monetarias del ciclo político y evitar que los objetivos de corto plazo comprometieran la estabilidad económica de largo plazo.