Un nuevo expresidente se sentará en el banquillo de los acusados. El Poder Judicial (PJ) iniciará el lunes 28 de octubre el juicio contra Martín Vizcarra, acusado de recibir S/ 2.3 millones sobornos de empresas constructoras. Por estos pagos, que estarían ligados a su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014), se piden 15 años de condena.
El juicio estará a cargo del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CNSJPE). El tribunal, que es presidido por la jueza Fernanda Ayasta, programó la audiencia de instalación para ese día, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
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La sesión será presencial. Ello implica que Martín Vizcarra deberá acudir en persona ante el tribunal para la instalación del juicio. De lo contrario, sería declarado reo contumaz y se ordenaría su detención para que acuda ante el juzgado.
Para la audiencia también fueron citados el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, como representante del Ministerio Público; y Silvana Carrión, como procuradora ad hoc del Caso Lava Jato.
Dentro de este proceso, el único acusado es Martín Vizcarra. Sin embargo, también están incluídas como terceros civiles responsables las empresas implicadas en el presunto pago de sobornos (Incot, Astaldi, Obrainsa e ICCGSA). Ello significa que si el expresidente es condenado, a ellas también se les podrá cobrar una reparación civil.
Según el auto de citación a juicio, también serán citados un total de 27 testigos: 19 de la fiscalía y ocho de la defensa de Martín Vizcarra. Entre ellos destacan José Manuel Hernández, exministro y colaborador eficaz con sentencia por este caso; el exministro Edmer Trujillo, el empresario Elard Paul Tejeda, y Karem Roca, exsecretaria del acusado.
Adicionalmente, habrá tres “testigos técnicos” y seis peritos ofrecidos por el Ministerio Público y la procuraduría, así como dos peritos presentados por la defensa del expresidente. Todos ellos serán citados progresivamente a medida que avance el juicio.
El fiscal Juárez acusa a Martín Vizcarra por el delito de cohecho (sobornos) y solicita que se le impongan 15 años de condena y 9 de inhabilitación. En tanto , según el auto de enjuiciamiento emitido por el Poder Judicial, la procuraduría solicita unos S/ 4.2 millones como reparación civil por el delito de cohecho.
El caso de los presuntos sobornos
La tesis de la acusación es que el expresidente, cuando era gobernador regional, recibió pagos de S/ 1 millón para que el consorcio liderado por Obrainsa se haga con la obra del proyecto Lomas de Ilo; así como pagos de S/ 1.3 millón para que el consorcio liderado por ICCGSA se haga con el proyecto Hospital de Moquegua.
Dentro del proceso judicial y en múltiples declaraciones a la prensa, Martín Vizcarra y su defensa han negado la acusación del Ministerio Público.
Esta investigación fiscal surgió en octubre del 2020. Fue a partir de la declaración al equipo especial Lava Jato de colaboradores eficaces del caso ‘Club de la Construcción’, que tenía a cargo el fiscal Germán Juárez Atoche y que implicaba a la constructora brasileña Odebrecht.
Es por ello que, a pesar de que no estar ligada directamente a Odebrecht y otras constructoras brasileñas, la investigación fue asumida por el equipo especial Lava Jato y la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato.
La investigación preliminar se hizo entre octubre del 2020 y marzo del 2021. Las revelaciones iniciales del caso fueron la justificación para el proceso de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra en noviembre del 2020.
En febrero del 2021, al formalizar la investigación, el fiscal Juárez solicitó prisión preventiva para Martín Vizcarra. Sin embargo, el Poder Judicial solo le impuso libertad con restricciones, como las de no salir de Lima sin permiso judicial. Esas restricciones siguen vigentes hasta hoy.
La investigación preparatoria de este caso se cerró en diciembre del 2022. Ese mismo mes, la fiscalía presentó su acusación contra el expresidente.
El Poder Judicial recién inició el control de acusación, la fase donde se decide si un caso va a juicio, en octubre del 2023. No obstante, una vez iniciada, esa fase avanzó rápido. Así, en mayo de este año, un juzgado de la CSNJPE emitió el auto de enjuiciamiento y ordenó que el proceso pase a su etapa final: el juicio oral.
En medio del control de acusación, la jueza a cargo de esa etapa consideró que Martín Vizcarra también debía ser acusado por el delito de colusión en relación a estos hechos. Esto luego de que la fiscalía, inicialmente, pidiera que se archive ese extremo del caso.
Al revisar los hechos, la fiscalía superior del equipo especial Lava Jato dispuso que el expresidente también sea acusado por ese delito. Por ello, en abril de este año, Juárez presentó la acusación complementaria por colusión, con la que el pedido total de pena por este caso subiría a 25 años.
Sin embargo, esa acusación todavía debe pasar por la etapa de control de acusación para poder ser vista en juicio. Fuentes de El Comercio comentaron que por ahora, la acusación por cohecho y la acusación por colusión se están tramitando por separado.
Las fuentes añadieron que si el control de acusación por colusión culmina antes del inicio del juicio programado para el 28 de octubre, ambas podrían juntarse. De esa forma, Martín Vizcarra se enfrentaría en el mismo juicio a una posible condena de 25 años de prisión por cohecho y colusión.
Posturas
El vocero de Martín Vizcarra, Alejandro Salas, dijo que la expectativa de su defensa es “desbaratar en juicio todas las imputaciones del Ministerio Público”.
“Por parte del presidente hay tranquilidad y confianza en una justicia objetiva. Él está absolutamente convencido de su inocencia y eso se demuestra desbaratando los medios probatorios”.
Este viernes se conoció que el abogado Fernando Ugaz, quien defendió a Martín Vizcarra durante todo este proceso, renunció a su patrocinio. El vocero vizcarrista confirmó esa información y aseguró que fue una salida “en los mejores términos”.
En tanto, el fiscal Germán Juárez dijo que en este caso “hay abundante prueba, hay colaboradores eficaces, que ya han señalado cómo le entregaron el dinero”.
Salas indicó que el nuevo abogado de Martín Vizcarra en este y otros procesos judiciales es Erwin Siccha. Se trata de un abogado que trabajó previamente en el estudio de Ugaz y que previamente representó a la exministra Betssy Chávez.
“También hay pruebas documentales que acreditan la salida de ese dinero que llegó a las manos de Martín Vizcarra (…) Vamos tranquilos y con la convicción de que también se va a obtener una sentencia condenatoria ”, declaró a radio Exitosa.
En declaraciones a este Diario, el abogado penalista Andy Carrión comentó que este “es uno de los más sólidos” seguidos contra el expresidente. “Hay testigos, hay una ruta de trazabilidad de cómo le habrían dado el dinero (…) Hay que ver el estándar que va a construir el colegiado”, dijo.
Carrión estimó que al tratarse de un solo acusado y de un proceso de menor complejidad que otros ligados a Lava Jato, el juicio será más corto y se podría llegar más rápido a una sentencia, posiblemente en el 2025. “Va a tener una celeridad que no se ha visto en los otros casos”, dijo.
