El expresidente venezolano Nicolás Maduro volvió a presentarse este jueves 26 de marzo ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en la segunda audiencia del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas. La diligencia marca un nuevo capítulo en un caso que ha captado la atención internacional y que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más significativos contra un exjefe de Estado latinoamericano.
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Asimismo, en los exteriores del tribunal se congregaron diversos grupos de personas, en su mayoría venezolanos, que expresaron su respaldo al proceso judicial contra el exmandatario y su esposa, mientras portaban pancartas y consignas relacionadas con la situación política en Venezuela.
Esta comparecencia constituye la segunda audiencia formal del proceso penal contra la pareja. En la primera sesión judicial, realizada pocos días después de su captura, Maduro se declaró “no culpable” y afirmó ser un “prisionero de guerra”, en referencia a la forma en que fue detenido por fuerzas estadounidenses.
La fiscalía federal acusa al exmandatario de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. Según la acusación, Maduro habría participado durante años en una red criminal que facilitaba el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Maduro desciende esposado del avión militar tras aterrizar en Nueva York. (EFE)
/ Rastreo de Redes
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Flores enfrenta cargos similares relacionados con conspiración para importar cocaína y posesión de armas vinculadas a la presunta estructura criminal.
De acuerdo con los fiscales, las actividades ilícitas habrían formado parte de una organización que durante años utilizó las estructuras del Estado venezolano para facilitar el tráfico internacional de estupefacientes.
Durante la audiencia, el equipo legal del exmandatario intentó que el juez desestime el proceso judicial por razones procesales. El principal argumento se centra en el financiamiento de la defensa.
El equipo legal sostiene que las sanciones estadounidenses impiden utilizar fondos venezolanos para pagar sus honorarios. Según la defensa, esa restricción vulneraría el derecho constitucional del acusado a elegir libremente a su representación legal.
Barry Pollack encabeza el equipo de abogados defensores de Nicolás Maduro
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El abogado Barry Pollack presentó documentos ante el tribunal señalando que la obligación de obtener una licencia del gobierno estadounidense para recibir pagos constituye una interferencia indebida en el derecho a una defensa adecuada. Sin embargo, el juez Hellerstein rechazó los argumentos de la defensa y permitió que el proceso continúe.
De acuerdo con el analista internacional William Santana, si la defensa legal de Maduro no puede financiarse con recursos del Estado venezolano, el exmandatario tendría que recurrir a abogados de oficio dentro del sistema judicial estadounidense.
Por su parte, el internacionalista Víctor Rodríguez señaló que el costo de una defensa privada en un proceso penal federal de esta magnitud podría alcanzar cifras millonarias. “Se estima que la estrategia legal en un caso de esta complejidad podría bordear los US$50 millones, una suma que difícilmente podría asumir el acusado sin el respaldo de un benefactor”, sostuvo.
Otro de los puntos abordados durante la audiencia fue la solicitud de la fiscalía para restringir el acceso a ciertas evidencias del caso.
Los fiscales argumentaron ante el tribunal que existe un “riesgo real de violencia” si la información del proceso se comparte con coacusados que permanecen prófugos, entre ellos el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez (i), y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, este jueves en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R.
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Según la acusación, el entorno político del exmandatario podría utilizar esa información para identificar testigos o ejercer presiones contra sus familiares en Venezuela.
El tribunal evalúa establecer mecanismos especiales para proteger la identidad de algunos testigos y limitar la circulación de ciertos documentos dentro del proceso judicial.
El proceso judicial también ha sido comentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que las acusaciones actuales podrían ampliarse en el futuro.
Según reportó la agencia AFP, Trump señaló que hay más cargos de los que actualmente se le acusa. “Ha sido acusado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Habrá más cargos en el futuro”.
