La reforma fue aprobada el miércoles por el Senado con 86 votos a favor, incluido el respaldo clave de un opositor, y 41 en contra.
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El viernes, el Congreso de México declaró constitucional la reforma tras lograr el apoyo de 23 de un total de 32 congresos estatales (necesitaba 17).
Y el domingo, el presidente AMLO la firmó. “Hoy, en este día histórico (que coincide con la celebración de la Independencia), firmé el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial”, dijo el mandatario izquierdista en un mensaje divulgado en sus redes sociales. Estaba acompañado acompañado por la presidenta electa, su copartidaria Claudia Sheinbaum.
La elección por voto popular de todos los jueces, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, el equivalente al Tribunal Constitucional en el Perú), limpiará de corrupción al Poder Judicial y dará “ejemplo” al mundo, según AMLO.
Pero la oposición, las ONG y Estados Unidos han manifestado que la reforma socava la independencia de la justicia y deja a los jueces a merced del narcotráfico, que ya incide en la política.
AMLO entregará el poder
a su compañera de partido Claudia Sheinbaum este 1 de octubre, tras haber gobernado México durante seis años.
Los puntos clave de la reforma judicial
La parte más controvertida de la reforma judicial es la elección por votación popular de integrantes de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.
Así, unos 7.000 jueces y magistrados, incluidos 1.600 federales, serán elegidos en comicios que se llevarán a cabo en los años 2025 y 2027. Los candidatos serán propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Hasta ahora, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) era el encargado de nombrar a jueces y magistrados tras exámenes y concursos de méritos. Mientras que los miembros de la Suprema Corte eran propuestos por el presidente y ratificados por el Senado.
Como recuerda la agencia AFP, el caso más parecido al mexicano es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular. Sin embargo, un consejo de la judicatura designa allí a los jueces ordinarios.
La reforma judicial de México también estipula que los ministros de la Suprema Corte pasarán a ser 9 y ya no 11 como hasta ahora. Estos se mantendrán en el cargo por 12 años, tres menos que en la actualidad.
No tendrán pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Suprema Corte no podrá superar a la del presidente del país.
Para integrar la Suprema Corte será necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.
En cuanto al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, este sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal, órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial.
Este Tribunal de Disciplina Judicial recibirá denuncias de cualquier persona o autoridad, e investigará a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.
Tendrá cinco integrantes, de los que el presidente nombrará uno, el Senado otro y el resto la Suprema Corte.
La reforma judicial también incorpora la figura de los “jueces sin rostro” para atender casos de narcotráfico y violencia de alto impacto de forma anónima, con el objetivo de preservar su seguridad e independencia frente a extorsiones y amenazas, según la norma.
Sobre este punto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se manifestó en contra al considerar que impide conocer la idoneidad y competencia de los juzgadores.
La agencia AFP recordó que a finales de los años 1980 Colombia implementó la figura de los jueces sin rostro para enfrentar una escalada terrorista del narcotráfico. También fue usada en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori para enfrentar al grupo terrorista Sendero Luminoso.
En la actualidad, en El Salvador, bajo el régimen de estado de excepción implementado por el gobierno de Nayib Bukele, se ha permitido a las autoridades detener sin orden judicial a miles de supuestos pandilleros que luego son presentados a jueces sin rostro.
“El partido de Gobierno tomará al único poder independiente”
El periodista mexicano Ignacio Rodríguez Reyna le dijo a El Comercio que como punto de partida, se debe reconocer que el Poder Judicial de México tiene muchísimas fallas relacionadas con la corrupción y otros vicios, “pero no es el único factor en un terrible sistema de injusticia que existe en el país… se tendría que sumar a las fiscalías, que teóricamente son independientes, pero en la realidad dependen del Ejecutivo y son una verdadera cloaca”.
“El sistema de justicia es el que requiere de una profunda reforma”, manifestó Rodríguez Reyna, quien cuestionó la norma impulsada por el presidente AMLO.
“La verdad es que es un enorme retroceso de México, porque lo que se ha hecho es que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que están en manos del mismo partido Morena, tomen al único poder independiente. En realidad, se ha acabado con el equilibrio de poderes que se supone existe en las democracias modernas”, indicó el periodista.
“Vamos a ver a un Poder Judicial que va a ser incapaz de decir algo en contra del Ejecutivo, vamos a ver a un Poder Judicial que va a plegarse a la voluntad política tanto de legisladores como de gobernantes de turno, vamos a ver a un Poder Judicial que sólo va a existir en el papel. Entonces, sí me parece un profundo retroceso democrático, es una pérdida en los avances de contrapeso del poder, va a dar pie a gobiernos casi omnipotentes en todos los sentidos, y a figuras que, como hemos visto en varios países de Latinoamérica, concentran todo el poder”, vaticinó.
“Es un episodio muy triste y doloroso, no sólo para México, sino en general para aquellos países latinoamericanos que hemos tratado justamente de tener democracias más o menos funcionales, con equilibrio de poderes y controles”, siguió.
Rodríguez Reyna explicó que en el futuro no habrá jueces independientes en México, sino que estos estarán alineados ideológica y políticamente al poder de turno.
“La norma prevé que una tercera parte de candidatos serán propuestos por el Poder Legislativo, que ahora está controlando por Morena. Otro tercio va a ser propuesto por el Poder Ejecutivo, que sigue en manos de Morena. Y el otro tercio va a ser propuesto por el Poder Judicial, que poco a poco va a ir siendo copado por los mismos candidatos impulsados por Morena. Entonces, de entrada ya hay un 66% de gente propuesta que tiene una clara afiliación política, ideológica y partidaria”, sostuvo.
En cuanto a los jueces sin rostro, Rodríguez Reyna recordó que ya hay jurisprudencia y estudios que señalan que en los países donde se usó esa figura los resultados fueron atroces. “Se cometieron muchas arbitrariedades y se dictaron sentencias sin fundamento y no había responsables”.
“Me parece una medida desesperada. En realidad se debería ir a una revisión de la política contra las drogas y el combate al crimen organizado. Si, como dicen los abogados, esto va a representar una cierta mejora para garantizar la seguridad de los jueces, creo que va a haber un margen muy grande para los abusos de poder y estas sentencias oscuras pueden dar lugar a violaciones a los derechos humanos. Además, esto no va a cambiar nada el combate al crimen organizado, pues en este punto se requiere de políticas mucho más profundas, como el ataque fundamentalmente al lavado de dinero, que es el motor que impulsa toda la actividad ilícita”, precisó.
“Lo único que hemos visto ahora es el empoderamiento brutal de los cárteles que incluso llega a zonas donde antes no había una actividad criminal significativa, pero que hoy son escenario de la violencia desbordada”, anotó Rodríguez Reyna.
Francisco Valdés Ugalde, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que México puede llegar a colocarse al margen de las normas internacionales que ha asumido a través de tratados firmados.
“Entre la reforma a la ley de amparo y la reforma al sistema judicial, lo que se está poniendo en riesgo y tarde o temprano va a tener que ser cuestionado por el partido gobernante, es el respeto a los derechos humanos, porque una de las cosas que se está cuestionando aquí implícitamente, aunque no lo han dicho, es que México puede llegar a colocarse al margen de las normas internacionales que el propio país ha firmado a través de los tratados y convenciones en materia de derechos humanos. Ya en el proceso de publicidad de la reforma judicial, muchas asociaciones e instituciones han manifestado su preocupación porque esto ocurra en México porque será una vulneración de los derechos humanos muy significativa”, manifestó el académico en entrevista con el canal de Poder Judicial de México.
Juan Poom Medina, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en ciencia política, manifestó a El Comercio que apoya la reforma de AMLO. Argumentó que de acuerdo con estudios elaborados por expertos mexicanos, incluyendo a ministros de la propia Suprema Corte, la justicia en México es clasista y tiene un sesgo institucional e ideológico que favorece a las clases más altas y desampara a los más desprotegidos.
“Como es una propuesta innovadora que rompe con una tradición de siglos en cuanto a la forma en que se eligen jueces y magistrados, una tradición que generó demasiada corrupción y redes familiares dentro de ese poder, no se sabe qué puede pasar o qué impacto tendrá”, indicó Poom.
El jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en un comunicado su “grave preocupación” por el impacto de la norma en la independencia judicial y el Estado de derecho en México.
“La Comisión ha recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho”, dijo la CIDH.
