Los candidatos Juan Sheput (País para Todos), que postula al Senado con el número 4; y Alejandro Salas (Perú Primero), que también para el Senado con el número 3 debatieron en ’Versus’ de El Comercio. Ambos postulantes expusieron sus propuestas de campaña y empezaron cada uno defendiendo a sus candidatos presidenciales.
Sheput defendió la decisión de respaldar a Carlos Álvarez, a quien destacó por «sus atributos personales y políticos, como la empatía con la ciudadanía y su temperamento». Señaló que, durante la campaña, Álvarez fue uno de los pocos candidatos que colocó la seguridad ciudadana como el principal problema del país.
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En respuesta, Salas cuestionó duramente la candidatura de Álvarez, afirmando que «no registra estudios superiores conocidos» y que su agrupación política enfrenta serios cuestionamientos. Indicó que el presidente de ese partido mantiene una investigación fiscal de más de diez años por presunta colusión, vinculada a un supuesto desfalco al Estado por S/ 27 mil millones en el denominado caso Consorcio Huaraz. Además, recordó que Álvarez tuvo vínculos con Vladimiro Montesinos y sostuvo que es lamentable que no haya consignado su proceso en su hoja de vida.
Sheput replicó señalando que las propias afirmaciones de Salas evidencian, a su juicio, que Mario Vizcarra no debería continuar en carrera electoral. “Salas nos ha dado todos los argumentos para que Mario Viscarra no continúe en campaña, el que ha estado condenado es Mario Vizcarra, es indebida su postulación”.
Ante ello, Salas respondió que Mario Vizcarra sí declaró dicha sanción penal en su hoja de vida, a diferencia de lo que no ha ocurrido en el caso de Carlos Álvarez.
Finalmente, Sheput marcó una diferencia entre ambos casos al señalar que Carlos Álvarez no fue funcionario público, mientras que Mario Vizcarra sí ejerció funciones estatales.
Gobernabilidad y Corrupción
Salas anunció que su partido ha implementado una política interna para combatir la corrupción. “Los militantes que ocupan cargos públicos y transgreden la normatividad serán procesados internamente y expulsados, y se pedirá justicia”. Esta medida busca promover la ética y la transparencia en el partido.
Por su parte, Sheput propuso que los candidatos que postulen a cargos públicos firmen un compromiso de integridad para con el país. También criticó el fallo del Tribunal Constitucional que impide investigar a los presidentes en ejercicio, lo que ha permitido que personas como el presidente José Jerí continúen en el cargo a pesar de ser acusados de corrupción.
Sobre la delincuencia
Ambos candidatos coincidieron en que si llegaran al Senado, se pondrían de acuerdo con sus partidos para que se impulsen iniciativas legislativas para que se deroguen las denominadas leyes pro crimen. “Acá hay que convencer a la población que estas leyes con impulsadas por intereses propios. En el tema de la extinción de dominio el Perú era un referente porque tenía una de las mejores leyes y la derogaron porque podía perjudicar a algunos”, indicó Sheput.
Formalización laboral
En materia de formalización laboral, ambos candidatos coincidieron en la necesidad de una reforma, aunque plantearon enfoques distintos.
Alejandro Salas sostuvo que el país enfrenta una legislación laboral dispersa, lo que perjudica a los trabajadores.
Por ejemplo, aquellos que recurren al sistema judicial para denunciar la desnaturalización de sus contratos, tienen que esperar varios años para conseguir justicia. Señaló, además, que el concepto de formalidad suele generar temor en el sector empresarial, por lo que consideró necesario encontrar un equilibrio entre el libre mercado y la protección de los derechos laborales, evitando escenarios de precarización.
Salas defendió la existencia de la tercerización, pero advirtió que esta no debe aplicarse bajo esquemas abusivos.
“Que la tercerización exista pero no dentro de un marco abusivo, necesitamos que el Estado se acerque a la clase trabajadora con un paquete legislativo y también a la clase empresarial y que el Consejo Nacional de Trabajo funcione con sinceridad y se establezcan normas que las partes entiendan el beneficio con la formalización”, dijo.
Por su parte, Juan Sheput coincidió en la necesidad de abordar el problema, pero sostuvo que la situación es mucho más compleja de lo que se suele plantear. Cuestionó el rol del Ministerio de Trabajo, al que describió como una cartera que ha perdido protagonismo en el debate económico a la designación de funcionarios sin el perfil adecuado. Añadió que, en temas como la tercerización, la conducción política la ejerce el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que la figura del ministro de Trabajo resulta prácticamente invisible, prácticamente un desconocido.
