El Tribunal Constitucional (TC) deberá pronunciarse en última instancia sobre el habeas corpus presentado por Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia y exministro del Interior, quien busca que se ordene al Ministerio Público cesar las diligencias que —según su defensa— podrían derivar en una medida restrictiva de su libertad.
La Segunda Sala Constitucional de Lima resolvió, el pasado 4 de septiembre, conceder el recurso de agravio constitucional interpuesto por Santiváñez contra la resolución del 13 de agosto que había confirmado el rechazo inicial de su demanda por parte de la jueza Delia Tello.
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El habeas corpus fue presentado contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y otros fiscales del Ministerio Público. La defensa de Santiváñez alegó una presunta vulneración de su derecho a la libertad personal y al debido proceso penal, en el marco de una investigación que le atribuye el delito de tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.
El recurso busca anular actuaciones fiscales comprendidas en una carpeta abierta en la Fiscalía de la Nación, en la cual se investigan presuntos actos de favorecimiento indebido.
Decisiones judiciales previas
El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima ya había rechazado la demanda de Santiváñez el pasado 2 de julio. La jueza Guillermina Tello señaló entonces que la fiscal de la Nación actuó “en el ejercicio legal de sus funciones” al solicitar un allanamiento a la vivienda del ministro en marzo de 2025.
El Poder Judicial precisó además que las observaciones a diligencias específicas —como el allanamiento— deben canalizarse mediante recursos impugnatorios propios del proceso penal, y no a través de un hábeas corpus.
Santiváñez sostiene que las acciones del Ministerio Público responden a motivaciones arbitrarias y asegura ser víctima de una persecución política y mediática. Su defensa acusa a la fiscal Espinoza de actuar sin objetividad ni imparcialidad, citando como prueba filtraciones en medios sobre una eventual solicitud de detención en su contra.
La resolución que emita el TC podría determinar la situación legal del ministro, quien enfrenta cuestionamientos políticos y judiciales a la par de su permanencia en el Gabinete de Dina Boluarte.
