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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundado un pedido del exministro del Interior Juan José Santiváñez para concluir la investigación que afronta por el presunto abuso de autoridad.
La defensa de Santiváñez Antúnez había presentado un recurso de control de plazo, mientras que la fiscalía solicitó reposición de plazo por 169 días, a fin de analizar la grabación del capitán PNP Junior Izquierdo.
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En su resolución, el juzgado fijó en 90 días el plazo para que se realice la diligencia de levantamiento del secreto de las comunicaciones, previa autorización judicial de control de comunicaciones en documentos privado.
La finalidad es el análisis digital forense y las pericias fonético-acústicas de homologación de voz en el dispositivo” entregado por el denominado ‘Agente Culebra’.
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La supuesta conversación entre el capitán PNP Junior Izquierdo y su antes amigo, Juan José Santiváñez, se dio el pasado 21 de mayo del 2024 en un chifa de San Borja.
En este diálogo Santiváñez habría mencionado, entre otros temas, que la PNP protegía al prófugo Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, y también acciones solicitadas contra la hoy desmantelada Diviac.
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Cabe indicar que el pasado 31 de mayo, el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del “dispositivo de grabación” que implica a Juan José Santiváñez, actual funcionario de confianza de la presidenta Dina Boluarte.
Santiváñez Antúnez afronta 18 meses de impedimento de salida del país en otra investigación por presuntas injerencias ilegales ante el Tribunal Constitucional (TC).
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En este caso, el exministro es investigado por presunto tráfico de influencia agravado porque, supuestamente, habría intervenido en su calidad de abogado y luego como ministro del Interior para lograr la excarcelación de Miguel Joel Marcelo Salirrosas, expolicía a quien le brindó asesoría para anular su condena ante el TC.
Según el testimonio de un colaborador eficaz, cuando era abogado de Salirrosas, el actual jefe de una oficina del Despacho Presidencial de Dina Boluarte pidió pagos de sus honorarios y adicionalmente unos US$ 20 mil para “asesores externos” que lograrían los votos en el tribunal.
