Sábado, Mayo 4

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó este lunes 29 recomendar la suspensión del congresista Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) por 120 días de legislatura, por las frases misóginas que pronunció en diciembre último.

La comisión concluyó que Lizarzaburu “vulneró la ética parlamentaria por sus expresiones sexistas” contra la congresista Patricia Juárez, su colega de bancada. Por ello, infringió los artículos 2, 4 y 6 del Código de Ética Parlamentario, sobre los deberes de conducta de los legisladores.

La decisión se tomó con 13 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. El voto en contra fue de Héctor Valer (Somos Perú), quien intentó blindar a Lizarzaburu.

La falta ética ocurrió durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso el pasado 13 de diciembre. Aquella vez, el legislador dejó su micrófono abierto y se le escuchó referirse de manera ofensiva contra congresistas mujeres y directamente contra Juárez.

La comisión que preside el legislador Diego Bazán (Avanza País) también determinó que, tras sus comentarios misóginos, Lizarzarburu “trató de normalizar y trivializar” esas expresiones.

Además, concluyó: “Se ha acreditado que ha faltado a la verdad al pretender justificar su accionar señalando que había conversado con la congresista agraviada y que todo estaba ‘perfecto’”.

Por último, señaló que Lizarzaburu dañó la imagen del Congreso y generó el rechazo de instituciones públicas y privadas y de la ciudadanía.

En tanto, Lizarzaburu acusó una presunta “doble moral” en decisiones parlamentarias y señaló que una suspensión de 120 días no sería “razonable”.

El pleno del Congreso deberá debatir y votar el informe de Ética que recomienda la suspensión.

Intento de blindaje

El congresista Héctor Valer buscó una sanción menor para Lizarzaburu con el argumento de que sus expresiones misóginas las realizó “como parte de una conversación privada”.

Valer planteó que el legislador sea suspendido solo por 30 días y reciba una multa económica equivalente a 30 días de remuneración. Para ello solicitó una cuestión previa.

No obstante, la legisladora Susel Paredes señaló que en casos de violencia contra la mujer, no se hace distinción si ocurrió en el ámbito privado o en el público.

La cuestión previa fue rechazada con 10 votos en contra, tres en abstención y uno a favor. Este último fue del propio Valer.

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