A menos de un mes de haberse iniciado la gestión de Keiko Fujimori, el Gabinete Ministerial, liderado por el primer ministro Luis Galarreta, enfrenta su dos primeras mociones de interpelación y una tercera se encuentra en fase de elaboración por el partido Juntos por el Perú (JP).
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Según datos del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, esta cifra de tres mociones presentadas en el primer mes de gestión es la más alta en los últimos 15 años.
Por ejemplo, en el primer mes de gestión del gobierno de Pedro Castillo, entre el 28 de julio y el 1 de setiembre del 2021, solo se registró la presentación de una moción de interpelación. Esta fue formulada contra el entonces ministro Iber Maraví (Trabajo) por sus vínculos con el Conare-Sutep, organización sindical vinculada al Movadef, organismo de fachada del movimiento terrorista Sendero Luminoso.
Durante el primer mes de gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), entre el 28 de julio y el 1 de setiembre del 2016, no se registró ninguna moción. La primera fue presentada recién el 23 de noviembre de ese año. Esta fue formulada contra el entonces ministro Jaime Saavedra (Educación) por la presunta compra dirigida de computadoras para sectores de educación, la demora en la organización de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, entre otras razones.
La moción se dio cuenta el 24 de noviembre del 2016 y fue admitida a debate el 1 de diciembre de ese año. Finalmente, Saavedra terminó acudiendo al Parlamento el 7 de diciembre y luego fue censurado con votos de la entonces mayoría fujimorista.
El 30 de setiembre del 2011, durante el primer mes de gestión del exjefe de Estado Ollanta Humala, se formuló una moción de interpelación contra la entonces ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Aída García-Naranjo.
El asunto fue la muerte de tres niños en el caserío de Redondo, distrito de Cachachi, región Cajamarca, luego de haber ingerido alimentos proporcionados por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria — PRONAA.
La titular de la cartera terminó acudiendo al Congreso el 6 de octubre del 2011.

Aida García-Naranjo, candidata al Senado Nacional por Venceremos. Foto: GEC.
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
—Pliego de preguntas de nuevas interpelaciones—
Ahora las interpelaciones se centran en las figuras del nuevo gabinete. En el pliego de preguntas de la moción de interpelación contra el titular del Ministerio de Defensa, la bancada de Juntos por el Perú le pregunta por las medidas para evitar afectaciones a los derechos de los pequeños mineros y el proceso de formalización minera.
También se le consulta sobre su estrategia de seguridad en Pataz, la protección de los derechos fundamentales durante las operaciones militares.
“¿Cómo diferencia el Ministro de Defensa a los mineros artesanales en proceso de formalización de minería ilegal y las organizaciones criminales?» se lee en una de las preguntas.
Otra plantea: “¿Qué coordinación mantiene con el Ministerio de Energía y Minas respecto del Reinfo y del proceso de formalización minera?“.
Además de ello, el pliego contiene preguntas sobre Evangelina Arias de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa. Asimismo, pone en especial énfasis en una agenda a favor de la minería informal.
Juntos por el Perú también presentó una moción de interpelación contra el titular de Energía y Minas.
En el documento, al que accedió este Diario, se conoció que el pliego interpelatorio de 57 de preguntas está sujeto a 10 temas, entre los cuales se encuentran el incremento de los precios del combustible, las protestas y la conflictividad social, Petro-Perú y el abastecimiento nacional y la integración vertical y política energética.

El 8 de enero, cuando ProInversión hizo su anuncio sobre los 55 activos no estratégicos, utilizó esta foto: el edificio de San Isidro de Petroperú. Foto: ProInversión.
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
También destacan el fondo de estabilización y las medidas de compensación, sobre el abastecimiento y las regiones más afectadas, Osinergmin y la formación de precios, sobre la coordinación interinstitucional, la transición energética y el plan de contingencia.
Entre las preguntas destacan las siguientes: “Qué acciones específicas se está ejecutando el sector para evitar que el conflicto se extienda a Puno y a otras regiones?”.
“¿Cuál es actualmente la capacidad real de Petroperú para producir, importar, almacenar, transportar y comercializar diésel B5 y cuál es el porcentaje de utilización de cada una de dichas capacidades?”, se lee en otra pregunta.
En otra parte señala: “¿Qué medidas concretas viene adoptando el Minem para garantizar la continuidad operativa de Petroperú sin generar riesgos adicionales para las finanzas públicas?”.
—Posturas—
Sobre el caso, la diputada Flor Meza (Fuerza Popular) aseguró que estas acciones de control político “no se utilizan por utilizar”. Consideró que es prematuro formular alguna interpelación contra ministros de Estado cuando el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori lleva apenas menos de un mes.
“Es muy prematuro pensar en una interpelación. Es decir, primero que los ministros se presenten hasta las comisiones respectivas que cada diputado integra, y después hablar de una interpretación de cualquier proceso, recién llevamos casi 30 días de gobierno y estamos pidiendo resultados o digamos respuestas de incluso gestiones pasadas. Hay que ser conscientes”, aseguró en diálogo con este Diario.

`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
El diputado Luis Quispe Candia, del Partido del Buen Gobierno, calificó de “fuera de lugar” las mociones de interpelación anunciadas contra diversos ministros del gobierno de Keiko Fujimori.
Sostuvo que no es el momento para interpelar a ministros.
“El partido del Buen Gobierno es un partido conformado por personas, creo yo, serias, sensatas. Nos confesamos que somos de oposición, porque eso ha elegido la población, pero no somos irracionales, de ninguna manera. De modo que esas propuestas de algunos congresistas nos parecen, fuera de lugar. No es el momento de interpelar a los ministros, llegará el momento”, dijo en RPP.
Este Diario intentó comunicarse con el partido Juntos por el Perú pero al cierre de esta edición, no contestó a nuestras comunicaciones.
En ese sentido opinó Victor Piñán, del Partido Cívico Obras. En diálogo con El Comercio, consideró que la interpelación interpuesta al ministro de Defensa, Rafael Belaunde, es muy precipitada.
“No en todas estamos de acuerdo, sobre el ministro de Defensa, por ejemplo, creemos que es muy precipitado que estén presentando esa interpelación. Sobre el ministro del Interior todavía no hemos leído el argumento”, afirmó.
Análisis
César Ipenza, especialista en derecho ambiental, consideró que es “curioso” que en la moción de interpelación contra Rafael Belaunde Llosa haya intereses sobre el tema de la minería ilegal e informal.
“No han podido imponer o que se viera forzado algo sobre la minería ilegal al ministro Shinno, pero sí en este caso del ministro Rafael Belaunde”, aseguró en diálogo con este Diario.
El experto opinó que la Cámara de Diputados y en general en el Congreso se debe facilitar la gobernabilidad.
“Es importante la labor de la fiscalización que realizan, es parte de su rol pero en un mes de gobierno con estos temas no se resuelven, mas aún en un contexto de crisis energética mundial, y ojo con el trasfondo de estas medidas de pretender presionar al gobierno para que finalmente intereses distintos como por ejemplo la minería ilegal siga imponiéndose”, dijo.


