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Durante una entrevista con RPP, Gutiérrez —exlegislador humalista, exabogado del prófugo Vladimir Cerrón, exmilitante de Perú Libre y a cargo de la institución desde mayo de 2023 por decisión del Congreso— anunció que se viene trabajando en un informe “contundente, muy jurídico” sobre el tema. Dijo que se publicará este fin de semana; aunque al cierre de esta edición ello no ocurría.
El defensor del Pueblo cuestionó abiertamente que, con la decisión de cerrar el partido A.N.T.A.U.R.O. (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros) se esté perjudicando también al militante que tenía aspiraciones a postular al Parlamento o a otros cargos de elección popular.
Y es que, a su juicio, a pesar de evocar su nombre, los militantes no se unieron por el condenado etnocacerista, sino “por el ideario, por el programa, por lo que representa”. Y calificó el frenar esa posibilidad de participación como un “abuso del derecho” y hasta habló de una “instrumentalización de la justicia”.
“Entonces yo le voy a condenar a ese señor a que no postule… ¿Sabes qué se llama eso? Abuso de derecho. Y nosotros, como defensoría, estamos en contra de eso. Estamos en contra de todo tipo de abuso de derecho, instrumentalización de justicia, la exigencia para que uno haga lo que les da la gana a quienes creen que tienen el ejercicio del poder”, aseveró Gutiérrez.
Así, más que a la situación de Humala, quien figura como militante, aseguró referirse a las “decenas de miles de personas que se han inscrito en un partido con el sueño de participar activamente, a ser elegido y a elegir”.
“Y es un derecho constitucional que ni el Poder Judicial ni nadie puede proscribir, eso se llama abuso del derecho. Y lo digo en todas sus letras, abuso de derecho. Y, en un Estado democrático, eso debe estar proscrito. Pero hay gente que cree que está por encima de la ley. Que cree y que predica cosas que están fuera del razonamiento jurídico y el respeto a los derechos humanos”, arremetió.
La postura de Gutiérrez llega a más de veinte días de conocerse la decisión de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que dispuso la disolución de la agrupación y ordenó cerrar los locales partidarios, sin posibilidad de reinscribirse. La decisión se encuentra en apelación.
Esto al advertir que es el etnocacerista el que, en la práctica, ostenta la dirección del partido, a pesar de solo figurar como militante. Y que los dirigentes presenciaron su discurso contra derechos fundamentales —desde la ejecución de personas, la persecución a migrantes y personas LGBTI— y no expresaron disconformidad.
Puntos de vista
Para el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), esto explica por qué Gutiérrez no tramitó ninguna acción en contra del partido A.N.T.A.U.RO., pese a solicitársele el mismo día que al Ministerio Público, que finalmente sí operó.
Según el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, únicamente la fiscalía y la defensoría son los legitimados para gatillar el mecanismo ante la Corte Suprema, lo que ocurrió por primera vez con este caso.
Muñante consideró que Gutiérrez tiene un enfoque “errado”, pues por el contrario el abuso del derecho sería permitir que se destruya el sistema democrático bajo el pretexto de una participación política. Destacó que el defensor del Pueblo tiene la función, según la Constitución, de velar por el derecho de todos los peruanos, no de uno solo.
“Lo que ha hecho la Corte Suprema al declarar ilegal el partido A.N.T.A.U.R.O., sí, ha suprimido el derecho de esos militantes. Pero con un fin superior, que es salvaguardar el derecho de todo el resto de peruanos. Aquí el señor solamente está evaluando o fijándose desde una óptica, pero no está atendiendo realmente a su función constitucional que es salvaguardar el derecho de todos”, remarcó.
Para el congresista, se trata en realidad de “un acto político” por parte de Gutiérrez. Sin embargo, apuntó que “no tiene eficacia jurídica” el eventual informe que pudiera emitir en el proceso en curso.
Por su parte, el exministro del Interior Carlos Basombrío remarcó que “las democracias tienen que defenderse de los que abiertamente quieren destruirlas”.
“Un partido hecho a la medida de un exconvicto por el asesinato de policías, en una insurrección contra un gobierno democrático y que ahora plantea fusilar a todos los expresidentes, no debe participar en las elecciones”, incidió.
Por ello —remarcó— “esta reflexión, viniendo del actual defensor del Pueblo cuya conducta, en general, deja mucho que desear parece esconder algo más”.
En tanto, Gilmar Andía, abogado penalista, calificó de preocupantes las declaraciones Gutiérrez, sobre todo por ser el titular de la Defensoría del Pueblo, una entidad cuya labor siempre ha estado ligada en velar por los derechos fundamentales. Calificó también de “política” la declaración de Gutiérrez.
“Están utilizando una facultad que tiene la Defensoría del Pueblo de poder emitir informes y opiniones respecto a asuntos que violan o vulneran los derechos fundamentales para poder utilizarlo a favor políticamente (…) No se puede negar que el partido A.N.T.A.U.R.O. tiene una ideología de odio y de violencia”, remarcó.
En tanto, el abogado constitucionalista Natale Amprimo consideró que la defensoría, siendo uno de los legitimados para iniciar este mecanismo, no debería criticar al otro que ya ha iniciado la acción. Agregó que la norma se dictó en el 2003, por lo que no se puede sostener que tenga “nombre propio”.
“Esa norma ha sido hecha justamente para tener una suerte de salvaguarda frente a la participación de personas que no creen en el sistema democrático y que provienen de la violencia o la justifican, como es claramente el caso del señor Humala. En consecuencia, la norma no es antidemocrática ni constituye un abuso del derecho”, zanjó.
“No tiene mayor implicancia, más allá de una opinión”, aseveró.
Por otro lado, el abogado Lucas Ghersi comentó que la decisión judicial “está bien motivada”; sin embargo, también dijo que “no deja de ser un tema controversial”. Por ello, insistió en que la lucha de fondo de defender el Estado de Derecho se debe dar en las urnas.
“El defensor del Pueblo puede presentar informes, incluso la figura del amicus curiae y podría pedir estar ahí en la audiencia, dar su punto de vista. Eso no significa que le vayan a hacer caso los jueces o los fiscales”, aseveró.
