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La última en presentar su carta de renuncia ha sido Eugenia Fernán-Zegarra, adjunta de Administración Estatal. Ella ha solicitado abandonar la institución, en la que labora desde los últimos años de la década de 1990, el 11 de febrero próximo.
En su misiva, dirigida al excongresista nacionalista, Fernán-Zegarra dejó constancia de su extensa trayectoria en la entidad, al remarcar que prestó servicios en la oficina defensorial de Piura y Tumbes desde la creación de estas y que entre 1999 y 2008 estuvo asignada en la oficina de Callao y Lima.
También remarcó que entre 2009 y 2012 fue adjunta para los Derechos de la Mujer, plaza que obtuvo a través de un concurso público.
Y subrayó que, durante la administración de Walter Gutiérrez como defensor del Pueblo, fue la primera adjunta de la institución.
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Sin margen de acción
Fuentes cercanas a la Defensoría del Pueblo indicaron que la dimisión de Fernán-Zegarra se da porque ella estaba en contra de la forma en que Gutiérrez Cóndor está manejando la entidad, en el sentido de que esta ha dejado de ser una colaboradora crítica del Ejecutivo, Congreso y el Poder Judicial para pasar a solo “acompañarlos”.
Otras fuentes de El Comercio refirieron que ella tomó la decisión de renunciar hace pocos días, porque vio que, tras la salida de los otros adjuntos y el ingreso de nuevas personas que no cumplen con el perfil, ya no tenía “ningún margen” para avanzar en su trabajo.
“A pesar de los muchos años que tiene en la Defensoría del Pueblo, ha optado con mucha pena por dar un paso al costado, es consciente de que ya no tiene margen para cumplir con sus funciones. Con su salida, prácticamente, se cierra una etapa donde los adjuntos eran personas con mucha trayectoria y experiencia institucional”, refirieron.
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Las mismas fuentes advirtieron que la mayoría de los adjuntos salientes ha coincidido en que Gutiérrez Cóndor “tiene un estilo de gestión autoritario”, porque “impone las formas de trabajo”.
También alertaron que el defensor del Pueblo tiene la intención de cambiar la organización interna de la entidad al crear dos nuevos programas (uno sobre protección a personas vulnerables en los penales y otro sobre educación), con el objetivo de “colocar a gente allegada a sus intereses”.
“Es importante modernizar la institución, pero el riesgo está en si estos cambios se hacen sin coordinar ni generar consensos con los adjuntos […] Existe una preocupación por parte del defensor del Pueblo de hacerle espacio a personas de afuera”, manifestaron.
Las mismas fuentes refirieron que con la salida de Fernán-Zegarra, “se cierra” en la Defensoría del Pueblo una etapa “en la que se priorizaba la experiencia y la trayectoria” para darle paso a una fase, con Gutiérrez Cóndor a la cabeza, en la que se va a consolidar una “gestión autoritaria” y donde “los adjuntos no tengan el peso ni técnico ni político” para contradecirlo.
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Designaciones polémicas
Entre el 4 y el 11 de enero, el excongresista nacionalista Jorge Rimarachín registró cuatro visitas con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, con quien compartieron bancada en el Parlamento en el primer año del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). El primero renunció y se volvió en crítico del humalismo, mientras que el otro se mantuvo leal al entonces presidente hasta el final de su mandato.
El 11 de enero, día de la última visita de Rimarachín como externo, Gutiérrez Cóndor lo designó en el cargo de “confianza” de asesor II de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la institución. Esto bajo el régimen CAS.
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La resolución fue publicada en el portal de la Defensoría del Pueblo días después.
Fuentes de El Comercio ha ratificado que el polémico exparlamentario estaría en el bolo para suceder a Rolando Luque en la referida adjuntía.
Luque trabajó en la Defensoría del Pueblo hasta el 31 de enero último. Él ya había presentado su dimisión a inicios del pasado mes.
De otro lado, a través del memorando N°0072-2024-DP/PAD se ha dado la autorización para la designación de Jesica Araceli Pino Shibata como asesora II de la Primera Adjuntía y, además, se le encarga el puesto de adjunta de Medio Ambiente.
Pino Shibata fue inhabilitada por cinco años del ejercicio de la función pública por la contraloría por una falta “muy grave”. Esta sanción fue entre el 2016 y 2021.
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En mayo de 2022, cuando Pedro Castillo aún ejercía la presidencia, fue nombrada como asesora de la alta dirección del despacho ministerial del Ministerio de Energía y Minas. Renunció a este cargo el 11 de enero del año pasado.
Fuentes cercanas a la Defensoría del Pueblo indicaron que solo falta la firma de Gutiérrez Cóndor a la resolución de nombramiento de Pino Shibata.
“Esta persona no solo tiene poca experiencia, sino que es cuestionada, ha sido sancionada, y arrastra dudas sobre su idoneidad”, mencionaron.
El punto de vista
El ex defensor del Pueblo Walter Albán dijo que no le sorprende de ninguna manera la forma cómo Gutiérrez Cóndor está manejando la institución, porque, desde su punto de vista “no tiene ninguna calificación ni la idoneidad” para estar al frente de la misma.
“El señor Gutiérrez no representa los valores de la Defensoría del Pueblo, incluso es como si le hubieran apagado la luz [a esta entidad], porque no ha tenido opinión sobre la Junta Nacional de Justicia, tampoco sobre normas que favorecen a las mafias, como los cambios a la Ley Forestal. Y frente al conflicto en el Cusco por las entradas a Machu Picchu, tampoco, no ha dicho nada”, sostuvo en comunicación con El Comercio.
Albán refirió que las salidas de Fernán-Zegarra, Luque y de otros adjuntos ha sido impulsada no solo por discrepancias con el defensor del Pueblo, sino porque este actúa en función “a servir a grupos de poder”, en referencia a los partidos políticos que lo eligieron en el Congreso.
“Lo que queda claro es que lo poco que Gutiérrez hace es en contra de la institución, él no está preocupado por defender los derechos de los ciudadanos, sino de sus grupos de interés”, acotó.
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Más información
La Contraloría General de la República, a través del informe N°019-2023-2-0680-SCE, advirtió que Karina Yomar Pérez Salazar, quien fue militante de Alianza para el Progreso (APP), fue contratada como jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo, luego de que el titular de esta institución, Josué Gutiérrez Cóndor, enviara su currículo documentado a la oficina a cargo de la evaluación.
En el documento, el órgano de control remarcó que Pérez Salazar no cumplía con los requisitos para el referido puesto, como el tener dos años de experiencia específica en la función o dos años en puestos o cargos directivos similares. A pesar de ello, el 31 de mayo último se concretó su designación a través de una resolución.
En ese sentido, el informe señaló que la ex militante de APP “aceptó indebidamente” el cargo de jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo.
