José María Balcázar usó su investidura como Presidente de la República interino para que el Poder Judicial (PJ) suspenda el juicio oral en su contra, por presunta difamación, que debía afrontar desde el viernes 6 de marzo.
José María Balcázar usó su investidura como Presidente de la República interino para que el Poder Judicial (PJ) suspenda el juicio oral en su contra, por presunta difamación, que debía afrontar desde el viernes 6 de marzo.
A través de una resolución, el Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque aceptó aplazar la audiencia hasta el 20 de agosto.
De acuerdo a la resolución judicial, el congresista de Perú Libre y ahora mandatario adujo que era improcedente un juicio penal en su contra puesto que el artículo 117 de la Constitución limita la acción penal frente a un mandatario en ejercicio.
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Debido a ello, Balcázar Zelada -a través de su defensa legal- señaló ante el órgano jurisdiccional que dispositivos de la Carta Magna evitaban que “el proceso penal sea un instrumento político”, evitando así que el proceso penal convierta en un “juicio político” que logre desestabilizar la institucionalidad.
“Solicito a su despacho, la suspensión del juicio oral, que ha sido programado para el día 6 de marzo del presente año, hasta que haya culminado el mandato constitucional de Presidente de la República que ejerzo, ello teniendo en cuenta los establecido en el articulo 117 de la Constitución Política del Perú, siendo improcedente un juicio penal, mientras dure el ejercicio del cargo”, requirió.
Ante el pedido, la juez Hiroko Hiyane sostuvo que el artículo 117 de la Constitución establecía supuestos únicos por los que un presidente en ejercicio puede ser procesado penalmente: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso fuera del Art. 134 o impedir el funcionamiento del sistema electoral.
Para cualquier otro delito cometido antes de asumir la investidura presidencial, indicó la magistrada, regía una “inmunidad” que cesa al día siguiente en que concluirá su mandato sin necesidad de un antejuicio. Por ello, el proceso debía ser suspendido.
En este caso, Balcázar fue demandado por presunta “difamación agravada” en el marco de una querella que le interpuso el abogado Yuri Díaz Jaime, ex vicedecano del ICAL.
“El ‘modus operandi’ del querellado es que se vale de una serie de argucias legales y otro tipo de actos dilatorios con la finalidad de ‘prescribir’ el delito y es lo que ha conseguido y en otros casos al juez que lo absolvió en una de las querellas planteadas”, señaló Díaz en su demanda.
Suspenden juicio contra José María Balcázar por ejercer la presidencia de manera interina.
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ICAL advierte que próximo juicio de junio también sería suspendido
En diálogo con El Comercio, el decano de del Colegio de Abogado de Lambayeque, Enrique Rodas, advirtió que el juicio entablado por el ICAL en contra de Balcázar Zelada, y que había sido programado para junio próximo, también correría la misma suerte que el caso por presunta difamación.
Como se recuerda, Balcázar Zelada es acusado por la fiscalía por el presunto delito de administración fraudulenta cuando ejerció el decanato del ICAl en el 2019, y haberse apropiado de caudales de dicha entidad.
El Ministerio Público ha requerido un año de pena suspendida y una reparación civil de S/348,344.90 a favor del ICAL por los daños causados.
En esa línea, Rodas Ramírez señaló que como presidente de la República interino, era previsible que el acusado exdecano del ICAL use la inmunidad que le otorga el cargo para “no presentarse” o “no concurrir” a la diligencia de inicio de juicio oral
“Es decir, lo que nosotros pronosticamos hace unas semana o quince días, se ha hecho realidad y los jueces lo han admitido. Él hará uso de todos los mecanismos procesales habidos y por haber, ahora más que nunca teniendo la herramienta, supuestamente, de inmunidad. Eso es lo que va a estar usando hasta que cumpla su mandato. Entonces, estaremos a la voluntad y al sometimiento del Poder Judicial.”
El actual decano del ICAL reiteró que pese a ello, esperarán la decisión judicial, puesto que el juicio se inició porque Balcázar “nunca rindió cuentas” sobre su gestión y la rendición de cuentas sobre los ingresos económicos de la entidad.
“Como lo he sostenido en reiteradas veces, no le habría costado nada a José María Balcázar rendir cuentas y allí debería estar documentado, pero no existen documentos sobre ese tema”, anotó.
