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¿Puede ser juzgado en ejercicio?

El abogado penalista Julio Espinoza Goyena, sostuvo que el artículo 117 de la Constitución regula lo que se conoce como “inmunidad de proceso”, lo que significa que un presidente de la República en ejercicio no puede ser sometido a proceso alguno, “en la medida que sea cometido en el ejercicio de la función”. Es decir, como mandatario o como congresista, o como un alto funcionario.

Sin embargo, de acuerdo a su interpretación, esto no aplica cuando se trata de hechos cometidos por el funcionario antes de que haya asumido dicho cargo, como son los dos procesos que atraviesa el mandatario encargado, José María Balcázar.

“Sí se le puede llevar a juicio por hechos que haya cometido con anterioridad de su función, que es el caso de los dos procesos que estamos hablando. Esto quiere decir que no hay protección y no interviene la Corte Suprema. Si es requerido por el juez ordinario, en dos casos, él tiene que acudir y participar en esas audiencias.”

Julio Espinoza Goyena, abogado penalista

Por tanto, indicó, el juicio se tiene que realizar con su presencia, sea virtual y presencial, e incluso el juez puede dictar sentencia, afirmó el abogado. Agregó que la citación a juicio oral para un presidente de la República es “inédita”, aunque ya hubo varios casos de congresistas procesados por actos cometidos antes de asumir el cargo.

Espinoza Goyena consideró que “no existe ningún impedimento” para que Balcázar Zelada responda en juicio oral por estos dos casos o alegue alguna inmunidad, ya que no existe alguna norma que estipule que un presidente en ejercicio no pueda responder por hechos que cometió antes de su función.

“No existe ningún impedimento, la Constitución no regula eso, no lo prohíbe; el Código Procesal Penal tampoco establece esa razón para suspender un juicio o para diferir el inicio de juicio hasta que culmine su mandato. No existe esa regla ni para delitos comunes ni para procesos privados como la querella por difamación, no hay prohibición o limitación alguna”, anotó.

El penalista Luis Lamas Puccio, por el contrario, señaló que Balcázar Zelada podría argumentar todas las recomendaciones del Tribunal Constitucional para casos en los que se emplaza al presidente de la República para que atienda requerimientos de contenido judicial.

Recordó que el TC ha indicado, en la sentencia del caso Dina Boluarte, que cualquier emplazamiento al mandatario estaría perturbando su labor funcional, por ello ha reducido a la mínima expresión las posibilidades, en el ámbito cualitativo y cuantitativo, frente a lo cual un mandatario tiene que responder a requerimiento de carácter judicial.

“El señor Balcázar puede argumentar esas razones y negarse a participar, porque no lo dice él, sino porque lo ha señalado el Tribunal Constitucional.”

Luis Lamas Puccio, abogado penalista

De otro lado, señaló que luego de dejar el cargo debe afrontar los procesos como un ciudadano común.

Mario Amoretti, abogado penalista, también consideró que estando en su condición de encargado de la Presidencia “tiene una inmunidad y el juicio oral tendría que suspenderse hasta después del 29 de agosto”.

Si bien su mandato concluye el 28 de julio, indicó que un presidente y congresista aún mantienen la inmunidad de enjuiciamiento por un mes más, por ello toda acción penal comenzaría en agosto.

“Después del 29 de agosto puede ser citado para juicio oral. Y sólo puede gozar de la inmunidad por los cinco años que le otorga la ley, cuando se trate de delitos de función. Sin embargo, en el caso de él son delitos comunes y terminado su periodos congresal y presidencial puede ser citado.”

Mario Amoretti, abogado penalista

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