El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, tomará la declaración del presidente de la República, José Jerí, en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por las reuniones y visitas sostenidas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.
Fuentes informaron a El Comercio que la citación ha sido programada para este viernes 30 de enero, en las instalaciones de Palacio de Gobierno.
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Jerí Oré es investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.
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Según explicaron las fuentes, será Gálvez Villegas quien acuda hasta la sede del Ejecutivo, en atención de la sentencia del Tribunal Constitucional (Caso Dina Boluarte), que dispone que el mandatario puede ser interrogado hasta en dos oportunidades -como máximo- y en el lugar que disponga.
Como parte de las diligencias también se han cursado documentos solicitando información a las diferentes entidades vinculadas a los empresarios chinos, respecto a cualquier visita o vinculación con sus compañías.
En el transcurso de la semana, la Fiscalía de la Nación recibirá, también, pero en calidad de testigos, a los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, quienes sostuvieron reuniones con Jerí Oré. Ambos fueron citados para que acudan a la sede del Ministerio Público.
Ricardo Caldas, abogado de José Jerí, confirmo a El Comercio que fueron notificados con la citación de su patrocinado para este viernes y que participará de la diligencia.
“La posición de mi cliente es la que ya ha manifestado públicamente. Él no ha cometido ningún delito y esclarecerá la información que se requiera esclarecer a fin de acreditar la veracidad de sus declaraciones”, indicó.
Días atrás, el mandatario remitió un oficio al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, poniéndose a disposición para brindar su declaración ante las diversas informaciones que lo vinculaban a los citados empresarios.
Esta disposición se formula en estricto respeto a los principios de transparencia, colaboración institucional y responsabilidad pública, con el objetivo de contribuir al adecuado esclarecimiento de los hechos, en el marco de las competencias constitucionales y legales que corresponden al Ministerio Público como titular de la acción penal.”
Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong participaron en la cena junto a Jerí Oré el 26 de diciembre del 2025, en un restaurante de comida china, ubicada en San Borja.
Además, ambos visitaron Palacio de Gobierno hasta en tres oportunidades entre diciembre del 2025 y enero de este año.
Zhihua Yang, como se ha dado conocer por este Diario y otros medios de comunicación, se encuentra vinculado a empresas chinas.
Incluso, su empresa Hidroeléctrica América S.A.C. fue beneficiada con la concesión del proyecto “Central Hidroeléctrica Pachachaca 2” (Apurímac), valorizado en US$24.4 millones, en 2023.
Actualmente, dicho proyecto se encuentra paralizado, pero se mantiene a cargo de la empresa de Yang. Por ello, el vínculo contractural con el Estado Peruano seguía vigente cuando se reunió con José Jerí.
De a cuerdo a un reporte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) del 19 de diciembre del 2025, se indicaba que tenía una “avance global” del “0%”.
No obstante, según se indica la “Puesta en Operación Comercial (POC) del contrato tendría que darse el 1 de mayo del 2026 próximo.
Como ya lo informó este Diario, las obras de dicho proyecto se encuentran paralizadas.
Jerí Oré admitió que conoce al empresario chino desde el 2024 e, incluso, lo invitó a un evento en el Congreso de la República vinculado a las relaciones entre China y Perú.
Además, como lo informó este Diario, según registros de la SUNARP el empresario chino Zhihua Yang fundó una asociación con el congresista Luis Cordero Jon Tay en 2016 , la misma que se dio de baja en marzo del 2025.
En el caso de Ji Wu Xiaodong, es un empresario dedicado al rubro maderero en la Amazonía peruana.
Como lo ha informado El Comercio, tiene una acusación por presuntos delitos de crimen organizado y corrupción, y la fiscalía ha solicitado 23 años de cárcel en su contra.
Además, sesde el 20 de enero de este año cumple una orden de arresto domiciliario, pese a que la medida fue dictada en enero del 2024 y desde entonces no se había ejecutado.
