La investigación se desarrolla contra “los que resulten responsables” y, por el momento, no incluye a Jerí. No obstante, conforme se determine una posible responsabilidad penal del presidente, el caso puede ser derivado al despacho del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.
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Las pesquisas están a cargo de la fiscal provincial Roxana Espinoza Páucar, quien deberá determinar si las contrataciones cuestionadas se produjeron respetando los principios de legalidad, meritocracia e igualdad de acceso a la función pública, o si, por el contrario, existió un direccionamiento indebido.
Una fuente de El Comercio detalló que las diligencias preliminares se realizan de forma conjunta, en sede policial, con personal de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú.
Alcance fiscal
Con excepción del presidente, la fiscal Espinoza está facultada para investigar a todos los involucrados en las contrataciones. Puede desplegar medidas de investigación que incluyan la revisión de órdenes de servicio y expedientes administrativos, requerimientos formales de información, solicitudes de levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones, además de diligencias como allanamientos, cuando corresponda, destacó el abogado penalista Carlos Caro en diálogo con El Comercio.
No obstante, Caro advirtió: “No se puede utilizar una fiscalía ordinaria como un ‘caballo de Troya’ para realizar lo que, por mandato del Tribunal Constitucional, es competencia exclusiva de la Fiscalía Suprema”. En esa línea, añadió que no es posible ejecutar un allanamiento en Palacio de Gobierno, aunque sí formularse pedidos de información, los cuales deben ser atendidos por la sede presidencial.
El especialista agregó que, si en el curso de la investigación preliminar la fiscalía provincial detecta indicios o elementos de convicción que comprometan al presidente, el procedimiento es remitir copias de todo lo actuado al fiscal de la Nación, para que evalúe si corresponde iniciar un proceso.
El ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia añadió que el caso podría configurar el delito de tráfico de influencias y, eventualmente, corrupción de funcionarios.
Sobre las acciones concretas que realizaría la fiscal, señaló: “Supongo que solicitará el levantamiento del secreto de las comunicaciones de las señoritas para ver con quién se han comunicado. Es probable que ahí aparezca el teléfono del presidente. Además, tomará las declaraciones de las personas que las contrataron y revisará si cumplían con el perfil requerido para el cargo”.
En opinión de Vargas Valdivia, este nuevo caso “confirma que Jerí no está a la altura de las circunstancias”.
“Jerí está ahí porque reunía los requisitos de los grupos en el poder: estar dispuesto a seguir lo que estos le indiquen, como también lo hizo Dina Boluarte», sentenció.
El origen del caso
La investigación fiscal se inicia dos días después de que “Cuarto Poder” revelara que jóvenes profesionales que ingresaron al Despacho Presidencial, en algunos casos en días feriados o en horarios nocturnos, posteriormente obtuvieron contratos con el Estado, ya sea en Palacio o en otras entidades del Ejecutivo.
Según los registros oficiales de visitas y los documentos contractuales revisados por el dominical, al menos cinco mujeres de entre 29 y 38 años mantuvieron reuniones con Jerí y días después, sus nombres aparecieron en órdenes de servicio o designaciones en distintas instituciones estatales, con remuneraciones que van desde los S/ 6 mil hasta más de S/ 11 mil.
Uno de los casos es el de Guadalupe Vela Ramírez, ingeniera ambiental, quien ingresó a Palacio de Gobierno el 1 de noviembre del 2025, día feriado, a las 6:48 p.m., con destino al despacho de Jerí. Su permanencia en Palacio se extendió por casi cinco horas, hasta cerca de la medianoche. Veinte días después, obtuvo una orden de servicio en EsSalud y, ocho días más tarde, un contrato como locadora en el Ministerio del Ambiente.
El mismo día feriado, Cristina Beraún Rojas ingresó a Palacio junto a Guadalupe Vela y se retiró prácticamente a la misma hora. Días después, recibió una orden de servicio en el propio despacho presidencial para brindar servicios de análisis de comunicación interna.
Una tercera visitante, Violeta Beas Otero, ingresó al despacho presidencial a las 8:35 p.m. y permaneció hasta las 11:50 p.m. Al mes siguiente, fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud, entidad adscrita al Ministerio de Educación.
Otros casos incluyen a Fiorella Melgarejo Sánchez, abogada que registró ingresos al despacho del presidente en octubre del 2025 y que luego obtuvo una orden de servicio en Palacio, y a Alicia Camargo, quien visitó al mandatario en horas de la noche y fue contratada apenas tres días después como locadora en la Secretaría General de Palacio.
En todos los casos, las personas involucradas evitaron responder a “Cuarto Poder” sobre el mecanismo de su contratación, la existencia de concursos públicos o la naturaleza de sus funciones.
Amenaza y rectificación
Palacio se pronunció con dos comunicados oficiales sucesivos. En el primero no solo rechazó los cuestionamientos sobre las contrataciones, sino que introdujo una amenaza contra los medios de comunicación, al señalar que se estaban evaluando “las acciones legales correspondientes” frente a lo que calificó como un uso “malintencionado” de la información.
El comunicado acusó a la prensa de denigrar a mujeres jóvenes profesionales y de atentar contra su dignidad, deslizando así la posibilidad de represalias legales en defensa del Despacho Presidencial.
Pero ese primer comunicado fue retirado. Posteriormente, Palacio difundió un segundo comunicado que ya no mencionaba las eventuales acciones legales.
En ambos casos, insistió en que no existieron irregularidades, negó que las visitas registradas impliquen reuniones prolongadas con el presidente y rechazó favoritismo o trato indebido.
Este nuevo frente se suma a otro que ya pesa sobre el presidente, por sus encuentros no registrados oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa en San Borja y en un local clausurado en el Centro de Lima.
Por ese caso, el fiscal de la Nación abrió investigación contra Jerí por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado, mientras que un sector del Congreso plantea la vacancia presidencial o la censura.
