“El tema es muy claro. Por el tema de la falta de interoperabilidad que hay en el Estado mismo, Palacio no tiene ningún filtro, ninguna información, ningún sistema que le permita saber que un invitado está siendo investigado por el Ministerio Público, que ha tenido una condena o que tiene antecedentes policiales”, dijo Álvarez al programa ‘Siempre a las 8’ de El Comercio.
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“No hay interoperabilidad. Técnicamente, sí (puede entrar un narco o un asesino). Es gravísimo”, agregó. “No hay mayor control porque los que ingresan a Palacio lo hacen siempre invitados por alguien. Entonces, se guarda un registro de quién (ha invitado). Hoy deben estar jalándole las orejas a esa persona y tratando de conversar con ella”.
Las afirmaciones del primer ministro fueron cuestionados por distintos especialistas, con experiencia en el campo de seguridad y del funcionamiento de Palacio de Gobierno. Según explicaron, sí existe la capacidad operativa para hacer, como mínimo, una revisión de los antecedentes policiales y judiciales de quienes ingresan a la Casa de Pizarro, en particular para reuniones con el presidente.
Según recordaron, la Oficina de Seguridad de Palacio de Gobierno -antes conocida como la Casa Militar- es la que tiene entre sus funciones la seguridad del Despacho Presidencial y garantizar la seguridad del presidente durante las actividades que desarrolle. Actualmente, el encargado de esa oficina es el general EP Julio Ulises Mori Rabanal, nombrado por el propio José Jerí el pasado 31 de diciembre.
Además, indicaron que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) sí tiene la capacidad operativa para detectar estos antecedentes y la Oficina de Seguridad también debería tenerlos.
Lo grave sería, coincidieron las fuentes consultadas, que a pesar de tener esas herramientas no se estén aplicando filtros a las personas que ingresan a Palacio de Gobierno y se reúnen con el presidente. En ese escenario, estaríamos ante una grave falla en la seguridad del más alto funcionario del país, quien representa el Estado peruano, es jefe supremo de las FF.AA. y la PNP, y aun así está expuesto a reunirse con personas con órdenes judiciales como las de un arresto domiciliario.
“Si no pueden arreglar la seguridad de Palacio…”
Juan Jiménez Mayor fue presidente del Consejo de Ministros (2012-2013) y durante su gestión se estableció la obligación de que se publiquen en línea los registros de las personas que visitan Palacio de Gobierno y el resto de entidades estatales. En diálogo con El Comercio, el ex primer ministro remarcó que la responsabilidad de la seguridad palaciega y del propio mandatario es del jefe de la Oficina de Seguridad (ex Casa Militar).
“Imagínate que puede ingresar una persona ‘ranqueada’ o un sicario a Palacio (…) La única función (de la Oficina de Seguridad) es la seguridad de Palacio, del presidente y de su familia. Los accesos constituyen procesos de verificación de identidad y de determinar si la persona tiene una reunión programada, porque nadie ingresa sin una autorización programada, alguien tiene que haber autorizado a la persona. No es que alguien hace su cola e ingresa porque quiere hablar con el presidente, eso no existe. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad”, afirmó.
Jiménez añadió que “no es tan cierto” que no existan herramientas dentro de la estructura del Despacho Presidencial para verificar quiénes son las personas que ingresan.
“Una de las oficinas más importantes que tiene el gobierno desde este punto de vista es la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Tiene la interoperabilidad total de todos los esquemas de seguridad del Estado peruano, tiene acceso a muchísima información: judicial, fiscal, de todos los registros informáticos del Estado peruano, incluyendo los temas de seguridad. De tal manera que si no existen (filtros) es porque no quieren que existan. El jefe de la Casa Militar (hoy jefe de la Oficina de Seguridad) tiene que ver que esto funcione”, sostuvo.
El abogado también señaló que en gobiernos recientes se ha generado una tendencia a flexibilizar los ingresos a Palacio de Gobierno, la cual se puede rastrear hasta el gobierno de Martín Vizcarra. Por otro lado, recordó que la PCM, cuyo titular es Ernesto Álvarez, tiene una Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, la cual debería resolver cualquier programa de “interoperabilidad” como el alegado por el jefe del Gabinete.
“Esto te da la idea de que hay mucha improvisación en el gobierno, no solamente en este tema, que desnuda la precariedad de todo el esquema de seguridad que existe en el país. Si así funciona Palacio de Gobierno, imagínense ustedes qué puede pasar en cualquier otro lugar del país (…) Si no pueden arreglar ni siquiera los problemas de seguridad del Palacio de Gobierno, ¿qué nos espera a los peruanos en esta materia?”, cuestionó Jiménez.
“Todo el que ingresaba a Palacio pasaba revisión”
José Elice fue ministro del Interior (2020-2021) y secretario general de Palacio de Gobierno en dos gestiones (2000-2002 y 2020). En diálogo con este Diario, el exfuncionario recordó que -al menos durante los gobiernos con los que trabajó- en Palacio de Gobierno había una unidad policial, dependiente de lo que hoy es la Oficina de Seguridad, que “hacía un trabajo de inteligencia sobre cada una de las personas que entran”.
“Ese trabajo era de inteligencia básica, hecha en base a fuentes abiertas (…) Con antecedentes penales, judiciales, todo. Con eso, todas las personas que entraban a Palacio eran pasadas por esa revisión”, explicó. “Nadie entraba a Palacio sin pasar por ahí. Nadie. No sé cómo será ahora (…) No puedes dejar que el presidente reciba a alguien que tiene denuncias por maltrato familiar o barbaridades así. Al presidente se le protege”.
Lo afirmado por José Elice coincide con lo relatado por fuentes de El Comercio que han trabajado en Palacio de Gobierno durante gestiones anteriores y remarcaron que toda persona que ingresa pasa por una revisión de seguridad para advertir antecedentes. Sin embargo, las fuentes también indicaron que un presidente podría ordenar que se flexibilicen ese tipo de revisiones respecto a determinados visitantes.
En esa línea, Elice sostuvo que quien tendría que dar una explicación sobre el ingreso de una persona con una orden de arresto domiciliario es el jefe de la Oficina de Seguridad. “Él es el responsable porque tiene a su cargo la seguridad del presidente. Nadie entraba a palacio en ninguna oficina si no pasaba por inteligencia básica”, insistió.
En cuanto a la afirmación hecha por Ernesto Álvarez de que actualmente “no hay filtros” respecto a quienes ingresan a Palacio, Elice consideró que “es gravísimo que no haya” y que, de ser ese el caso, debió anunciarlo inmediatamente para corregir esa situación. “Lo que debió hacer es dar cuenta de que no existían esos filtros en Palacio, decir que eso es inaceptable y que inmediatamente van a tomar medidas. No solo decir que no hay un filtro y que no sé qué”, sostuvo.
“Una grave vulnerabilidad”
Danilo Guevara es general de la PNP en retiro, y fue jefe de la DINI y viceministro en el Ministerio del Interior. En declaraciones a El Comercio, sostuvo que si el Gobierno no está aplicando los filtros de seguridad respecto a las personas que ingresan a Palacio de Gobierno, estamos ante una “grave negligencia”.
“Esto es insólito porque si solamente se filtran a requisitoriados, mañana cualquier convicto podría ingresar a Palacio de Gobierno. Yo creo que la explicación (dada por Ernesto Álvarez) es insuficiente y, en todo caso, revela la precariedad de la institución presidencial”.
Guevara consideró que junto a ese aspecto, de carácter institucional, hay un tema propio de la individualidad del presidente, quien “recibe amistades que tienen una dudosa conducta”. “De acuerdo con lo que se sabe, lo visitan con frecuencia, con lo cual se nota que hay una relación no solamente de cercanía, sino de amistad. Eso a mí me parece no solamente insólito, sino muy grave”.
El exfuncionario remarcó que Palacio no solo debe tener la capacidad logística para revisar los antecedentes de las personas que ingresan sino también una “exigencia jurídica-legal”. “En este caso, le corresponde a la casa militar de Palacio de Gobierno (renombrada como Oficina de Seguridad durante el gobierno de Dina Boluarte) establecer un sistema de filtros que sea medianamente eficiente”, apuntó.
Actualmente, el Registro de Organización y Funciones del Despacho Presidencial establece que la Oficina de Seguridad es la responsable de articular con las Fuerzas Armadas y Policía la “seguridad integral del Presidente” y las instalaciones de Palacio.
Entre sus funciones específicas está, precisamente, “gestionar el apoyo logístico que garantice la seguridad en el desarrollo de las actividades en las que participe el Presidente de la República, así como de su familia (…) en coordinación con los órganos de la entidad”.
“Lo que ha pasado es una cosa insólita. No es un problema de la DINI, sino es un problema de la Casa Militar (hoy Oficina de Seguridad), que se supone que deber tener, dentro de sus planes, los suficientes recursos tecnológicos como para identificar y filtrar a las pocas personas que tienen la posibilidad de acceder al presidente de la República”, añadió Guevara
Resaltó que Palacio de Gobierno es la principal sede del Estado peruano y el presidente es quien personifica a la Nación y es el jefe de la Fuerza Armadas y la Policía Nacional. “Esto da una muy mala imagen al país (…) El no colocar siquiera en esa hipótesis (que una persona con arresto domiciliario ingrese a Palacio) es una grave vulnerabilidad a la seguridad”, dijo.
Finalmente, sostuvo que incluso en el supuesto que un funcionario de Palacio de Gobierno haya dispuesto que una persona ingrese sin pasar por los filtros requeridos, esa solicitud debería quedar anotada de forma expresa en los registros oficiales. “Debería estar en los sistemas informáticos. Tendrían que hacer una anotación de que fue por indicación de determinada autoridad que tal persona está ingresando (sin pasar por los filtros) a Palacio, que es la sede del Estado peruano. Es un tema de seguridad nacional”, dijo.
