El presidente José Jerí descartó realizar cambios en el gabinete ministerial durante una visita al alcalde de Carabayllo que fue víctima de un nuevo atentado con explosivos en su vivienda, y a pocos día de que los ministros cumplan unos tres meses en sus cargos.
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Consultado por periodistas sobre la posibilidad de reemplazar a alguno de sus ministros, el jefe de Estado respondió este martes: “Para nada”.
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Jerí, durante una visita a la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, tras ser atacado con explosivos, explicó las acciones que está evaluando el Ejecutivo en materia de seguridad.
En ese contexto, el mandatario informó que su gobierno ya recibió las propuestas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y que se encuentra en la fase final de elaboración del nuevo plan de seguridad ciudadana.
Jerí defendió la continuidad del estado de emergencia y señaló que se trata de un mecanismo que permite una respuesta más rápida frente a la criminalidad. Aseguró, además, que las restricciones a los derechos fundamentales son “muy puntuales y específicas” y que no deberían afectar el normal desempeño de la población en su vida cotidiana.
“El estado de emergencia es un mecanismo, es una herramienta que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia. Hay que tener en claro que las restricciones o las vulneraciones a los derechos que se dan en un estado de emergencia son muy puntuales, son muy específicos”, mencionó.
Respecto al contenido del plan de seguridad, el presidente interino precisó que no se contemplan modificaciones a la ley N.° 32108, norma que exige la presencia de un abogado del investigado durante los allanamientos y que ha sido cuestionada por sectores que consideran que retrasa las diligencias.
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Finalmente, al ser interrogado sobre una eventual derogatoria de las denominadas leyes “pro-crimen”, que respaldó cuando era congresista, Jerí negó un cambio de postura o un mea culpa. Señaló que el análisis continúa en el Ministerio de Justicia y que uno de los principales problemas a atender no son las normas, sino las deficiencias estructurales del sistema penitenciario.
