Tras validarse las 78 firmas requeridas, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, convocó ayer a una sesión extraordinaria del pleno para el martes 17 de febrero, a fin de debatir las mociones de censura contra el jefe de Estado, José Jerí, en su condición de integrante de la Mesa Directiva, por sus reuniones con empresarios chinos.
Renovación Popular solicitó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la convocatoria urgente a un Pleno extraordinario. Foto: Congreso.
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Durante la jornada se dará lectura a las mociones presentadas, intervendrán sus autores, se evaluará su eventual acumulación en un solo texto y, finalmente, se procederá a la votación de fondo.
Según el exoficial mayor del Congreso César Delgado Guembes, los votos requeridos para la censura dependerán del quórum de legisladores y de una mayoría simple. Como se sabe, muchos parlamentarios se encuentran con licencia debido a las campañas.
“El quórum de una sesión es la mitad más uno del número de hábiles. Si los hábiles son 104, el quórum es 53. Si hay 53 congresistas en la sala, puede votarse la materia en debate. Por lo tanto, una censura podría acordarse, por ejemplo, con 19 votos a favor, 18 en contra y 16 abstenciones”, indicó.
César Delgado Guembes explica la cantiad de votos necesarios para aprobar la denuncia constitucional y desafuero de Betssy Chávez y Roberto Sánchez (Foto: Congreso)
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Consultado el experto en temas parlamentarios José Elice sobre si José Jerí debería acudir al Parlamento para presentar sus descargos, respondió que, de hacerlo, “estaría aceptando la censura”.
—Interrogatorio en Palacio de Gobierno será el 2 de marzo—
El presidente José Jerí enfrentará por segunda vez un interrogatorio del fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, aunque no por sus reuniones con empresarios chinos, sino por la presunta contratación de 10 jóvenes en el Poder Ejecutivo a cambio de “beneficios personales indebidos”.
Tal como adelantó El Comercio en su edición del 11 de febrero, el jefe de Estado es investigado por presuntamente aprovechar su cargo para ejercer influencia y concretar dichas contrataciones entre octubre de 2025 y enero de 2026. Los hechos configurarían el delito de tráfico de influencias agravado.
De acuerdo con la disposición fiscal a la que accedió este Diario, Tomás Aladino Gálvez acudirá a Palacio de Gobierno el 2 de marzo a las 2:30 p. m. para recibir, de manera presencial, los descargos del presidente de la República, quien deberá contar con la presencia de su abogado defensor.
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