
José Domingo Pérez, fiscal recientemente suspendido por decisión de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, denunció que este martes, un día después de haber sido notificado de su sanción, no le dejaron ingresar a su despacho para hacer la entrega del cargo ni retirar sus pertenencias.
En declaraciones a RPP este martes, comentó que poco antes del mediodía acudió a las oficinas del equipo especial Lava Jato para hacer el inventario, saber qué persona lo iba a reemplazar y retirar sus pertenencias personales.
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“Pero me doy con la ingrata sorpresa que la autoridad de control a cargo de Antonio Fernández Jerí había mandado un documento al personal de ingreso de control de las puertas para que me impidiera el ingreso”, indicó.
Pérez Gómez calificó como un “maltrato” que, para poder entrar a las instalaciones de la fiscalía, se le haya requiero pedir una autorización que sea canalizada a la Junta de Fiscales de Lima y luego a la misma ANC que lo suspendió.
“Lo habitual es que me permitieran hacer la entrega de cargo, el inventario, ver a la persona que sea designada en mi reemplazo porque en las investigaciones y expedientes tienen pruebas que son sensibles, cuadernos reservados de procesos reservados. Tienen pruebas materiales”, advirtió.
José Domingo Pérez insistió en que se trata de un maltrato en su contra con una “sanción arbitraria e injusta”, y dijo que solo espera que se hayan tomado las medidas necesarias para cautelar el material de su oficina.
El fiscal suspendido dijo también que estaba presentando una denuncia ante la Comisaría de San Andrés por estos hechos.
“Si yo mañana presento la solicitud y me siguen impidiendo el ingreso a la institución, yo no soy responsable de lo que pueda estar ocurriendo en este momento en esos expedientes”, aseveró.
La sanción, que según Pérez le fue notificada este lunes al finalizar la jornada laboral, fue tomada por la ANC al considerar que “existen fundados y razonables elementos de convicción que vinculan al fiscal provincial José Domingo Pérez con el hecho de haber actuado en el proceso penal iniciado contra el abogado Arsenio Oré Guardia”.