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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó acusar al juez supremo y expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Salas Arenas como presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Dicha conclusión se encuentra en el informe final de la Denuncia Constitucional 469, interpuesta por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena. El ponente fue el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) y obtuvo 14 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.
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El Ministerio Público imputa a Salas Arenas haber llamado en noviembre del 2017 al exjuez Walter Ríos Montalvo, quien presidía la Corte Superior de Justicia del Callao, para que contrate a su exsecretario Pavel Cárdenas.
Previamente, la subcomisión desestimó por mayoría el informe final correspondiente a la Denuncia Constitucional 390, cuya conclusión fue acusar al congresista Edgar Tello (Podemos Perú) por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado.
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A Tello Montes se le acusó de influir en la nulidad de una licitación pública realizada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, además de que habría solicitado víveres para escolares de bajo recursos.
La denuncia fue interpuesta por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. El ponente fue el congresista Esdras Medina (Renovación Popular) y la conclusión fue acusar a Tello por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
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La primera votación obtuvo una mayoría: 11 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención; sin embargo, la congresista Digna Calle (Podemos Perú) solicitó una reconsideración, la misma que fue aceptada por mayoría. En una nueva votación obtuvo 10 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones.
Casos archivados
Así también, archivó por mayoría la Denuncia Constitucional 108 (antes 461), contra el exministro de Salud Óscar Ugarte por la presunta infracción a los artículos 9 y 38 de la Constitución.
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El informe final propone que no existen elementos de juicio suficientes para establecer que el exministro haya infringido dichos artículos y recomienda su archivo.
La denuncia fue presentada por el excongresista César Gonzales Tuanama. La ponente fue la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) y obtuvo 12 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones.
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De acuerdo con el literal d.6) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, los informes finales votados deben ser remitidos a la Comisión Permanente, conforme con lo establecido en el literal g) del presente artículo.
El mencionado literal, establece que en los casos de los informes finales aprobados, la Comisión Permanente nombra una Subcomisión Acusadora, propuesta por su presidente en el momento de presentar el informe final, a efecto de que se sustente el documento y formule acusación en su nombre ante el Pleno del Congreso.
Aprueba informes de calificación
En otro punto de agenda, la subcomisión aprobó tres informes de calificación. El primero corresponde a la Denuncia Constitucional 494 contra el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena por presunta infracción del artículo 117 de la Constitución y la posible comisión del delito de prevaricato.
Se le acusó de no haber denunciado a la presidenta Dina Boluarte por el “Caso Rolex”. El informe declaró improcedente la denuncia y fue aprobado por unanimidad (21 votos).
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El segundo corresponde a la Denuncia Constitucional 528, contra Villena Campana y los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza.
Los denunciantes fueron los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú).
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Se les acusa de que cinco días después de publicarse la Ley 32130, Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional y agilizar los procesos penales, la Junta de Fiscales Supremos emitió una resolución que aprueba un reglamento que se contrapone con la mencionada ley e invita a su incumplimiento.
El informe recomienda admitir a trámite denuncia por abuso de autoridad, falsedad genérica, y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones, y por las presuntas infracciones a los artículos 38, 103, 109, numerales 1 y 4 del artículo 159, y 166 de la Constitución; e improcedente en lo que respecta al delito de prevaricato. Fue aprobado por mayoría: 17 votos a favor, 2 en contra y cero abstenciones.
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Respecto al tercero, correspondiente a la Denuncia Constitucional 561, contra los congresistas Adriana Tudela (Avanza País) y Fernando Rospigliosi, el informe señalaba que la denuncia no precisaba la presunta infracción y/o comisión de delito de función.
El denunciante los acusa de no haber atendido oportunamente, en las comisiones que presiden, más de once proyectos de ley que buscan modificar la Ley 30299, sobre uso de armas. El informe declaró improcedente la denuncia y fue aprobado por unanimidad (20 votos).
