El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que ha iniciado el “procedimiento de ejecución forzosa” de su resolución, donde dispone la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.
A través de un pronunciamiento público leído por su presidente, Gino Ríos, y donde aparecen seis de los siete miembros del pleno, señaló que en “abierta desobediencia” de su mandato, Delia Espinoza no ha cumplido con reponer en su cargo a Benavides, ni siquiera como fiscal suprema.
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“Dicha reposición no constituye un nuevo nombramiento. A pesar de ello, la fiscal suprema Delia Espinoza, en abierta desobediencia del mandato de la Junta Nacional de Justicia no ha cumplido con reponer en su cargo a la señora Patricia Benavides, ni siquiera como fiscal suprema, ni a la señora Azucena Solari como fiscal superior, optando por devolver la resolución”, expresó.
Indicó que si bien Delia Espinoza presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra la resolución, en tanto no exista pronunciamiento judicial firme en ese proceso, dicho documento mantiene su plena vigencia.
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“Este incumplimiento constituye una grave afectación al orden jurídico. En un estado de derecho los funcionarios públicos están obligados a cumplir las decisiones emitidas por los órganos competentes mientras no sean legalmente revocadas. Las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia, en tanto no sean anuladas por la vía correspondiente, tienen carácter vinculante y deben ser cumplidas en sus propios términos”, subrayó.
“Por ello, la Junta Nacional de Justicia, en cumplimiento de su deber, ha iniciado el procedimiento de ejecución forzosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General”, agregó.
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Asimismo, Ríos Patio cuestionó que Delia Espinoza, basándose en las declaraciones de Francisco Távara, miembro de la JNJ que no votó en el acuerdo por no haber asistido al informe oral por decisión propia y por ende, no haber participado en el debate, haya iniciado diligencias preliminares contra los miembros de la junta por la emisión de esta resolución.
“Esta actuación compromete los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad que rigen la función fiscal, contraviniendo el artículo primero de la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal, dado que ella misma es parte interesada en el cumplimiento de lo resuelto y no puede pretender atribuirnos responsabilidad penal por el ejercicio legítimo de nuestras funciones”, enfatizó.
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Finalmente, el presidente de la JNJ exhortó a cumplir las resoluciones emitidas por su institución para no agravar la afectación a la institucionalidad del país y reiteró que no permite “presiones ni interferencias externas”.
“Estas acciones afectan la estabilidad jurídica e institucional del país. La JNJ como organismo constitucional autónomo, encargado de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales, ejerce sus competencias con plena autonomía, no permitiendo presiones ni interferencias externas. Su labor es esencial para el fortalecimiento del estado de derecho”, manifestó.
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“Como funcionarios públicos al servicio de la nación, exhortamos al respeto de la legalidad y al cumplimiento de las resoluciones adoptadas por esta institución en el marco de sus competencias constitucionales, a fin de que sean cumplidas en sus propios términos, a fin de no agravar la afectación a la institucionalidad del país”, sentenció.
