La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó por unanimidad iniciar una investigación preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por el deficiente desempeño del organismo en la distribución del material electoral, que impidió que más de 50 mil ciudadanos puedan votar el domingo 12 de abril.
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En un comunicado, la junta precisó que la decisión se tomó en atención a los hechos denunciados por diversos ciudadanos, a través de los medios de comunicación.
Fuentes de la JNJ, indicaron que esta pesquisa tiene una duración de 30 días hábiles (hasta el 26 de mayo) y que, si deriva en un proceso disciplinario, Corvetto podría ser suspendido del cargo.
Luego de ser notificado, el titular del organismo electoral tendrá un plazo de diez días hábiles para presentar su informe de descargo y adjuntar las pruebas que considere necesarias, pudiendo acceder al expediente y realizar trámites mediante la mesa de partes virtual de la JNJ.
La institución acordó también solicitar a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un informe detallado respecto del proceso de ratificación del referido funcionario, que ocurrió en julio del 2024.
“Dicho informe permitirá contar con mayores elementos de análisis en el ejercicio de las competencias constitucionales de la Junta Nacional de Justicia”, detalló en el comunicado.
La junta afirmó que estas acciones se realizan en estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, garantizando el debido proceso y el respeto de los derechos de las personas involucradas.
El domingo 12 de abril, durante la votación, más de 52 mil electores, distribuidos en 187 mesas, se vieron impedidos de sufragar. Esto debido a que no llegó el material electoral a sus locales de votación, labor a cargo de la ONPE.
Además, la jornada electoral estuvo marcada por el caos, desorden, confusión y malestar en diversos centros de votación.
Opiniones
En diálogo con El Comercio, el constitucionalista Óscar Urviola y el abogado penalista Gilmar Andía advirtieron que Corvetto podría ser suspendido por JNJ, si se inicia un proceso disciplinario como consecuencia de esta investigación preliminar.
No obstante, se mostraron preocupados de que el proceso contra el jefe de la ONPE se vaya a realizar de manera exprés.
Urviola señaló que la investigación preliminar “es pertinente” e indicó que lo ocurrido es “irresponsabilidad” de Corvetto.
“Si bien esta investigación es competencia de la junta, espero que este proceso se haga oportunamente y no de forma apresurada, en la medida en que está en curso un proceso electoral que podría sufrir alteraciones si es que se produce un relevo inesperado en la titularidad de ese organismo”, resaltó.
El expresidente del TC advirtió que cualquier sanción contra Corvetto podría tener repercusiones en la segunda vuelta.
“Espero que esta facultad la ejerza sin apresuramientos y respetando el debido proceso”, subrayó.
Una opinión similar tuvo Andía. El exviceministro de Justicia dijo que aunque es importante investigar lo que pasó, bajo su mirada, la decisión de la JNJ ha sido “política”. Sobre esa, base estimó que se acelerará la investigación con miras a suspenderlo.
“El procedimiento es que se inicie una investigación preliminar, en la que el ponente puede pedir al investigado sus descargos. Si la junta lo ve conveniente puede pasar directamente al procedimiento saltándose las etapas o haciendo un procedimiento exprés. Puede aplicar los criterios que se usaron en casos como el de Patricia Benavides”, opinó.
Fiscal de la Nación señala lineas de investigación: grave negligencia y presunta colusión
En diálogo con el podcast, Siempre a las 8, con Milagros Leiva, El Comercio, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, puntualizó que hay dos líneas de investigación, una de ellas la presunta comisión del delito de colusión entre funcionarios de la ONPE y la empresa [Galaga, encargada de la distribución del material electoral].
Se “presume la existencia de una concertación ilegal que puede dar origen o que puede demostrar la existencia del delito de colusión”, insistió.
Gálvez, además, advirtió una “grave negligencia”, en especial, del jefe de la ONPE.
“Ha habido una negligencia total para llevar a cabo el proceso electoral, que se tiene que investigar (….) en las autoridades de la ONPE especialmente de su jefe que tenía que estar a la altura de las circunstancias porque esta es la principal demostración sobre si trabaja o no trabaja”, afirmó.
Gálvez expresó su indignación con respecto a la selección de la empresa responsable de trasladar el material electoral.
“Es una empresa que ha tenido varias penalidades, ya ha sido sancionada por la misma ONPE. ¿Cómo es posible que vuelva a ganar una licitación para el caso más álgido, para el caso más importante del Perú, el proceso electoral? Entonces, eso va a tener que investigarse a profundidad”, cuestionó.
En otro momento, explicó que no correspondía detener al jefe de la ONPE en flagrancia, como lo pidió el candidato Rafael López Aliaga, pues – a su juicio- no se advierte un delito en flagrancia sino una grave negligencia.
Este lunes en la mañana se conoció además que la Dirección de la Policía contra la Corrupción detuvo en flagrancia al gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé Blas, por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Corvetto reconoció, el domingo, la falla y ofreció “disculpas personales e institucionales”, atribuyendo el problema al incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga. Asimismo, señaló que se allana a las investigaciones.
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En tanto, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó a Corvetto y al presidente del JNE, Roberto Burneo, a la sesión de este martes 14 de abril, a partir de las 2 pm. Ello con el fin de que informen los motivos que desencadenaron esta situación y las medidas correctivas y planes de contingencia adoptados frente a lo ocurrido.
Este es el pliego de consultas que deberán responder los titulares del JNE y la ONPE
• Las causas estructurales, técnicas y operativas que dieron lugar a las graves irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril de 2026;
• Las responsabilidades funcionales y administrativas derivadas de dichas fallas, así como las acciones adoptadas o por adoptarse para su determinación y eventual sanción;
• Los procesos de contratación de proveedores tecnológicos y logísticos vinculados al proceso electoral, incluyendo los criterios de selección, supervisión y control aplicados;
• Las fallas específicas del sistema digital electoral, las pruebas realizadas previamente y las razones por las cuales no se previeron mecanismos eficaces de contingencia;
• Las medidas correctivas inmediatas implementadas y los planes de contingencia destinados a garantizar la continuidad, transparencia y legitimidad del proceso electoral;
• Los criterios técnicos, normativos y procedimientos que regirán la aplicación de la valla electoral y del método de la cifra repartidora, asegurando predictibilidad y respeto a la voluntad popular;
• Las garantías concretas adoptadas para restablecer la confianza ciudadana en los resultados del proceso electoral.
