JNJ abre investigación a Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez: ¿qué implicancias tiene la declaración de Jaime Villanueva?

En su declaración como testigo ante la fiscalía que indaga a Patricia Benavides, Jaime Villanueva atribuyó al periodista Gustavo Gorriti una supuesta “dirección” del Caso Cocteles, a cargo de José Domingo Pérez y, en segunda instancia, de Rafael Vela.

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Además, dijo que Pablo Sánchez archivó una investigación a Martín Vizcarra para que este pudiera asumir la presidencia en el 2018. También ratificó su versión sobre los vínculos de Patricia Benavides con Fuerza Popular y refirió que la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos pidió que se “trate de no hacer nada” ante un testimonio que involucraba a Vizcarra en presuntos actos de corrupción. Ávalos, hoy inhabilitada por el Congreso, no fue incluida en las pesquisas de la JNJ.

Según conoció El Comercio, en la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público también se iniciaron indagaciones tras conocerse la nueva declaración de Jaime Villanueva.

Si bien no se precisó qué fiscales son investigados por la ANC, sus competencias solo les permiten indagar a Rafael Vela y José Domingo Pérez. Como supremos, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos solo pueden ser indagados por la JNJ.

Rafael Vela cumple desde noviembre una suspensión de ocho meses dictada por la ANC del Ministerio Público, tras la cual fue separado como coordinador del equipo especial Lava Jato. El grupo es hoy liderado por su exadjunto, Elsie Garavitto.

Esa sanción es uno de los puntos por los que la fiscal suprema Delia Espinoza investiga a Patricia Benavides, debido a que Jaime Villanueva ha declarado que la suspensión fue coordinada por la ex fiscal de la Nación mediante presiones al jefe de la ANC, Antonio Fernández Jerí.

En tanto, José Domingo Pérez permanece en el equipo especial Lava Jato. Allí está a cargo de los juicios del expresidente Alejandro Toledo, del caso del Metro de Lima y de Keiko Fujimori por el Caso Cocteles, que se iniciará el 1 de julio.

Posturas

Para el penalista Andy Carrión, lo declarado por Villanueva sí justificaba el inicio de indagaciones disciplinarias a nivel de la JNJ y la ANC para “dilucidar si hubo interferencias externas en sus casos por parte de terceras personas o si se circunscribía a una cooperación informativa”.

Sin embargo, cuestionó que sus dichos sean suficientes para una indagación penal y remarcó que “no es ilícito que un periodista acceda a información privilegiada” y solo sería irregular si se “intercede para que la investigación se direccione”. También consuideró improbable que los dichos afecten el inicio del juicio del ‘Caso Cócteles’, como han alegado desde el fujimorismo.

El exprocurador César Azabache consideró que es la fiscal Delia Espinoza, a cargo de la investigación a Patricia Benavides, quien debe evaluar cuáles de los dichos de Jaime Villanueva tienen relevancia penal y que son sus declaraciones sobre los supuestos vínculos entre Benavides y el fujimorismo donde hay información más abundante.

En tanto, consideró que las menciones de Jaime Villanueva a estos fiscales no tienen la misma contundencia que el caso que llevó a la suspensión de Benavides: “Los riesgos procesales que representaba su permanencia en la Fiscalía de la Nación solo serían comparables a referencias que involucren al señor Juan Carlos Villena, actual fiscal de la Nación”.

Según el penalista Enrique Ghersi, la declaración de Villanueva es “de máxima importancia” y “amerita que se inicien investigaciones, porque hay posibles responsabilidades disciplinarias y también en el ámbito penal”. A su criterio, Keiko Fujimori sí podría cuestionar el inicio del juicio y el desarrollo de su proceso judicial a partir del testimonio.

Además, Ghersi dijo que los posibles delitos por investigarse deben ser determinados por la fiscal Delia Espinoza y que los fiscales supremos implicados, desde Patricia Benavides hasta Pablo Sánchez, podrían ser acusados constitucionalmente en el Congreso.

El exprocurador Antonio Maldonado rechazó que el testimonio por sí solo sea suficiente para iniciar investigaciones y cuestionó el contexto en que se filtró la declaración.

Por otro lado, indicó que en el Perú es común que las investigaciones penales se apoyen en la prensa de investigación, sin que ello signifique una subordinación.