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A pocos días de las Elecciones Generales 2026, donde se elegirá al presidente, los congresistas, senadores y otras autoridades, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acreditó a 487 observadores internacionales para supervisar los comicios peruanos.
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Jose Alfredo Pérez Duharte, director de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales del JNE, destacó que esta presencia masiva actúa como un respaldo institucional, ya que garantizan transparencia y legitimidad.
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Entre las delegaciones que observarán el proceso electoral peruano destaca la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ha desplegado una Misión de Observación Electoral (MOE) compuesta por más de 90 especialistas de 22 países.
Bajo la dirección de Víctor Rico Frontaura, este equipo analizará áreas críticas como el financiamiento político, la justicia electoral y el uso de tecnología.

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Por su parte, la Unión Europea (MOE UE) reforzó su equipo con la incorporación de 50 observadores de corto plazo, sumándose a los 50 que ya operan en los distintos departamentos del país desde marzo.
Además, los equipos de observadores de largo plazo de los departamentos de Madre de Dios, La Libertad y Arequipa estuvieron presentes en las jornadas de capacitación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ejército.
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Estos grupos mantendrán reuniones con autoridades y candidatos para recoger testimonios directos sobre el desarrollo de la jornada.
A nivel nacional, la vigilancia ciudadana también registra cifras significativas, pues el JNE informó que la Asociación Civil Transparencia acreditó a casi 4,000 observadores nacionales, fortaleciendo la red de fiscalización civil.
Tras la votación del domingo, estas delegaciones emitirán informes preliminares con recomendaciones para optimizar los mecanismos electorales y garantizar el correcto e imparcial procedimiento en caso de segunda vuelta.
Cabe señalar que esta representa la vigesimocuarta misión que la Organización de los Estados Americanos despliega en el país, y su ejecución es posible gracias al financiamiento brindado por los gobiernos de Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Suiza.













