El presidente de la República, José Jerí, inició su gira nacional en Huánuco con una revelación que generó preocupación en torno al manejo de información penitenciaria: existe una base de datos con las llamadas realizadas desde los penales del país que no habría sido utilizada en diez años para combatir la delincuencia.
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El mandatario lanzó cuestionamientos directos sobre la inacción del Estado frente a esta información, cuya existencia —según dijo— debió servir para desarticular extorsiones, asesinatos y otros delitos planificados desde las cárceles.
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“¿No será que acaso algunas otras autoridades con esa información se hicieron de la vista gorda y voltearon su cara para otro lado para evitar enfrentar la delincuencia? ¿O tal vez tuvieron algún tipo de participación en ella?”, expresó Jerí durante el Noveno Consejo de Estado Regional, su primera actividad oficial al interior del país como jefe de Estado.
El presidente explicó que estos registros vienen siendo gestionados por el Estado a través de empresas privadas desde que se implementaron los bloqueadores de señal hace una década. Para Jerí, disponer de diez años de comunicaciones penitenciarias habría permitido anticipar numerosos actos criminales. “Diez años de llamadas, diez años de planificación de atentados, extorsiones y asesinatos. ¿Cuántos homicidios se hubieran evitado si se hubiera tomado la decisión política de actuar con lo que ya teníamos a la mano?”, cuestionó.
El jefe de Estado anunció que su Gobierno iniciará una revisión exhaustiva para determinar por qué esta base de datos no fue procesada ni empleada con fines de seguridad. Indicó que se investigará al INPE y a las entidades estatales vinculadas a la administración del sistema de control de llamadas, con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades por omisión, negligencia o encubrimiento.
Durante su intervención, Jerí también afirmó que existen resultados parciales del estado de emergencia decretado por criminalidad. “No son suficientes, obviamente, pero hay la voluntad y ahí los primeros resultados”, señaló, agregando que el ministro del Interior y el comandante general de la Policía presentarán públicamente los avances en las próximas semanas.
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Agenda cívica en instituciones públicas
Antes del Consejo Regional, el mandatario visitó la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, donde defendió la norma que obliga a izar la bandera y entonar el himno nacional en todas las entidades públicas.
La medida forma parte de una agenda cívica impulsada por el Ejecutivo para reforzar la identidad nacional en el marco del periodo de emergencia.
