El presidente José Jerí enfrenta dos casos que avanzan en paralelo: uno por sus encuentros no transparentados con el empresario chino Zhihua Yang y otro por las contrataciones con el Estado de jóvenes que previamente ingresaron a su despacho. Ambos registraron avances el miércoles 4 de febrero, en la Comisión de Fiscalización del Congreso y en la Contraloría General de la República, respectivamente.
Ante la Comisión de Fiscalización, el secretario general de la Presidencia, Roberto Villanueva Haro, reveló que el empresario Yang ingresó a Palacio en cuatro oportunidades: el 24 de octubre, el 12 y 29 de diciembre del 2025 y el 5 de enero de 2026. Además, informó que Ji Wu Xiaodong acudió el 12 y 29 de diciembre y el 5 de enero, a pesar de contar con una orden de arresto domiciliario.
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Según precisó Villanueva, esos ingresos fueron autorizados por las áreas de Comunicación y Actividades de la Presidencia y respondieron a coordinaciones vinculadas a la organización del Día de la Amistad Perú–China.
“En ninguna de estas visitas se reunieron con el presidente ni con ministros. [ …] Solo se tocaron actos preparatorios para la realización del Día de la Amistad Perú – China”, dijo ante los congresistas.
No obstante, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Elvis Vergara (Acción Popular), puso en duda esa versión.“Tenemos conocimiento que la Embajada China ha contestado que las reuniones preparatorias del Día de la Amistad Peruano – China se hicieron con el Ministerio de Relaciones Exteriores y no con Palacio de Gobierno”, dijo.
Villanueva respondió que las primeras gestiones sí se realizaron en Palacio. “Los actos preparatorios iniciales fueron dentro del despacho presidencial a cargo de mi secretaría general, en coordinación con el área de Actividades y el área de Comunicaciones. […] [Luego] el presidente dispuso que lo vea el Ministerio de Cultura, por lo cual se cambió de sede”, explicó.
Reuniones fuera de agenda
Durante la sesión, Villanueva negó omisiones en la agenda del presidente, donde no se consignaron sus encuentros con el empresario Yang en un chifa y en un local clausurado en el Centro de Lima.
“No ha existido omisión alguna en la agenda del señor presidente de la República. Se registran las actividades de carácter oficial. Las actividades personalísimas están fuera de este ámbito […] No ha existido ninguna vulneración del código de ética de la función pública”, señaló.
La explicación no disipó las dudas de los congresistas, quienes insistieron en la necesidad de transparentar encuentros con empresarios que luego mantienen vínculos comerciales con el Estado.
Los parlamentarios también cuestionaron el ingreso a Palacio de Ji Wu Xiaodong pese a la orden de arresto domiciliario. Villanueva reconoció una falla en el sistema de control de accesos.
“Se ha detectado debilidad del sistema que se está solucionando. Se está reforzando el sistema de control de acceso para facilitar la interoperabilidad con el Poder Judicial, el Ministerio Público y las comisarías a fin de conocer en tiempo real la existencia de medidas restrictivas sobre visitantes”, dijo
La visita a Market Capón
En la misma sesión, la comisión recibió a la gerenta de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima, Mariella Falla, quien se refirió a la clausura de un negocio de Zhihua Yang en el Centro de Lima, el mismo que fue visitado por Jerí el pasado 6 de enero.
Falla indicó que la clausura se dio en el marco de una inspección de rutina de la campaña “Navidad Segura”. “Se constató que el giro del negocio es la venta al por menor, pero se encontró el rotulado que decía venta por mayor, entonces se procedió a la clausura temporal”, dijo.
La funcionaria precisó que el cierre fue levantado luego de que Yang subsanara la observación. “El levantamiento fue resuelto porque se subsanó. Presentó fotografías que fueron verificadas por nuestro personal, que ya no estaba el rotulado de venta al por mayor. En el presente caso se ha actuado dentro de la ley”, afirmó.
Falla precisó que la clausura se realizó conforme a la Ley 31914, sobre licencias de funcionamiento.
Ante las consultas de los congresistas presentes en la sesión, la funcionaria señaló que no era posible realizar compras en un local clausurado. “Estaba en condición de clausurado. No podía realizar venta ni atención al público… Él [Jerí] ha señalado que no hubo compra, sino unos regalos. En ese sentido, el administrado [Yang] no incurrió en ninguna falta”, dijo.
La funcionaria reiteró que, de haberse producido una transacción comercial, se habría configurado un desacato. “El administrado no puede realizar la actividad comercial. […] Si el seis de enero el señor ha realizado una venta, entonces ahí hay un desacato… [pero] el mismo presidente ha dicho que no hubo venta”, precisó.
El pasado 21 de enero, Jerí declaró ante la Comisión de Fiscalización: “Yo fui a comprar y no se me permitió poder pagar. Fue una gentileza”.
El rol de Indecopi
Durante la misma sesión, el presidente ejecutivo de Indecopi, Alberto Villanueva Eslava, fue consultado sobre una resolución del organismo que anuló una ordenanza municipal que permitía cerrar negocios por usar sus instalaciones como almacenes en el Centro de Lima.
Villanueva negó cualquier tipo de interferencia. “No he recibido ninguna llamada del presidente”, afirmó. En referencia a Yang, añadió: “No se ha producido ninguna visita de ese ciudadano ni de nadie. Absolutamente nadie me ha llamado ni por teléfono ni por cualquier otra vía”.
Contratos bajo la lupa
Mientras el Ejecutivo intentaba aclarar las visitas y reuniones del mandatario, otro frente se abrió desde la Contraloría General de la República.
Mediante un oficio, el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Presidencia, Edwin Deza Julca, solicitó al Despacho Presidencial información sobre las contrataciones de cinco mujeres que visitaron previamente al presidente Jerí en Palacio.
El requerimiento incluye los expedientes de órdenes de servicio o contratos suscritos a nombre de Cristina Beraun Rojas, Fiorella Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva, así como comprobantes de pago, conformidades de servicio y otros documentos.
En paralelo, la jefa del OCI del Ministerio del Ambiente, Gloria Cárdenas Timoteo, dispuso la recopilación de información sobre la contratación de Guadalupe Vela Ramírez. La misma medida fue adoptada por la jefa encargada del OCI del Ministerio de Educación, Elizabeth Jaramillo Narváez, por la designación de Violeta Emperatriz Otero Bea como jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud.
El origen de estas pesquisas se remonta a un reportaje del programa “Cuarto Poder”, que reveló que jóvenes profesionales que ingresaron al Despacho Presidencial, en algunos casos en días feriados o en horarios nocturnos, posteriormente obtuvieron contratos con el Estado.
Reacción
El último martes, Palacio emitió dos comunicados sucesivos. El primero no solo rechazó los cuestionamientos, sino que anunció que se evaluaban “las acciones legales correspondientes” contra los medios. Ese documento fue retirado horas después y reemplazado por otro que ya no mencionaba posibles acciones judiciales.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su “profunda preocupación” por estos pronunciamientos. Precisó que se estigmatiza a la prensa y se afecta los principios de transparencia y rendición de cuentas.
En tanto, el ministro de Justicia, Walter Martínez, intentó cerrar la controversia en declaraciones al podcast “Siempre a las 8”, de El Comercio.
Martínez señaló que el último comunicado es el único válido y aseguró que no habrá represalias contra periodistas. “Desde el gobierno somos absolutamente respetuosos de la libertad de expresión. No hay ningún tipo de acción que se vaya a tomar contra el periodismo”, dijo.
Martínez sostuvo que el Ejecutivo no busca confrontar con la prensa, sino aclarar los hechos.
Los resultados de ambos casos marcarán los próximos pasos del Congreso y de los organismos de control en torno al presidente.
