El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, minimizó el impacto del retraso de la instalación de las mesas de sufragio en Lima y las fallas en el sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) usado en la primera vuelta de las Elecciones Generales del 2026.
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Pachas también defendió que el organismo haya usado el STAE al señalar que “la matriz de elección congresal era muy complicada y muy difícil de manejar para los electores y miembros de mesa”. No obstante, dijo que el plan de contingencia si este sistema fallaba era la votación convencional.
“El almacenamiento de los resultados en el forma encriptada, STAE opera sin conexión a Internet, no hay uso de biometría, cifra los resultados, no se conocen los resultados de cada mesa que se transmiten a la ONPE […] Por lo tanto, el STAE aseguró la integridad, la autenticidad de la información, con tecnología segura y respaldo en cada etapa del proceso electoral: instalación, sufragio y escrutinio ”, indicó.
Pachas afirmó que toda la información sobre este sistema fue remitida al JNE, como sus versiones de capacitación, simulacro y la que se usó en la jornada del 12 de abril. Esta última se entregó el último 19 de marzo.
Asimismo, indicó que de las 29,266 mesas STAE proyectadas, se lograron instalar 26,695, mientras que 2,571 no pudieron aplicar el sistema. En Lima y Callao, las mesas que utilizaron el STAE registraron solo un 4% de actas observadas (5.244), a diferencia de las elecciones del 2021, cuando no se empleó este sistema y el porcentaje de observaciones alcanzó el 17.84% (14.994).
El representante de la ONPE dijo que la segunda vuelta será menos complicada porque solo se elegirá entre dos contendientes y la hoja de escrutinio será mucho más sencilla que en la primera vuelta, lo mismo en el caso del conteo de votos. “Por lo tanto, no tendremos STAE en esta segunda vuelta”, expresó.
Pachas dijo que será decisión del nuevo jefe de la ONPE si el STAE se usará en las Elecciones Regionales y Municipales.
Sobre las actas 900.000, explicó que la habilitación de mesas de votación en centros poblados es una estrategia implementada por la ONPE para generar mayor accesibilidad al voto desde el 2006. En estas elecciones, la implementación de esta estrategia fue dirigida a 1.109.147 electores de mesas de votación en centros poblados.
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Cuestionamientos
Diversos parlamentarios como Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), Gladys Echaíz (Honor y Democracia), Noelia Herrera, Norma Yarrow, Alejandro Muñante (Renovación Popular), Wilson Soto, Luis Aragón, Maricarmen Alva (Acción Popular), Alejandro Cavero (Avanza País), Edward Málaga (No agrupados) cuestionaron que Pachas minimice el impacto en el retraso en la instalación de las mesas en Lima Metropolitana.
También consultaron por el lote 900 mil de los centros poblados, la aplicación del STAE y si el organismo estaría dispuesto a pasar por una auditoría internacional.
Aguinaga consultó cuáles fueron los criterios para seleccionar 1.900 centros poblados de los 90 mil que tiene el país. Herrera, a su turno, hizo la misma pregunta y también cuestionó que se diga que no se “puede alterar el cronograma electoral” bajo el argumento de que “no se han alterado derechos”.
Por su parte, Wilson Soto subrayó que para estas elecciones los organismos electorales exigieron que se les dote de un mayor presupuesto. “41 millones de soles para laptops e impresoras que no funcionaron, nadie dice nada […] Usted fue gerente general de la ONPE en la gestión de Piero Corvetto y por lo tanto tenía gran responsabilidad en llevar a cabo un proceso electoral limpio, lo que no está ocurriendo”, dijo. También cuestionó al presidente del JNE y pidió que evalúe su renuncia.
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Muñante preguntó dónde quedaron los alcances del artículo 31 de la Constitución y por qué el JNE ha rechazado la nulidad, siquiera de las mesas que se instalaron de forma extemporánea. “¿Acaso aquí no vale el derecho de los ciudadanos que fueron vulnerados el día 12 de abril […] O es que acaso estamos soslayando un discurso discriminador contra los electores limeños?”, expresó. El congresista de Renovación Popular se sumó al pedido de la renuncia de Burneo.
Echaíz se sumó a las críticas por la ausencia de Burneo. “Como garante de la transparencia de un proceso electoral y con la función de fiscalizador que tiene ha debido venir a esta reunión a efectos de transmitirle a la población el conocimiento real que tiene de todo lo ocurrido en este proceso electoral”, apuntó. La parlamentaria recordó, además, que los ciudadanos tienen derecho a votar en igualdad de condiciones.
De otro lado, cuestionó que Pachas haya minimizado el retraso en las mesas y las fallas del sistema y le preguntó sobre su labor como gerente de la ONPE en la gestión de Piero Corvetto y su responsabilidad por la ineficiencia del proceso. “¿Qué supervisó el gerente? ¿Estuvieron ahí los fiscalizadores del JNE? […] ¿Usted no es responsable de garantizarle el voto a ese 1%? […] ¿Acaso en procesos anteriores no ha ganado la elección por unas mínimas diferencias? […] Entonces, por qué minimiza usted que sea un 1% el que no haya podido expresar su voluntad de debido a las limitaciones conscientes de los miembros del órgano encargado de realizar las elecciones?”, consultó la parlamentaria.
(Foto: Joel Alonzo /GEC)
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Maricarmen Alva y Alejandro Cavero hablaron sobre irregularidades en la Universidad de Lima y otros locales de votación en Surco. “Si esto hubiera pasado en mesas del sur, la gente de izquierda estaría rabiosa […] Creo que este es un grave golpe a la legitimidad del proceso. ¿Qué garantías nos dará a los peruanos de que esto no volverá a ocurrir?”, señaló el parlamentario de Avanza País.
Málaga dijo que, si bien la Ley Orgánica de Elecciones no contempla muchas cosas, para eso está la Constitución y el Congreso. “Finalmente, este debate va a terminar en el Tribunal Constitucional. Quienes argumentan que el cronograma electoral es importantísimo e inviolable están hablando del artículo 116 de la Constitución, no de miles de normas”, aseveró.
Cabe resaltar que el artículo 116 establece que el Presidente de la República presta juramento de ley y asume su cargo ante el Congreso de la República el 28 de julio del año en que se realiza la elección.
Para Málaga, por encima de un plazo organizativo está el derecho constitucional que tienen los ciudadanos de elegir y ser elegidos. El parlamentario dijo que “está en juego la legitimidad del sistema” y “la credibilidad de nuestra democracia”.
Yarrow, a su turno, preguntó al jefe de la ONPE si su organismo estaría dispuesto a pasar por una auditoría por una empresa internacional.
En tanto, Ruth Luque (Bloque Democrático) cuestionó a sus colegas, en especial de Renovación Popular, por “usar la Comisión de Constitución para seguir extendiendo un relato de perdedores”. “Si de ilegalidades vamos a hablar: una primera ilegalidad es que el 13 de abril se hayan permitido elecciones, sin ninguna base legal; segunda ilegalidad, que la Junta Nacional de Justicia haya aceptado la renuncia del señor Piero Corvetto cuando ese cargo es irrenunciable […] otra ilegalidad es hablar sobre la nulidad de elecciones”, expresó.
Pachas admitió que lo ocurrido el 12 de abril “fue un error garrafal” que derivó en una reunión con el pleno del JNE en la que se decidió extender las elecciones hasta el 13 de abril. Añadió que sumaron una denuncia a la interpuesta por el JNE con la finalidad de “conocer la verdad” sobre lo ocurrido.
Asimismo, indicó que han realizado cambios de personal en la parte administrativa de la ONPE donde se realizan las contrataciones.
Resaltó que se invitó a todos los partidos para que puedan conocer cómo funciona su sistema de cómputo y el STAE. También mencionó la auditoría que pasó su organismo en noviembre del 2025 llevada a cabo por una empresa internacional, cuya contratación tuvo seguimiento de la Contraloría General de la República.
Además, anunció que se someterán a una nueva auditoría luego de la segunda vuelta. Sin embargo, no dijo nada sobre la que dispuso el JNE. Sobre la propuesta de Yarrow, advirtió que es muy “delicado” entrar al sistema de cómputo en pleno desarrollo del conteo de votos . “Sobre una nueva auditoría, habría que preguntarnos cuándo va a ser, quién la va a pagar, cuál es la empresa porque en estos momentos estamos en el cierra de la elección, porque se tienen que proclamar los resultados de la fórmula presidencial”, cuestionó.
Añadió que, si bien es importante recuperar la confianza y revertir la mala opinión, no se puede despedir a todo el personal. “No se trata de hacer tabula rasa sino mejorar los aspectos en lo que hemos fallados”, dijo.
DATO
- En la sesión también participaron los especialistas en derecho constitucional Domingo García Belaunde, Jorge Luis Cáceres Arce, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y Elías Jesús Silva Huallanca. Este último señaló que las actas del lote 900 mil carecen de base legal.
