Javier Milei suspende privatización de la petrolera estatal YPF

La petrolera estatal argentina YPF S.A. quedó fuera de la lista de empresas que el gobierno de Javier Milei pretende privatizar.

La decisión forma parte de las modificaciones que el Ejecutivo introdujo en el proyecto de ley ómnibus que se debate actualmente en la Cámara Baja del Congreso para su aprobación.

“Es la señal más clara hasta ahora de que el libertario de línea dura Milei, cuyo partido solo cuenta con una minoría en el Congreso, está dispuesto a hacer concesiones para impulsar un paquete de reformas radicales que destrozaría el tejido de la economía intervencionista de Argentina para construir un refugio de libre mercado”, señala Bloomberg.

Dentro de las modificaciones en el capítulo privatizaciones, también figura que para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

LEE TAMBIÉN | Argentina ya es el país con mayor inflación del mundo tras superar al Líbano y Venezuela

La eliminación de YPF o los cambios para Banco Nación han sido interpretados como concesiones a distintos grupos políticos, con el fin de lograr el respaldo de la Cámara de Diputados en los próximos días, según informe Ep.

En diciembre del año pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni, dijo que las 41 empresas públicas argentinas que figuran en el macroproyecto de ley enviado al Congreso de la Nación no serán necesariamente privatizadas.

“Que las empresas estén sujetas a privatización no implica que se vayan a privatizar. Hay empresas que deben sanearse, pero serían imposibles de privatizar”, puntualizó el vocero en una conferencia de prensa celebrada en la Casa Rosada.

YPF tiene el estatus de sociedad anónima y el Estado argentino y las provincias productoras de hidrocarburos poseen el 51 % de las acciones. El 49 % restante cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.

La petrolera fue adquirida en 2013 por el Estado durante el Gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) en una polémica operación que acabo en los tribunales de EE.UU., donde Argentina fue condenado a pagar US$ 16.000 millones.