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Perú enfrenta recurrentemente emergencias y desastres climáticos, con impactos sobre la infraestructura, la actividad productiva y el bienestar de los hogares. Como en otras ocasiones ante la amenaza de lluvias intensas, el Gobierno decretó estado de emergencia, esta vez en más de 170 distritos.
Perú enfrenta recurrentemente emergencias y desastres climáticos, con impactos sobre la infraestructura, la actividad productiva y el bienestar de los hogares. Como en otras ocasiones ante la amenaza de lluvias intensas, el Gobierno decretó estado de emergencia, esta vez en más de 170 distritos.
El problema principal no es la ocurrencia de choques climáticos, sino la brecha de preparación del Estado y las deficiencias en la gestión adecuada del riesgo.
Creciente ocurrencia de desastres
La frecuencia de desastres se ha incrementado en los últimos 20 años. Según Indeci, las emergencias por desastres se multiplicaron por más de cuatro de 3.300 en 2003 a 14.000 en 2024.
Este aumento se observa en fenómenos climatológicos como lluvias intensas, vientos fuertes y bajas temperaturas (heladas), que en conjunto concentran más de la mitad de las emergencias registradas.
En esta tendencia, las lluvias intensas se incrementaron casi diez veces y, al 2024, representan más de un tercio de las emergencias. Esto eleva la probabilidad de inundaciones y deslizamientos. Además, las lluvias intensas se concentran en pocas regiones: en los últimos 5 años, Ayacucho (18%), Cajamarca (12%) y Huancavelica (12%) concentran casi la mitad de los registros.
Informe IPE
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El riesgo tampoco impacta de manera homogénea. Entre 2015 y 2024, el 23,1% de los hogares rurales reportó haber sido afectado por desastres naturales, más de 6 veces que en las zonas urbanas, reflejando mayor exposición y vulnerabilidad.
Asimismo, la respuesta recae principalmente en las personas. Según el INEI, las estrategias más frecuentes para afrontar la emergencia son el apoyo de familiares (19,2%), la reducción del consumo de alimentos u otros gastos (12,6%) y el uso de ahorros o capital (8,5%). En contraste, solo el 4,1% de los hogares reportó haber recibido ayuda del gobierno.
Impactos y respuesta estatal
En línea con el pronóstico de lluvias entre febrero y abril de 2026, el Cenepred estima que 11,2 millones de personas están expuestas a inundaciones. Asimismo, la infraestructura también enfrenta una alta vulnerabilidad: más de 35,5 mil colegios, 7,3 mil hospitales y 3,6 millones de viviendas enfrentan riesgo de inundación.
Los daños potenciales amenazan la infraestructura y la producción. Según Cenepred, cerca de 2 millones de hectáreas de superficie agrícola están expuestas a riesgo por inundaciones, y las regiones con mayor proporción de áreas en riesgo son Ica, Lambayeque y Tumbes.
Pese a este escenario, solo 30,5% de las entidades públicas tienen un plan de prevención y reducción del riesgo de desastres aprobado y vigente. Esta brecha limita la capacidad estatal para prevenir y mitigar impactos, al desaprovechar herramientas como catastros e identificación de zonas vulnerables, clave para restringir la expansión en zonas de alto riesgo.
Informe IPE
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Carlos Rueda, director general de Escuela R, estima que, priorizar el desarrollo de planes de gestión del riesgo en las 100 municipalidades más vulnerables, cubriría al 50% de la población total.
Además, la trayectoria de la inversión pública no ha acompañado el aumento del riesgo. En los últimos 10 años, la inversión pública real para la gestión del riesgo de desastres se mantuvo en torno a S/741 millones anuales. Aunque mejoró la capacidad de ejecución, la asignación presupuestal para 2026 (S/ 714 millones), 31% menor a 2024, se mantuvo consistente con el monto promedio de ejecución.
La creciente exposición a choques climáticos exige que la prevención y reducción del riesgo ocupen un lugar central en la agenda pública. No obstante, de los 35 planes de gobierno, cinco (Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Partido Patriótico, Partido Unido Perú, Perú Acción y País para Todos) no incorporan medidas para prevenir y gestinar los riesgos por lluvias e inundaciones.
Fortalecer la planificación, fomentar el aseguramiento frente a riesgos en el Estado y orientar la inversión hacia infraestructura resiliente disminuirá los costos fiscales y sociales de la atención de emergencias.
