El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó los resultados de la tercera edición de su iniciativa “Los principales economistas opinan”, que recoge información mensual sobre los temas más urgentes de la coyuntura económica y de las políticas públicas. En la edición de marzo 2026, participaron 85 especialistas.
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Principales resultados
Basado en los planes de gobierno y/o declaraciones de los candidatos, 92% de los encuestados considera riesgosas o muy riesgosas a las propuestas de incrementar agresivamente el gasto público rígido (como pensiones y planilla pública) y el uso de las RIN para el financiamiento fiscal. “Esto resulta preocupante dado que el gasto público rígido ya representa 62% del total y la reciente aprobación de leyes por parte del Congreso agrega presiones sobre el presupuesto”, indicó el IPE.
Asimismo, el uso de las RIN resulta inadecuado pues su finalidad, como herramienta del Banco Central de Reserva (BCR), es reducir la volatilidad del tipo de cambio. En esa línea, señalaron que el país ya cuenta con mecanismos para financiar gastos como el Fondo de Estabilización Fiscal. También existe consenso acerca de otras iniciativas con alto riesgo: alrededor del 90% de economistas evalúa como riesgosas o muy riesgosas a las propuestas de incorporar controles de precios; la revisión de todos los contratos-ley; ampliar rigideces y sobrecostos del mercado laboral; aumentar la actividad empresarial del Estado, entre otros.
Cabe destacar que, de los partidos con mayor intención de votos, Juntos por el Perú contiene todas las propuestas consideradas de mayor riesgo por los economistas consultados. Existe consenso sobre los proyectos de ley que impulsan el gasto público. El informe precisó que el 95% de los encuestados consideró que se deben observar estos proyectos de ley y presentar demandas de inconstitucionalidad en los casos que corresponda.
Esto resulta crítico tras la reciente aprobación por parte del Congreso de leyes que agregan más de S/11 mil millones adicionales cada año al gasto público (pensiones a docentes y militares y beneficios a trabajadores CAS). La encuesta a los economistas se realizó previo al pronunciamiento del Consejo Fiscal, pero ambos coinciden en la gravedad de la irresponsabilidad y populismo del Congreso y del Ejecutivo, y en el duro impacto que tiene sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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“La crisis de los combustibles necesita medidas eficientes”, subrayó el IPE. Ante el alza en los precios de los combustibles, que crecieron hasta en 27% en la primera quincena de marzo, las autoridades impulsarían el uso de subsidios y exoneraciones con un alto impacto fiscal. En un episodio similar (2022), esto tuvo un costo de más de S/4. 200 millones. Así, 53% de los encuestados enfatizó sobre la necesidad de mecanismos más focalizados y/o más efectivos para aliviar el efecto negativo del incremento de precios sobre la demanda. No obstante, otro 48% opina que se debe seguir utilizando el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).
Fortalecer la gobernanza y el primer nivel de atención para atender la crisis en Essalud es otro punto que consideró el informe. “La institución atraviesa una crisis profunda. Incluso cuando su presupuesto aumentó 30% en la última década, la provisión de servicios como las horas médicas programadas apenas crecieron 11%”, remarcó el IPE. Para los economistas, las prioridades para resolver sus deficiencias radican en mejorar su gobernanza institucional (59%), antes que cualquier nuevo incremento presupuestal (1%).
Reconociendo las graves deficiencias para la atención efectiva de los asegurados, 49% consideró que se debe fortalecer el primer nivel de atención. Ello se lograría abriendo paso a una mayor participación privada en la prestación de los servicios, vía asociaciones público-privadas (36%) o la interoperabilidad de los sistemas públicos y privados para que el asegurado elija dónde atenderse (27%).
Finalmente, en marzo, los riesgos de corto plazo para la economía cambiaron. Respecto a la edición previa, la inseguridad ciudadana y la expansión del crimen organizado (45%), el deterioro de las finanzas públicas (44%) y la incertidumbre global (33%) desplazaron a la inestabilidad política, el proceso electoral y los riesgos climáticos como los principales riesgos a la economía.
Terminada la transición política de febrero, estos cambios en principales riesgos ocurren en un contexto de escasa reacción del Ejecutivo para combatir el crimen; un Congreso de la República que afecta gravemente la institucionalidad fiscal y un nuevo anuncio de salvataje a Petro-Perú; y el conflicto en oriente medio y su impacto en el precio de los combustibles, entre otros.
