La agenda de inversión pública del nuevo gobierno enfrenta dos retos simultáneos: en el corto plazo atender las necesidades derivadas del inminente fenómeno de El Niño (FEN) en materia de prevención, reconstrucción y continuidad de obras; y en el mediano plazo, cerrar las grandes brechas históricas que persisten en materia de infraestructura de transportes, energía, agua y saneamiento, irrigación y en sectores sociales. Si bien existe una agenda importante en materia de promoción de la inversión privada en estos sectores, aquí nos referiremos a la relacionada a la inversión pública.
La agenda de inversión pública del nuevo gobierno enfrenta dos retos simultáneos: en el corto plazo atender las necesidades derivadas del inminente fenómeno de El Niño (FEN) en materia de prevención, reconstrucción y continuidad de obras; y en el mediano plazo, cerrar las grandes brechas históricas que persisten en materia de infraestructura de transportes, energía, agua y saneamiento, irrigación y en sectores sociales. Si bien existe una agenda importante en materia de promoción de la inversión privada en estos sectores, aquí nos referiremos a la relacionada a la inversión pública.
En el primer frente, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) que heredó la cartera de proyectos de la otrora Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC); aún no culmina importantes obras de drenaje en zonas clave del país como Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque. Los niveles de ejecución de estos proyectos en algunos casos apenas supera el 60% y dejan dudas sobre la posibilidad de que puedan ser culminados antes de que se agraven las condiciones climáticas. Consciente de ello, el gobierno ha creado la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del FEN, ha priorizado más de 500 puntos críticos de intervención a nivel nacional.
Un segundo frente está relacionado con la mejora de la calidad de la inversión pública. Según la Contraloría General de la República (CGR), el gobierno ha recibido un legado de más de 2.200 obras paralizadas, con un saldo por ejecutar de S/35 mil millones, del cual la mitad corresponde a proyectos ejecutados por el gobierno central. De ese total, según CGR, 1.552 obras no cuentan con presupuesto para 2026. La existencia de retrasos, sobrecostos y obras inconclusas no es un fenómeno nuevo y pese a que la inversión pública ha pasado 3,9% a 5,0% del PBI entre 2000-2010 y 2011-2025, las brechas aún subsisten. Para enfrentar la deficiente calidad de la inversión, el gobierno ha anunciado una comisión cuyo objetivo será plantear una reforma de los sistemas de inversión pública.
Atender la problemática de la calidad de la inversión requiere repensar el marco institucional y la gobernanza en la ejecución de proyectos públicos. Plantear cambios cosméticos sería más de lo mismo. Existe un alto grado de fragmentación en la ejecución de inversiones en el gobierno central, con multiplicidad de unidades ejecutoras bajo la órbita de distintos ministerios. En algunos casos como el de educación o salud, las capacidades de ejecución están muy por debajo de las brechas existentes.
En este contexto, la construcción de una institucionalidad que permita ganar escala y atender las brechas existentes a nivel nacional, es una opción a evaluar: un ministerio de infraestructura, que absorba las funciones de planificación, supervisión y ejecución de inversiones del gobierno central. Sería posiblemente una de las reformas del Estado, más ambiciosas emprendidas durante los últimos años. Sin duda, la coyuntura actual, centrada en la contención de los efectos del FEN, obligaría a que su implementación tenga que ser gradual.
