La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó, entre otros aspectos, eliminar la irrevocabilidad de los contratos mineros y reducir los plazos del régimen de las concesiones mineras de 30 a 15 años. Esta iniciativa desconoce los tiempos que exige el desarrollo de un proyecto minero formal y agrava la pérdida de competitividad minera del Perú de los últimos años.
Plazos de la minería
El desarrollo de minas en el mundo es cada vez más prolongado y menos frecuente. Según S&P Global, el tiempo requerido para poner en marcha un proyecto se cuadruplicó en los últimos 30 años. Y según MinEx Consulting, tras 15 años de su descubrimiento, solo el 3% de los proyectos mineros inicia operaciones, casi 7 veces menos que hace 40 años.
En Perú, esta situación es aún más crítica. El IPE encontró que, en promedio, un proyecto minero tarda 40 años en iniciar producción, llegando a 62 años para minas de cobre. Así, minas de gran escala como Cerro Verde, Antamina y Quellaveco demoraron 60, 76 y 83 años, respectivamente, entre el inicio de la exploración y su operación.
Este largo proceso está principalmente condicionado por exigencias regulatorias: el 60% del periodo de desarrollo se concentra en la etapa de exploración, la cual depende de la obtención de permisos ambientales y de procesos de diálogo social, entre otros. Por ejemplo, en 2024, el tiempo de aprobación de los estudios de impacto ambiental fue tres veces mayor que el plazo legal de 120 días hábiles.
La propuesta del Congreso busca revertir concesiones que han denominado “ociosas” argumentando que una concesión en la que aún no se extrae mineral es un área improductiva. En realidad, registrar una concesión es el primer paso de una operación formal que comprende diversas etapas previas a la producción, tales como el reconocimiento geológico, mapeo y muestreo, así como estudios de prefactibilidad y factibilidad. Por ello, imponer plazos irreales para realizar estas etapas genera incertidumbre jurídica, afecta a las iniciativas inmersas en ese desarrollo y deteriora el atractivo del Perú para ese tipo de inversiones.
Además, si bien más del 40% del territorio está aún disponible para concesiones mineras, el proyecto de ley centra sus preocupaciones en el 17.3% del territorio nacional que ya se encuentra concesionado —y del cual el 57% corresponde a la pequeña minería, según Ingemmet—. En ese sentido, es equivocado también afirmar que exista una sobreocupación del territorio.
Endurecer aún más las condiciones del régimen minero profundizará los desafíos que enfrenta el Perú para atraer más inversiones. Un proyecto minero formal que no se
desarrolla por causas ajenas a las decisiones de la empresa no significa necesariamente que la extracción del mineral no ocurre. Frecuentemente este espacio es ocupado por la minería ilegal, que trae violencia, contamina y no paga impuestos.
Avance de la minería ilegal
La inseguridad fue el riesgo para la inversión minera que más creció desde 2019. Según el Instituto Fraser, al 2025, 64% de las empresas vinculadas al sector minero consideró que la inseguridad desincentiva invertir en el Perú, más del doble que en Chile (27%). Esto coincide con el avance generalizado de la minería ilegal: las denuncias en el Ministerio Público por este delito se duplicaron de 1,200 en 2021 a más de 2,600 en 2025.
Afectar la seguridad jurídica de las concesiones, sobre todo cuando la inversión en exploración minera se viene recuperando, tiene un efecto contraproducente: debilita a las operaciones formales y habilita la ocupación de áreas por la minería ilegal. Por ejemplo, en proyectos como Michiquillay, Conga, Los Chancas y Haquira, que representan US$ 12 mil millones en inversión, sus áreas concesionadas se encuentran invadidas.
Lo aprobado por la Comisión, y que próximamente se discutirá en pleno del Congreso, hace más difícil el camino de la formalidad, favorece por tanto el desarrollo de la minería ilegal y afecta el desarrollo del país. Debería más bien el Congreso preocuparse por identificar mecanismos para impulsar la cartera minera que, de ejecutarse, permitiría dinamizar la economía, generar empleo, reducir la pobreza y aumentar la recaudación.
