El Perú enfrenta una crisis de autoridad moral en su clase política, una crisis de liderazgo en su frente empresarial y una crisis de representatividad en su población. Todo ello denota la pobre institucionalidad en que vivimos. Sin ella no podemos esperar un Estado eficiente, una macroeconomía sostenible y procesos de rendimiento de cuentas que acoten excesos del sector público. Sin ella, el mismo el resultado del proceso electoral podría resultar en un acercamiento al suicidio.
Nuestro sector público está seriamente enfermo. Pretender solucionar los problemas de pobreza, educación, salud, transporte, justicia, seguridad manteniéndolo como está, es una quimera, un engaño. Solo una reingeniería integral del Estado nos empezará a conducir a políticas públicas sensatas, para ello reformas estructurales bien encaminadas podrían acercarnos a una solución. Este es el primer gran paso para un cambio.
De otro lado, hasta hoy nuestra política económica ha sido aplicada sin considerar la particularidad de los problemas estructurales que nos rodean. Queremos lograr sostenibilidad fiscal, sin atender la urgencia de encontrar soluciones al tema de la informalidad; queremos ampliar el alcance de la inversión pública sin revertir el mundo de ineficiencia y corrupción que hay detrás de ella, queremos descentralizar sin capacidad de gestión. De allí que nuestras soluciones tienen un alcance poco profundo y frágil. Nuestra política económica requiere apuntalarse.
En otro ámbito, es claro que nuestro sector privado es el que realmente financia al sector público. Lo mínimo que debería tener en esas circunstancias es un adecuado mecanismo de rendimiento de cuentas a su favor. Como no lo tiene, en el ámbito público se denotan excesos: se elaboran leyes que protegen a la misma clase política, se violan los presupuestos, se generan vacíos legales para justificar cualquier desatino, se hipotecan instituciones a partir de su dependencia a una elección de origen congresal. De allí la urgencia de crear un nuevo mecanismo de rendimiento de cuentas a favor del sector privado. Punto importante que ni el mismo sector privado valúa hoy con propiedad.
Los tres elementos reseñados, constituyen limitaciones que se reflejan hasta en el potencial resultado de un proceso electoral.
Como estimamos en un artículo recientemente publicado por este Diario, durante el último quinquenio el costo económico que ha ocasionado nuestra clase política no baja de los US$120.000 millones. Ello podría multiplicarse varias veces si el próximo quinquenio toma las riendas del poder la ignorancia, el resentimiento, la demagogia de un grupo extremista. La generación de incertidumbre, la satanización de la inversión privada, el deseo de generar más corrupción ampliando el ámbito del Estado, la posibilidad de restarle independencia a nuestro BCR vuelve a plantearse como potencial resultado del actual proceso electoral. Una lástima.
¿Cuánto crecerá nuestro PBI este año? En el escenario actual podríamos dejar de crecer en un extremo como, en el otro, iniciar el crecimiento por encima del 4% para los próximos cinco años. Todo dependerá de quien obtenga la victoria final. Una economía sujeta a procesos electorales mal diseñados y ejecutados, a un marco legal que fragmenta el voto, que se hace obligatorio y que se acompaña de entidades dirigidas por individuos de dudosa reputación, reflejan, sin duda, la carencia de institucionalidad y de gobernanza nacional. Todo esto refleja la mala calidad de Estado, la política económica sin visión y la ausencia de adecuados mecanismos de rendimiento de cuentas a favor del sector privado.
Que se entienda bien: el mismo proceso electoral y sus resultados resultan en una consecuencia de la muy deficiente institucionalidad sobre la cual tomamos decisiones. Si no hay cambios, la representatividad gubernamental adolecerá de permanentes deficiencias.
