La inseguridad ciudadana tiene efectos directos sobre el desempeño financiero de hogares y negocios. Un análisis elaborado por Scotiabank, a partir del cruce de información interna con datos públicos, muestra que en las zonas con mayor incidencia delictiva la morosidad puede incrementarse hasta 30% y la colocación de créditos reducirse entre 30% y 40%, lo que limita el acceso al financiamiento y encarece el crédito.
El estudio técnico identifica una relación estrecha entre criminalidad y salud financiera. Según las estimaciones del banco, la correlación entre ambos factores alcanza en promedio el 56%, y llega hasta 60% en los segmentos masivos. Este vínculo se traduce en un impacto económico significativo: el excedente de morosidad asociado a la alta incidencia delictiva ascendería a aproximadamente S/5.500 millones en el sistema bancario, monto correspondiente a créditos que dejan de pagarse como consecuencia indirecta de la inseguridad. De ese total, el 87% se concentra en créditos revolventes y el13% en créditos no revolventes.
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En estos territorios, hogares y pequeños negocios enfrentan costos adicionales que afectan su capacidad de pago, como la contratación de seguridad privada, la adquisición de seguros, la reducción del tráfico de clientes y mayores gastos destinados a protección. Estas condiciones explican que la morosidad en créditos se eleve entre 1,1x y 1,3x, junto con un aumento en el costo del financiamiento.
Además del deterioro en el cumplimiento de pagos, el análisis señala que la inseguridad restringe la oferta de crédito en zonas críticas, reduciendo la inclusión financiera y el desarrollo económico local. “La inseguridad es un desafío social que también plantea retos para la inclusión financiera. Nuestro análisis busca entender estos impactos para impulsar soluciones que protejan la capacidad de pago y amplíen el acceso al crédito”, señala Scotiabank.
El banco advierte que la combinación de informalidad, desempleo, mayores costos operativos y menor inversión genera un círculo vicioso que profundiza la vulnerabilidad financiera en estas zonas. Frente a este escenario, el análisis subraya la necesidad de aplicar políticas prudenciales y soluciones diferenciadas por territorio que permitan mitigar riesgos y preservar la inclusión financiera.
