Inseguridad ciudadana: ¿Qué medidas urgentes deben tomar el Ejecutivo y el Congreso?

Uno de los principales desafíos de mi gestión es construir las condiciones que permitan el desarrollo económico, la inclusión social, la diversidad cultural y la gobernanza democrática en San Juan de Lurigancho y para lograrlo es preciso superar una serie de retos que impide el desarrollo sostenible en nuestra localidad, uno de ellos es el de fortalecer y expandir la seguridad ciudadana, para que esté al alcance de todos, para contar con la protección y el orden necesario que permitan impulsar diversas iniciativas para el crecimiento económico, social y cultural. Para avanzar en ese camino, debemos analizar tres aspectos:

Las reformas institucionales

Uno de nuestros principales problemas es que las instituciones que deben enfrentar la inseguridad ciudadana son débiles y precarias, carecen de liderazgo e idoneidad para el cumplimiento de sus funciones establecidas por ley. Por todos es conocido, lamentablemente, la crisis en la que se encuentra la Policía Nacional, cuyo ingreso es objeto de múltiples cuestionamientos, distorsionando la escala de méritos y permitiendo el compadrazgo, tanto en la admisión como en la línea de ascenso, generando así un policía y un oficial, que desfigura el sentido de su compromiso institucional, de honor y lealtad, y por otro, emerge uno caracterizado por la ausencia de responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y en el aprovechamiento personal de los puestos que ocupa. Además, está situación se refleja en la creciente flexibilización de los estándares profesionales para el ingreso, en el limitado tiempo de formación y entrenamiento, en la falta de especialización y capacitación continua, deteriorándose así las capacidades reales de la policía para combatir la delincuencia y la corrupción.  

La policía requiere una reforma profunda e integral, que aborde su formación, logística e infraestructura, pero en el marco de un cambio sustancial de nuestro sistema de seguridad ciudadana, que también comprende el sistema de justicia.

Pues la policía también requiere contar con la seguridad que le brinda la ley en el cumplimiento de sus responsabilidades. La policía no puede combatir los diversos y crecientes actos delictivos si el poder judicial y la fiscalía no la acompañan en sus acciones. No es posible aceptar que un policía que utiliza su arma de reglamento y tiene que enfrentar o abatir a un delincuente que amenaza a la ciudadanía y a su propia vida, el día de hoy está siendo juzgado por la fiscalía, por cuestiones formales y epidérmicas. Eso desalienta la labor policial y, paradójicamente, incentiva al delincuente, que siempre busca las rendijas de la ley, para saltarse la acción policial. 

Es necesario explorar nuevos modelos de gestión en seguridad ciudadana, que permitan flexibilizar los procesos flagrancia para hacerlos eficientes y oportunos, así como los mecanismos para la investigación y el juzgamiento de los policías que podría hacerse en el fuero policial para acelerar la acción de la justicia ante el creciente colapso del poder judicial. De otro lado, es importante considerar la creación de un sistema de protección para los jueces y fiscales, que les brinde seguridad, discreción y reserva ante la creciente arremetida de las bandas criminales que crecen y se expanden, no sólo de origen nacional sino también de carteles internacionales, que ponen en riesgo no sólo la integridad del agende judicial y sus familias, sino también la necesaria firmeza y severidad en los respectivos fallos judiciales. 

La infraestructura del sistema de seguridad y de justicia

La infraestructura del sistema de seguridad y de justicia con que cuenta nuestro distrito es precaria, empobrecida y completamente obsoleta con relación a las necesidades de nuestra población. Nos faltan comisarias, sedes de juzgado y fiscalías, vehículos, herramientas y medios tecnológicos. 

San Juan de Lurigancho, por ejemplo, tiene 2 penales totalmente hacinados, que se encuentran con viviendas alrededor y que sirven de satélite para que los delincuentes continúen haciendo sus actos delictivos, convirtiéndose en oasis del crimen y promoviendo la delincuencia en la localidad ¿cuántos penales han construido en los últimos 5 años para resolver esta situación? Ninguno. Esto se debe a que no tenemos un sistema de ejecución presupuestal, flexible y eficiente, que pueda dar las garantías suficientes al Instituto Nacional Penitenciario – INPE, del Ministerio de Justicia, para que ellos puedan ejecutar su presupuesto y crear más penales de alta envergadura, muy seguros y con importantes niveles de desarrollo tecnológico.

Esta situación, como en otras entidades vinculadas a la seguridad ciudadana, tiene que ver con la necesidad de implementar una reforma a Ley de Contrataciones, creando un acápite específico en temas de seguridad ciudadana que, por su urgencia y gravedad para nuestra sociedad, permita implementar rápidamente las licitaciones públicas, hoy engorrosas, lentas y complejas, por un proceso célere y eficaz que permita la rápida ejecución del presupuesto para la seguridad ciudadana. Pues el problema hoy es que la cosas debe hacerse ya y hacerse bien, con celeridad y atendiendo a las demandas y expectativas de nuestros vecinos.

El liderazgo político 

La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales problemas en la agenda política del país, limitando el crecimiento y el desarrollo económico. Para resolver este problema es preciso superar las resistencias de aquellos sectores que han encontrado un “modus operandi” dentro de las limitaciones de nuestras instituciones en el ámbito de la seguridad ciudadana. Y para ello, es imprescindible tener una alta dosis de decisión política para conducir los procesos de reforma política que sean necesarios. Le corresponde a la presidenta de la República, Dina Boluarte, conducir ese proceso y convocar a todos los sectores del país para enfrentar este enemigo común. Ella debe tomar la decisión política para implementar los cambios y no retroceder ante la presión de aquellos que viven del desorden y la corrupción.

Debe adoptar las medidas pertinentes para frenar el espiral de violencia y crimen que inunda nuestras calles. Por ello, debe considerar que las Fuerzas Armadas también participen activamente en la seguridad ciudadana, sacando a las calles a sus efectivos, para brindar seguridad y sosiego a nuestra población.  Así como debe sostener diálogo permanente con la ciudadanía y las instituciones locales para legitimar cada acción que tome a favor de nuestros ciudadanos. Sólo así se podrá combatir la delincuencia y el crimen en el marco de una gobernanza democrática en el país.

¿Qué acciones hay que tomar?

· Hacer un reajuste de los montos asignados a las partidas presupuestales de los gobiernos locales y regionales, así como a las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana y de justicia, para atender las medidas urgentes que se requieren para enfrentar la seguridad ciudadana.

· Modificar la Ley de Contrataciones del Estado, creando un acápite específico para las adquisiciones de bienes y servicios vinculados a la seguridad ciudadana en situaciones de emergencia.

· Mejorar los procesos judiciales de los delitos de flagrancia y el rol que jueces, fiscales y policías tienen en su implementación. 

· Acelerar los procesos de gobierno digital en todos los niveles de gobierno, a efecto de crear las condiciones de interoperabilidad entre las entidades que manejan data digital, para que pueda ser compartida y contribuir a la seguridad ciudadana.

· Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – SINASEC, dotando a su ente rector el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC de un carácter ejecutivo y conductor de la lucha contra la inseguridad ciudadana.