Según relató, los ocupantes del inmueble permanecen ilegalmente en su departamento pese a que el contrato de arrendamiento venció hace más de un año. Les ha pedido que se retiren en distintas ocasiones, siendo la primera antes de que venciera el documento, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.
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De acuerdo con la empresaria, la relación contractual se inició a mediados de 2019. La última renovación del contrato se realizó desde el primero de septiembre de 2024 hasta el fin de ese mismo año. Miró Quesada afirmó a El Comercio que, durante la vigencia del contrato, los inquilinos incurrieron en retrasos en los pagos, situación que ella toleró e incluso decidió no cobrarles los intereses.
Sostuvo que los inquilinos le aseguraron que el departamento iba a quedar desocupado en febrero de 2025, lo que finalmente no ocurrió. “Siempre decían que se irían y no cumplían. En marzo de 2025 me comuniqué con amigos mutuos para que los hicieran entrar en razón. Intenté conciliar en dos oportunidades y nunca se presentaron”, dijo. “Fue a principios de mayo que se iniciaron las demandas por desalojo y cobros”, relató.
Por otro lado, señaló que “para que se vea la actitud de estas personas y cómo intentan aprovecharse, incluso me han amenazado con demandarme por 100.000 dólares, bajo el argumento de una supuesta difamación, lo cual es totalmente falso”.
Miró Quesada indicó que siempre mantuvo una actitud conciliadora y estuvo dispuesta a reducir casi todo el monto de la deuda con tal de recuperar su propiedad. “Durante todo el 2025, han vivido en mi propiedad sin pagar alquiler. Han estado más de un año allí de manera gratuita, lo cual es un grave perjuicio económico a mi persona”, afirmó. Agregó que no ha podido ingresar a su departamento para verificar su estado. “No me permiten entrar”, precisó.
La empresaria detalló que la deuda asciende a 34.800 dólares por los doce meses del 2025 (2.900 dólares mensuales), a lo que se suman 36.500 dólares por penalidades estipuladas en el contrato debido a no desocupar el inmueble al término del contrato (100 dólares diarios por 365 días), alcanzando un total de 71.300 dólares. “He pedido que se retiren. Estaba dispuesta a perdonar casi toda la deuda, pero insisten en un acuerdo de confidencialidad con penalidades”, manifestó.
Señaló que los inquilinos mantienen un estilo de vida acomodado y que tienen caballos de paso, incluso que hacen reuniones sociales en el departamento, razón por la cual la administración del edificio envió una carta a la propietaria debido al volumen elevado de la música y el bullicio generado. “A las 2:45 de la madrugada se registró la llegada de un último pedido de bebidas alcohólicas”, se lee. “Las quejas del edificio sobre mis inquilinos son varias y toda esta situación me afecta no solo económicamente, sino también a nivel emocional”, dijo.
“Mi caso es uno más de esta problemática que afecta a mucha gente. Si no se tienen recursos para defenderse, puedes terminar perdiendo tu propiedad en una situación totalmente injusta. Espero que el Poder Judicial actúe con mayor celeridad para que no estemos en un juicio por años. En mi caso concreto, esperaba una audiencia para enero o, a más tardar, marzo, pero nos han agendado para septiembre, lo cual reafirma el sistema de injusticia”, concluyó.
El Comercio continuará recibiendo las denuncias de los lectores víctimas de inquilinos morosos, quienes exigen justicia y mayor celeridad en los procesos por parte de los juzgados y de la Corte Superior de Justicia.
Actual estado del juicio por desalojo
Para conocer el estado actual del proceso, El Comercio se contactó con la defensa de la propietaria. La abogada especializada en derecho inmobiliario, María Murillo, señaló que los inquilinos José Constantino Heredia Larrañaga y Catalina Esther Noriega Bentin están ocupando el inmueble de manera ilegal y recurriendo a diversos mecanismos procesales para dilatar el caso.
“Actualmente hay tres procesos en curso; el de desalojo, el de pago de arriendos y el de pago de multas. Lamentablemente, la justicia está actuando de manera muy lenta, lo que perjudica no solo a mi patrocinada, sino a los propietarios en general. El Poder Judicial es lento. Cabe precisar que, antes de iniciar el desalojo, se intentó conciliar, pero no se llegó a ningún acuerdo porque los inquilinos no asistieron”, afirmó.
Sobre el acuerdo extrajudicial que se intentó y, en relación con las cláusulas de confidencialidad con penalidades que habrían pretendido imponer los inquilinos, el también abogado de Marysienka Miró Quesada, el doctor Daniel Figallo, reiteró que en todo momento se buscó una salida conciliatoria con José Constantino Heredia antes de hacer público el caso. “Le propusimos un acuerdo para que abandonara el inmueble lo más rápido posible, pero hizo caso omiso. Luego, al volver a contactarnos, fue cuando planteó que se firmara una cláusula en la que exigía dinero si se hablaba mal de él”, explicó.
Figallo precisó que ese planteamiento resulta atípico y contrario a la lógica de este tipo de acuerdos. “Normalmente, cuando existen cláusulas de confidencialidad, quien entrega el dinero es quien ha causado un perjuicio y busca evitar que el afectado divulgue información que dañe su reputación. En este caso, ocurrió lo contrario: él pretendía que se le pagara y, además, que la cláusula tenga una vigencia indefinida. Eso es absolutamente contrario a lo que realmente significa un acuerdo de confidencialidad”, sostuvo.
El abogado también aseguró que los inquilinos se encuentran ocupando el inmueble de forma irregular, ya que no existe un contrato vigente y no se estaría realizando ningún pago a la propietaria. “Aquí hablamos de hechos concretos y objetivos; viven en una propiedad sin contrato y no pagan. Nadie está buscando perjudicar a nadie; la reputación se construye con los actos. Heredia quiso que se firmara esa cláusula, pero era completamente inaceptable”, remarcó.
Solución
Respecto a los vacíos legales que permitirían que estos procesos se prolonguen durante años, la abogada María Murillo planteó la necesidad de una reforma profunda para que los desalojos puedan ejecutarse en plazos mucho más cortos. “Se requiere una propuesta legislativa clara. En algún momento se intentó que estos casos se tramiten a nivel notarial, para que el notario evalúe todo el proceso, pero se argumentó que no cuentan con jurisdicción. Por ello, lo que se debería implementar es un procedimiento único y oral, en el que el juez pueda resolver el caso con mayor rapidez”, explicó.
Detalló que esta modalidad permitiría evitar trámites largos y engorrosos. “La idea es que se realice una sola audiencia en la que se presenten todas las pruebas de que el contrato venció y de que no se han cumplido los pagos. Con ambas partes presentes y con esos elementos objetivos, el juez podría emitir una decisión inmediata, que en casos como este debería ejecutarse en un plazo máximo de diez días, tal como ocurre en países desarrollados. Esto evitaría que se generen más trabas procesales”, indicó.
Murillo precisó que para ello sería necesario modificar el Código Procesal Civil desde el ámbito legislativo. Agregó que, considerando que en el Perú existe la doble instancia, luego de la decisión inicial del juez, esta podría ser revisada por un juzgado superior en un plazo breve para confirmar o revocar la resolución. “Si la decisión es confirmada, se procedería con el desalojo, con apoyo de la fuerza pública, como la Policía. Este mecanismo se aplica, por ejemplo, en Estados Unidos. Así se evitaría tener procesos que duran un año y medio, dos o hasta tres años, lo cual es absolutamente absurdo. Es totalmente viable hacerlo ahora; solo se necesita voluntad política”, concluyó.
Descargos
Fuentes de El Comercio señalaron que Constantino Heredia tendría antecedentes de morosidad con otros dos propietarios. Además, aseguraron que sería parte de la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso (ANCPCPP) y que contaría con derechos de superficie en Mamacona. Como recurso probatorio, se mostró una página de Facebook en la que el mencionado publicaría fotografías y videos vinculados a la crianza de caballos de paso.
Este Diario brindó a ambos inquilinos la oportunidad de ofrecer su versión de los hechos. José Constantino Heredia señaló por escrito que “el asunto al que haces referencia se encuentra actualmente judicializado en varios procesos, con posiciones contrapuestas entre las partes, por lo que corresponde que sea resuelto exclusivamente por el Poder Judicial. Por recomendación legal, no realizo declaraciones públicas sobre temas en litigio mientras estos se encuentran en trámite”. Por su parte, Catalina Noriega no respondió a la solicitud.
