Con más de 1,7 millones de venezolanos, Perú es el segundo destino mundial para esta población, solo detrás de Colombia, según el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes. Sin embargo, apenas 621 mil poseen un estatus migratorio regular, según Migraciones. A propósito del Día Internacional del Migrante, resulta esencial analizar los desafíos y las oportunidades que plantea su integración al desarrollo del Perú.
Integración y mercado laboral
En promedio, los migrantes venezolanos registran mayores niveles educativos. El 39% de los venezolanos mayores de 25 años tenía estudios superiores concluidos en 2022, frente a un 31% de peruanos, según la Encuesta a la Población Venezolana (ENPOVE). Para las personas entre 34 y 45 años, esta diferencia se acentúa (45% y 32%, respectivamente).
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A pesar de ello, solo 57 mil venezolanos tenían empleo formal (1,3% del total de trabajadores formales) hasta agosto de 2024, según el MTPE. Las dificultades para regularizar el estatus migratorio y convalidar credenciales académicas impiden aprovechar plenamente sus cualificaciones. En esa línea, el Banco Mundial estima que el 71% de los trabajadores venezolanos en las principales ciudades del Perú laboraba en la informalidad en 2022, frente al 64% entre trabajadores peruanos.
Esta exclusión afecta sus ingresos: en promedio, los venezolanos ganan 29% menos que los peruanos, brecha que se acentúa fuera de Lima (38%). No obstante, las plataformas digitales de transporte o ‘delivery’ ofrecen una oportunidad: el ingreso por hora que los venezolanos obtienen al usar estos aplicativos es hasta 41% más que lo que ganarían en otro trabajo, según un estudio del IPE.
Brechas sociales
El acceso a servicios básicos de calidad plantea otro desafío. Según el INEI, más del 90% de venezolanos tiene necesidades de educación, salud y vivienda insatisfechas. Por ejemplo, solo el 58% de los niños venezolanos entre 3 y 16 años estuvo matriculado en el sistema básico en 2022, frente al 84% de los niños peruanos. En salud, apenas el 27% de los venezolanos contaba con algún seguro, comparado con el 83% de los peruanos. Además, el 40% de las familias
venezolanas de dos o más miembros vivía en una sola habitación, cinco veces la cifra de los hogares peruanos (8%).
Potencial impacto económico
Las barreras de integración al mercado laboral formal limitan su contribución económica. La Cámara Empresarial Venezolana Peruana calculó que los venezolanos contribuyeron con solo el 0,7% de la recaudación total de IGV, ISC e IR del 2020. Sin embargo, el FMI estima que, con políticas de integración adecuadas, la migración venezolana aportaría hasta un 4,5% del PBI nacional para 2030.
Los obstáculos para integrar a los venezolanos en la economía formal estarían incentivándolos a migrar: desde el 2022 se registra la salida regular (en puestos de control fronterizos) de más de 50 mil venezolanos por año, superior a los ingresos (36 mil en promedio), según Migraciones. Además, la exigencia de pasaporte vigente y visa impulsó más bien el ingreso irregular de venezolanos.
Riesgos para la seguridad
Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos en 2023 revela que el 83% de peruanos cree que el incremento de la delincuencia se debe a una mayor presencia de venezolanos. Sin embargo, según la OIM, no existe evidencia clara que confirme dicha percepción. En efecto, si bien el número de venezolanos encarcelados ha crecido en los últimos años, la proporción de presos venezolanos y peruanos, calculada sobre la población total correspondiente, es similar (0,03%).
Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, alerta sobre la transformación de la criminalidad hacia delitos vinculados a redes organizadas internacionales. En ese sentido, para el especialista, la mayor ocupación de las cárceles implica un riesgo de una mayor presencia de estas organizaciones que, como el Tren de Aragua, se expanden a través de centros penitenciarios. Esperando que con ello se pueda combatir la criminalidad, recientemente el Ejecutivo declaró en emergencia el sistema penitenciario.
La inmigración venezolana debiera representar una oportunidad para el desarrollo del país y aprovecharse. Sin embargo, una integración económica llena de limitaciones y un combate deficiente de las organizaciones criminales transnacionales representan un grave riesgo que las autoridades deben de resolver cuanto antes.
