Entre el 2012 y octubre del 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que la minería ilegal movió US$10.422 millones, según un informe actualizado al que accedió El Comercio.
Esto se desprende de 72 informes de inteligencia financiera (IIF) emitidos en ese período, documentos confidenciales que abordan rutas del dinero, vinculaciones y activos identificados con posible delito precedente la minería ilegal, los cuales son derivados a las fiscalías.
De acuerdo con la unidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los flujos vinculados a la minería ilegal se dan, sobre todo, en las regiones fronterizas de Puno y Madre de Dios, así como en el Callao. Solo en lo que va del año, esta actividad va moviendo US$1.162 millones, la cifra más alta registrada en los últimos tres años.
Por la cantidad de montos de los IIF de los últimos doce años, a la minería ilegal le siguen los delitos contra la administración pública (corrupción), con US$1.560 millones; los delitos tributarios, con US$1.551 millones; y el narcotráfico, que mueve US$1.484 millones. La distancia respecto a la minería ilegal es abismal.
Un elemento clave para los IIF son los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), emitidos por los sujetos obligados, como las empresas del sistema financiero. En el mismo período, se han remitido a la UIF cerca de 5.000 reportes vinculados a la minería ilegal, con un monto involucrado en ellos que ascendió a los US$22.376 millones.
—Puntos de vista—
Especialistas consultados por este Diario coinciden en que hay una relación entre el crecimiento de la minería ilegal y su capacidad económica, con las medidas dadas desde el Estado a lo largo de los últimos años para la formalización –como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y sus prórrogas– que han fracasado.
Este 31 de diciembre vence la última prórroga, con propuestas al interior del Congreso para extenderla por tercera vez y un proyecto de ley del Ejecutivo que recién empezará a discutirse. Sin embargo, las cifras son claras: de los más de 80 mil inscritos en el Reinfo, más de 65 mil están suspendidos, siendo precisamente Arequipa, Puno y Madre de Dios las regiones en donde ello más ocurre.
Carla Mares, decana de la Facultad de Derecho e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, apuntó que el Reinfo –creado en el 2017 y el tercer hito de un proceso de formalización que se inició en el 2002– terminó deviniendo en “una fachada perfecta” para mineros ilegales.
Desde su creación —subrayó Mares— “la minería información ha tenido una línea muy débil de diferenciación con la minería ilegal”, pues se considera que aquellos que están en proceso de formalización, ya sea que tengan una inscripción vigente o suspendida, “tienen una exención de responsabilidad penal”.
“Esta ley de alguna manera era una cobertura para que los informales, junto con los ilegales, pudiesen trabajar sin ningún problema. Si era solamente [minero] informal, tampoco tenía mucho aliciente de tener que formalizarse porque se prorrogaba y podían seguir operando. Y, para quienes eran mineros ilegales, de alguna manera era una coartada perfecta porque con el simple hecho de estar inscritos en el Reinfo nadie los podía hacer responsables del delitos de minería ilegal. No se les podía imputar el delito”, explicó.
Agregó que el precio del oro, en crecimiento en los últimos años, también impulsó mucho la proliferación de mineros ilegales en el Perú. Y que la minería ilegal, que ya supera al narcotráfico, “como cualquier actividad ilícita lamentablemente puede corromper al poder, y más aún con el dinero que mueve”.
Jaime Dupuy, director ejecutivo de Cómex-Perú, dijo que “no es coincidencia que justo este auge progresivo de la minería ilegal coincida con el período en el cual se ha venido implementando el Reinfo, que ha demostrado que no tiene ninguna efectividad”.
“Es un marco legal que, probablemente, se haya dado con buenas intenciones inicialmente para promover un proceso de formalización. Pero, sin duda, en su aplicación no ha sido así y se ha mal utilizado aprovechándose para generar un efecto de impunidad de una minería ilegal cada vez más fuerte, que no se limita solamente a regiones como Puno o Madre de Dios, sino que está a nivel nacional. Y que involucra a una serie de delitos alrededor, como la trata de personas, trabajo infantil, prostitución, sicariato, extorsión, lavado de activos, etc.”, comentó.
Dupuy coincidió en que el Reinfo “genera una coraza” para los mineros ilegales, al no poder ser denunciados pese a incluso estar con el Reinfo suspendido, lo que “genera un estado de inimputabilidad” que los beneficia.
“Sin duda es la principal economía ilegal. Y para que funcione crezca como viene creciendo sin ser enfrentada firmemente, sin duda es porque esto ha venido de la mano con relacionamiento con autoridades de alto nivel, en todos los poderes”, advirtió.
