Desde el penal de Barbadillo, donde cumple una condena de 11 años de cárcel por el golpe de Estado que dio en diciembre del 2022, el expresidente Pedro Castillo solicitó el indulto al actual mandatario José María Balcázar.
El pedido fue presentado apenas un día después de la asunción de Balcázar a la Presidencia de la República por sucesión constitucional, tras su elección como titular de la Mesa Directiva del Congreso con el respaldo de la bancada de Perú Libre y otros bloques aliados a Castillo.
El documento que oficializa la solicitud, firmado también por el abogado Walter Ayala, ingresó a la mesa de partes del Despacho Presidencial la tarde del jueves 19. En el oficio, Castillo sostuvo que es víctima de persecución política y apeló a una supuesta “palabra empeñada” del hoy jefe del Estado durante el proceso que lo condujo a la presidencia.
Última página de la solicitud de indulto presentada por el expresidente Pedro Castillo.
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“Su promesa de otorgarme el indulto no fue un secreto de estado; fue un ofrecimiento explícito que generó expectativas legítimas en los millones de peruanos que me otorgaron su voto en las urnas”, señaló Castillo en el texto.
En la antesala de la elección de Balcázar, fuentes de El Comercio señalaron que ofreció a bancadas de izquierda indultar a Castillo. Esto como estrategia para asegurar los votos que lo llevaron a Palacio. La versión fue negada públicamente por dirigentes de Perú Libre.
El vocero de esa bancada, Flavio Cruz, rechazó que el indulto haya sido parte de una negociación política. “Yo me adelanto como vocero, no voy a poner en agenda nunca ese tema, es un tema para después, no para este período [de gobierno]”, manifestó en comunicación con El Comercio.
En la misma línea, el congresista Guido Bellido (Podemos Perú), ex primer ministro de Castillo y uno de los impulsores de la candidatura de Balcázar, descartó haber escuchado ofrecimientos vinculados al indulto.
“Yo no he escuchado de nadie esos asuntos. Creo que son peticiones posteriores”, dijo.
El legislador añadió: “Creo que apoyaría permitir que el presidente forme su gabinete en condiciones de tranquilidad. En este momento todavía está buscando armar su equipo y hay que esperar eso”.
Desde el Ejecutivo, Balcázar sostuvo que un indulto al exmandatario no forma parte de sus prioridades inmediatas. “El expresidente tiene un proceso penal, que siga su curso correspondiente. Aquí no hay por qué preocuparse de eso”, afirmó en su primera conferencia como mandatario.
El jueves pasado agregó que la solicitud no se encuentra en la agenda gubernamental en estos momentos. “En principio, nadie me lo ha pedido. En segundo lugar, no está en la agenda porque siempre uno tiene que trabajar sobre hechos concretos, materiales y objetivos”, dijo.
El presidente aseguró que evaluar un eventual indulto en estos momentos sería “inmiscuirse en los asuntos jurisdiccionales del Poder Judicial”, ya que el caso se encuentra en apelación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
No obstante, proyectó el debate hacia un escenario posterior: “Estamos hablando del futuro. Los hombres no podemos vivir permanentemente en la incertidumbre. La incertidumbre se toca en su momento”.
Balcázar asumió la jefatura del Estado por solo cinco meses. Dejará el cargo en julio próximo.
En enero pasado se conoció que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso elevar ante la Sala Penal Permanente los recursos de apelación presentados por Castillo, sus exministros Betssy Chávez y Willy Huerta y otros, contra la condena por el delito de conspiración para la rebelión, por el golpe de Estado.
El proceso se encuentra, por tanto, en etapa de revisión en segunda instancia, un dato central para evaluar la viabilidad jurídica del indulto.
Escenario
Roberto Chiabra señala que un eventual indulto provocaría «un problema complejo» para el Parlamento. Imagen: El Comercio
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En el Parlamento, el congresista y candidato presidencial Roberto Chiabra advirtió sobre los efectos políticos de un eventual indulto. Dijo no creer que Balcázar “cometa semejante error” y alertó que una decisión de ese tipo podría reabrir un escenario de confrontación: “Si no, tendríamos que de nuevo pasar por un problema complejo en el Congreso”.
En paralelo al inicio del nuevo gobierno, el Ministerio de Justicia aprobó el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales mediante una resolución. La norma regula la organización y funcionamiento del órgano encargado de evaluar solicitudes de indulto, conmutación de pena y derecho de gracia, y establece criterios para el análisis de cada caso.
La comisión emite recomendaciones al Despacho Presidencial, que mantiene la potestad constitucional de conceder o denegar estas solicitudes.
El exministro de Justicia Víctor García Toma señaló que el punto de partida del debate es la inexistencia de una condena firme en el caso de Castillo, lo que condiciona cualquier análisis sobre la competencia del Ejecutivo.
“Estamos hablando de un procesado que carece de una condena firme que lo habilitaría, eventualmente, a obtener un perdón del delito por parte del Poder Ejecutivo. En consecuencia, el encargado del Poder Ejecutivo no tiene competencia alguna para decidir sobre la excarcelación del señor Castillo. Lo que sí puede suceder, y sobre eso habría que alertar a las fuerzas democráticas del Congreso, es que este órgano tiene la facultad de otorgar amnistías para procesados. Podría, eventualmente —no es deseable, por supuesto— presentarse un proyecto de ley que declare que los hechos que se suscitaron quedan cubiertos por un manto de olvido y, en consecuencia, todas las personas que se encuentran imputadas por esos delitos sean amnistiadas”, dijo.
García Toma situó el debate en la coyuntura electoral y estimó que la discusión sobre indultos o amnistías puede convertirse en eje de campaña.
“Las fuerzas democráticas tienen que estar alertas para no dejarse sorprender. Seguramente se buscará un mecanismo de salida, porque esto tiene que ver con el proceso electoral. El tema Castillo, el tema del indulto o la amnistía, se convierte en uno de los temas centrales de la campaña electoral, incluso lamentablemente más que la propia seguridad ciudadana”, señaló.
El exministro advirtió que, aun cuando hoy no proceda el indulto, el escenario puede mutar en función de la dinámica política y judicial. “Resultaría extraño que, si en nuestro país hay procesos como el de El Frontón, que tiene más de 35 años y no se resuelve, el caso de Pedro Castillo tenga la suerte y la dicha de ser bendecido por la celeridad. Es extraño; no quisiera especular, pero tenemos que estar prevenidos porque, si bien el indulto no procede por ahora, podría en las próximas semanas cambiar esa situación o derivarse a una decisión del Congreso. Ahora las bancadas de extrema izquierda están envalentonadas”.
Por último, precisó las diferencias entre el indulto común y el indulto humanitario, recordando precedentes recientes. “El indulto [común] es una gracia presidencial en la que el presidente no tiene que dar una sustentación amplia. Es una gracia, que es distinta al caso del indulto humanitario a Alberto Fujimori. Él no tenía derecho a un indulto común porque había sido condenado por el delito de secuestro. Tratándose de una persona de avanzada edad, con un cuadro clínico degenerativo, incurable, y para salvaguardar su dignidad personal, se tomó la decisión de que es mejor que fallezca en su domicilio. Pero el señor Castillo goza de perfecta salud”.
El abogado penalista Carlos Caro añadió que cualquier solicitud de gracia presidencial debe someterse a un procedimiento reglado, que incluye la intervención de la Comisión de Gracias Presidenciales y la aplicación de criterios específicos.
“Hay que tener en cuenta el marco regulatorio. Hay una Comisión de Gracias Presidenciales y hay dos dispositivos que regulan eso: primero, la norma de creación, que es un decreto supremo del Ministerio de Justicia, y luego el reglamento interno, que justamente hoy día [jueves 19] ha sido sustituido. Entonces, según la regulación, sobre todo la norma que crea la comisión, hay que diferenciar lo que es el derecho de gracia del indulto”, precisó.
Caro explicó el alcance del derecho de gracia frente al indulto y las condiciones que la norma prevé para su aplicación. “Según la regulación, las gracias presidenciales permiten renunciar total o parcialmente al poder punitivo respecto de los sentenciados o disponer la extinción de la acción penal. A lo que voy es a que el presidente, dentro del marco del derecho de gracia, tiene la posibilidad de dejar sin efecto la ejecución de la pena”.
El penalista precisó que uno de los requisitos es que no haya otro mandato de detención vigente. En el caso de Castillo, aparte de la condena por el golpe de Estado, tiene una orden de prisión preventiva por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias. No obstante, esta culminaría el próximo 8 de marzo.
Sobre el tiempo que se tomaría el Poder Judicial para resolver la apelación en segunda instancia por el caso del golpe de Estado, Caro señaló que sería, como mínimo, de seis meses a un año.
“Se tiene que fijar fecha para audiencia y se produce el debate. Son audiencias permanentes, constantes, hasta que exista el fallo”. Y precisó el alcance del trámite: “No es un juicio nuevo; no es una repetición de todo el juicio. Es como un pequeño juicio de segunda instancia. Se presentan pruebas de apelación. Es decir, si, por ejemplo, ha sido condenado por alguna razón que la defensa considera que puede ser refutada por una nueva prueba —una pericia, algún dato importante, un documento—, lo pueden ofrecer y eso se debate en la audiencia”, detalló.
El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi señaló que Balcázar “tiene tres herramientas para liberar, para generar impunidad”: el indulto, la amnistía y el derecho de gracia.
“La amnistía supone primero pedir al Congreso una ley que perdone el delito y borre los hechos, y para eso necesita una mayoría de 66 votos. Si se juntasen los votos que obtuvieron el miércoles, lograrían una ley de amnistía. Claro, eso significaría hundir a las bancadas en el oprobio, pero estamos en pleno proceso electoral”, analizó.
Rospigliosi sostuvo que el nuevo escenario parlamentario abre la posibilidad de decisiones de alto impacto. “Ellos ya sabían que el actual presidente de la República era una persona con varios cuestionamientos, peores que los de Jerí, y a pesar de eso lo han elegido como presidente del Congreso y presidente de la República. Estos señores no tienen ningún rubor en hacer lo que han hecho. Así que la ley de amnistía es un hecho posible”, dijo.
También planteó la posibilidad de decisiones ejecutivas controversiales en el corto plazo. “Balcázar puede sacar cualquier interpretación, por más tirada de los cabellos, e indultarlo con una sentencia de primera instancia. Sería inconstitucional, pero lo puede hacer. Lo que tenemos ahora es que la democracia está en riesgo, y no solamente por Castillo, sino también por Martín Vizcarra, Guillermo Bermejo y Vladimir Cerrón, su líder”, dijo.
“¿Tú crees que no va a intentar aplicar el derecho de gracia a su líder Cerrón?”, sentenció.
