La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó este lunes 12 iniciar una indagación de oficio contra la congresista Kira Alcarraz (no agrupada), denunciada por agredir a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) durante un operativo de control vehicular en el distrito de San Juan de Miraflores.
La decisión fue adoptada por unanimidad, con los votos del presidente de la comisión, Elvis Vergara (Acción Popular), Rosangella Barbarán y Héctor Ventura (Fuerza Popular), Nelcy Heidinger y Roberto Kamiche (Alianza para el Progreso), y Margot Palacios (no agrupada).
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Vergara adelantó que el caso podría resolverse a mediados de febrero, siempre que no se presenten retrasos en el proceso. “Debemos tomar acciones rápidas para evitar mayor descrédito frente a la ciudadanía”, solicitó durante la sesión.
Héctor Ventura solo ve “un forcejeo”
Pese a que el dominical Cuarto Poder difundió un video que registra las agresiones de Alcarraz contra el fiscalizador, el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) sostuvo que, a su juicio, las imágenes solo muestran “un forcejeo”.
“Hay que ser muy enfáticos en hacer mención: se habla de una agresión. Del video que hemos podido notar todos, yo he visto un forcejeo entre la congresista, que, tal cual ha manifestado el fiscalizador, se ha mostrado iracunda, vehemente, tal vez, inclusive, ha lanzado algunas palabras inapropiadas”, dijo.
Ventura consideró necesario que la comisión determine si existió un daño físico producto del hecho. “Será materia de investigación ver si efectivamente ha existido o no una agresión física contra el fiscalizador, la cual le haya provocado una causa grave, que haya ido contra su integridad física. Por ello, creo que es pertinente que se inicien las indagaciones preliminares, a efectos de poder llevar a cabo una investigación seria”, afirmó.
Finalmente, el parlamentario fujimorista planteó que se convoque no solo a las partes involucradas, sino también al médico legista.
“Es oportuno que esta comisión convoque al fiscalizador, a efectos de conocer su declaración; a la congresista Alcarraz, para que pueda hacer los descargos pertinentes; y hay un tema muy importante: al médico, para ver el daño que le ha causado la presunta agresión. Siendo objetivos, hemos visto el forcejeo. […] Si hubo daño, a ver: ¿cuál es el daño que le ha causado al fiscalizador? Si han existido hematomas”, dijo.
Tras la sesión, defendió su postura ante la prensa y aseguró que sus comentarios apuntaban a respetar el debido proceso y a no adelantar opinión.
Durante el debate, el congresista Roberto Kamiche exhortó a “poner un tope” a ese tipo de comportamientos. “Este tema de estar agrediendo, insultando, no es digno de un legislador. Nosotros somos el primer poder del Estado, e ir por la calle cometiendo este tipo de actos es denigrante”, afirmó.
Previamente, la misma comisión rechazó blindar a Alcarraz frente a otra denuncia por agresión verbal contra una periodista. En ese caso, el legislador Pasión Dávila (Bancada Socialista) había presentado una reconsideración de la votación de la denuncia de oficio.
El procedimiento
Con la denuncia de oficio contra Alcarraz, la comisión determinará si la congresista infringió los artículos 2, 3, 4 y 5 del Código de Ética Parlamentaria, referidos a los deberes de conducta.
También indagará si infringió el artículo 6 del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria, que prohíbe obtener ventajas mediante la adopción o promoción de decisiones que afecten intereses del Estado o contravengan normas legales. Esto último, debido a que la congresista es acusada de haber llamado a un alto mando de la policía para evitar la intervención de su vehículo.
La comisión iniciará una etapa de indagación preliminar de carácter reservado, durante la cual podrá citar a las partes involucradas y realizar otras diligencias.
Esa etapa le permitirá verificar si el hecho denunciado podría constituir una infracción a la ética parlamentaria y si los indicios o pruebas existentes permiten abrir una investigación formal.
Finalizada la indagación preliminar, se pondrá en conocimiento del pleno de la comisión un informe de calificación. Con el voto de la mayoría simple de sus miembros, se decidirá si se dispone el inicio de la investigación.
De aprobarse esa etapa, la resolución que da inicio al proceso de investigación deberá emitirse en un plazo no mayor de cinco días hábiles, detallando los fundamentos y las normas presuntamente infringidas.
Una vez notificada, la congresista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos. Luego, la comisión convocará a una audiencia en un plazo máximo de 10 días hábiles. En esa diligencia pueden interrogar a la parlamentaria, al denunciante y a los testigos propuestos, además de requerir los informes que la comisión considere pertinentes.
La audiencia tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles, prorrogable por única vez hasta por 10 días, según la complejidad del caso. Culminadas las diligencias, se escucharán los alegatos finales de las partes y se dará por concluido el proceso de investigación.
Finalmente, la comisión deberá emitir una resolución final en la que declare fundada o infundada la denuncia. De ser desestimada, el caso será archivado. En caso contrario, y de acreditarse una o varias infracciones, la comisión podría solicitar al pleno del Congreso la suspensión de Kira Alcarraz de sus funciones hasta por 120 días, la sanción más severa prevista para un legislador en este tipo de procesos.
El Comercio informó, además, que la congresista Alcarraz podría ser objeto de una investigación fiscal y enfrentar una eventual sanción penal por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. Abogados especializados en derecho penal señalaron que el caso no puede ser tratado únicamente como una falta administrativa y que corresponde al Ministerio Público actuar de oficio.
