Cuatro cosas sucedieron durante la tarde del 11 de octubre que resumen la profunda crisis de seguridad que vive el país. Mientras en el Congreso se debatieron por varias horas -sin llegar a ningún consenso- cuatro proyectos de ley relacionados con la lucha contra la delincuencia, un sector de transportistas anunciaba, en la misma puerta del Parlamento, que el paro nacional indefinido iba de todas formas. Casi al mismo tiempo, el área de emergencia del hospital Hipólito Unanue entraba en pánico porque un herido que había sido llevado por la policía tenía granadas escondidas en su ropa y a ningún agente se le ocurrió revisarlo antes de ponerlo en un área crítica. Mientras tanto, el Ministerio del Interior anunciaba que 2.500 agentes iban a resguardar el Estadio Nacional por el partido de la selección peruana de fútbol.
Desacuerdos, descontento, desorden y prioridades poco claras.
Ayer, en el Congreso se desarrolló un pleno extraordinario que prometía abordar cuatro temas relacionados con la seguridad ciudadana. Sin embargo, luego casi 8 horas de sesión, solo dos proyectos se aprobaron en primera votación: el proyecto para establecer penas efectivas para delitos graves en tentativa, y el dictamen para sancionar a jueces y fiscales que liberen a detenidos en flagrancia. Sobre los proyectos de ley vinculados a la tipificación del terrorismo urbano y la modificatoria de la Ley 32108 de crimen organizado, los pedidos más importantes, no hubo consenso y pasaron a cuarto intermedio (interrupción de debate).
Dos temas clave
Aunque la derogatoria de la cuestionada Ley N° 32108, aprobada en agosto pasado, fue uno de los pedidos de sectores de transportistas, empresarios y comerciantes que protestan desde el viernes pasado, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, aclaró que durante la sesión solo se plantearía modificar la norma a partir el proyecto de ley 9100, presentado por la Defensoría del Pueblo. “Porque retornar a una postura anterior sin defensa legal sería inconstitucional y limitaría el derecho de defensa de los investigados”, dijo.
Precisamente esta negativa de evaluar la derogatoria motivó a que Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, uno de los gremios que marcharon ayer hacia el Congreso, anunciara el paro nacional. El transporte en Lima, desde hace varios años, es acorralada y controlado por redes de cobro de cupo, como ocurre en la Av. Arequipa por medio de stickers.
Durante el debate, la principal defensa de la norma llegó de las bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre. Así como Kelly Portalatino (Perú Libre) dijo que dicha ley evita la persecución política judicial a los “verdaderos líderes de izquierda”, Patricia Juárez (Fuerza Popular) aseguró que las “verdaderas mafias” están detrás de la derogatoria y que los intentos por eliminarla parten del “deseo de seguir persiguiendo políticamente a sus adversarios”.
Por el contrario, Ruth Luque (Bloque Democrático) señaló que no derogarla es no tener empatía con la ciudadanía, especialmente quienes se movilizan, mientras que Carlos Anderson (No agrupado) señaló que la norma, tal cual está redactada, beneficia a las organizaciones criminales. En dos horas de discusión no se llegó a un acuerdo y el tema pasó a cuarto intermedio.
El segundo tema clave – con cuyo debate inició la sesión – fue el referente a los varios proyectos de ley, incluido uno presentado por el gobierno de Dina Boluarte, para crear el nuevo delito de terrorismo urbano. Antes de empezar la discusión, el presidente de la Comisión de Justicia aclaró que la redacción del texto sustitutorio no incluiría el término terrorismo urbano para “no fomentar estigmatizaciones” y se centraría en el aumento de penas para los delitos como sicariato, conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión; fabricación, comercialización, uso o porte de armas, marcaje o reglaje, banda criminal, entre otros.
Pese a esta aclaración, parlamentarios como Alejandro Cavero (Avanza País) o Rossangella Barbarán (Fuerza Popular) pidieron incluir el término de terrorismo urbano por el impacto en la población. “La gente está esperando que hagamos eso”, dijo Cavero.
Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), por otro lado, aseguró que la discusión debe estar en considerar como agravante si un delincuente use los métodos de terrorismo, sin necesidad de crear un nuevo delito. “Si a una embarcación pesquera matan a todos los pescadores y queman la embarcación ¿cómo la llamamos? ¿terrorismo anfibio?”, señaló. Para Susel Paredes (Primero La Gente) el verdadero problema de fondo es la crisis en el sector policial y la incapacidad del ministro del Interior. “Pónganle terrorismo amazónico, costero, de imagen, como quieran, ese no es el problema”; dijo.
El debate de ambos temas se prolongó por 4 horas y 45 minutos, pese a ello se decidió que pasen a cuarto intermedio para añadir las sugerencias presentadas.
A las 10:20 p.m, después de una larga pausa, Mita informó que ninguno de los proyectos estaba listo para debatirse: “Uno se encuentra en técnica legislativa y el otro en redacción. Esto va a demorar. Nos mantenemos en cuarto intermedio”. Hubo intentos porque se discuta de todas formas, molestias de varios congresistas, acusaciones de querer engañar a la población hasta que, pasadas las 11 de la noche, se presentaron dos textos sustitutorios redactados en el apuro. Otro debate de media hora concluyó en que no se podía debatir. La interminable sesión, sin acuerdos, se cerró dos minutos antes de la medianoche.
