Human Rights Watch presentó su informe 2024 y en el capítulo del Perú advierte que el Congreso de la República aprobó leyes que “socavaron la independencia judicial, debilitaron instituciones democráticas y obstaculizaron las investigaciones sobre crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos”. También alerta que la presidenta Dina Boluarte “hizo poco o nada por detener los ataques del Congreso a la democracia y el Estado de derecho”.
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Además, puntualiza que el gobierno de Boluarte “implementó políticas que contribuyeron a la erosión de las normas democráticas, incluyendo esfuerzos por reprimir protestas y un creciente desprecio por la independencia judicial”.
En su informe, HRW señala que en diciembre de 2023, el Congreso modificó la Ley de Colaboración Eficaz, “que había sido una herramienta esencial en investigaciones sobre corrupción” y enfatizó que los cambios ”redujeron drásticamente el período que tienen los fiscales para corroborar las declaraciones de un colaborador, dificultando el uso de esta herramienta”.
También menciona que en julio, el Congreso aprobó un proyecto de ley para restringir la definición penal de “crimen organizado”, “dificultando a la fiscalía investigar delitos relacionados con el crimen organizado, como la corrupción y la extorsión, y haciendo que las investigaciones sean, en gran medida, ineficaces”.
Añade que durante el 2024, el Parlamento continuó con sus esfuerzos por debilitar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución que “ha desempeñado un rol clave en la protección de la separación de poderes en el Perú”.
Respecto a la seguridad ciudadana, precisa que la presidenta Boluarte dictó diversos estados de emergencia. Sin embargo, remarca que “esta estrategia ha sido ineficaz para hacer frente al crimen, expertos en seguridad indicaron a Human Rights Watch”.
“La presidenta también ha atribuido el aumento de la delincuencia, sin presentar evidencias que lo sustenten, a los migrantes y solicitantes de asilo de Venezuela”, añade.
Sobre la corrupción, subraya que es un factor importante en el deterioro de las instituciones públicas, la deficiente provisión de servicios públicos y la destrucción del medioambiente en el Perú.
“Cinco expresidentes han sido acusados por corrupción. La presidenta Boluarte continúa siendo investigada por supuestos aportes ilegales para su campaña política, así como por recibir relojes costosos por parte de un gobernador regional”, agrega.
