La diferencia se hace notoria cuando uno compara estos números con los de otros delitos de menor peligrosidad, como incumplimiento de obligación alimentaria, robo agravado o tráfico ilícito de drogas. Aquí se registra una mayor cantidad de ingresos y también de sentenciados por tales delitos.
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Toda esta información le pertenece al Instituto Nacional Penitenciario y puede ser consultada a través del Sistema de Información Estadística Penitenciario (SIEP). Por medio de un dashboard, se puede analizar la cantidad de ingresos y egresos según el delito específico, número de sentenciados, procesados, población penitenciaria, hacinamiento, entre otros.
Radiografía de las cifras
El Comercio revisó las cifras del SIEP y pudo comprobar que entre enero y julio del año 2025, ingresó un total de 14.569 internos a los centros penitenciarios a nivel nacional. De estos, 3.198 (22%) han recibido una sentencia, mientras que 11.371 (78%) se encuentran en situación de procesados, es decir, vienen cumpliendo con prisión preventiva o aun no tienen una condena firme.
En lo que respecta a los casos de extorsión, el portal estadístico muestra que 295 presos ingresaron por este delito, lo que representa el 2% del total. Además, de esta cantidad, apenas 11 (3,7%) fueron sentenciados. El resto, 284 (96,3%), fueron procesados.
Esta baja cantidad de reos por extorsión y más aun la casi ínfima que ha recibido condena, resalta más al conocer que en el mismo periodo, entre enero y julio del presente año, se registraron más de 16 mil denuncias por extorsión en todo el país.
En tanto, la paradoja arriba detallada cobra todavía mayor resonancia si es que se compara los ingresos a penales y sentencias por extorsión con otros otros delitos cuyo impacto y grado de criminalidad es menor. Por ejemplo, la mayor cantidad de ingresos al penal de enero a julio del 2025 fue por incumplimiento de obligación alimentaria, un total de 2.224 internos (15,3% del total). De esta cifra, 1.328 recibieron sentencia (59,7%).
Del mismo modo, el segundo delito en la lista de mayores ingresos al penal es el robo agravado. Hubo un total de 1.776 nuevos internos, siendo 140 (7,8%) condenados. En el caso del tráfico ilícito de drogas, tercero en el ranking, el número de internos que ingresaron fue de 1.056. Por este delito 101 (9,6%) de ellos fueron sentenciados.
¿Por qué ocurre esto?
El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, dijo a este Diario que la paradoja hallada en estas cifras es aun más extrema si se toma en cuenta la enorme cantidad de denuncias recibidas en el SIDPOL (Sistema de Denuncias Policiales). Ya de por sí, señaló, denunciar extorsiones es “un lujo” que no suelen permitirse las víctimas. “Una cifra conservadora promedio nos pone en 70 denuncias diarias. De ahi a que haya 11 sentencias condenatorias en casi un año es muy preocupante”, sostuvo.
Explicó que lo que ocurre es que se llega con muy poca capacidad probatoria al momento de formular el expediente. A esto se suma que nuestra capacidad de investigación criminal cuando hay tecnología de por medio o uso de redes sociales, es muy baja. “La Policía Nacional y el Ministerio Público no tienen herramientas para ese tipo de investigación. Y si no hay pruebas concluyentes, el juez no puede sentenciar con base a especulaciones”, detalló.
Dicho esto, para Valdés habría que preguntarse si el actual Gobierno ha notado esta particularidad. “Mi impresión es que no. Sigue apostando por lo mismo sin invertir en big data e IA para empezar a ordenar la amplísima información de la cual dispone en el SIDPOL, y desde ahí formular hipótesis de investigación», afirmó.
Otro punto, agregó, es que se sigue sin involucrar a las operadora telefónicas y a las instituciones financieras para coordinar las facilidades legislativas que se requieren para entregar información en tiempo real a los equipos de investigación criminal. “Cuando eso ocurra, recién veremos resultados”, consideró.
Por su parte, para Nicolás Zevallos, exviceministro del Interior y criminólogo, estas cifras hay que tomarlas con pinzas. Primer, dijo, habría saber diferenciar muy bien entre denuncias, victimización y sentenciados.
“Jamás el número de ingresos va a ser igual al de denuncias y al número de victimización, porque siempre hay una brecha entre estas. Hay todo un proceso de por medio para la sentencia, que además no es corto. Incluso, pese a que ha crecido la cantidad de denuncias, estas apenas son el 10% de la victimización. Es decir, los casos ocurren mucho más“, comentó.
Asimismo, indicó que también es posible que un mismo delincuente tenga varias denuncias, por lo que no hay forma de que cada denuncia signifique un delincuente detenido. En ese sentido, sostuvo que los casos de extorsión no se deberían medir en función de cuántos sentenciados hay, sino de cuantas zonas y rutas están siendo amenazadas, controladas por la extorsión.
“Eso es lo que hay que discutir, hay que pensar en un enfoque territorial del control de extorsión y no en un enfoque uno a uno, porque no funcional así la extorsión. Este tema tiene que verse con otra lógica de trabajo, que tiene que ver con el control territorial. Estas bandas operan controlando territorios. Hay que medir cuántos territorios tienen ellos y cuántos comenzamos a controlar“, enfatizó.
Capacidad de albergue y hacinamiento
Además de la cantidad de ingresos y egresos según el delito, en el dashboard del SIEP también se puede analizar, por ejemplo, todo lo concerniente a la población penitenciaria y los niveles de hacinamiento en los distintos penales del país.
Se precisa que en el Perú, existe un total de 69 establecimientos penitenciarios, los cuales tienen una capacidad de albergue para 41.764 internos. Sin embargo, la población penitenciaria actual es de 103.112 reos, lo que a su vez ocasiona que haya una sobrepoblación de 146,9% en las cárceles peruanas.
Teniendo en cuenta estos indicadores y cifras, se detalla que de los 69 penales existentes, se considera que en 51 de ellos sí hay hacinamiento, mientras que en 18 no. Aquellos penales con mayor nivel de hacinamiento son el de Huancavelica (471,7%), del Callao (444,8%), de Tacna (420,7%) y de Camaná (410,3%).
Otros centros penitenciarios que también tienen un alto nivel de hacinamiento son los siguientes: de Pucallpa (390,3%), de Abancay (387,8%), de Chanchamayo (357,5%), de Quillabamba (355%), Miguel Castro Castro (342,3%), de Huaral (333%), de Ayacucho (318,5%), de Trujillo (314%) y de Río Negro (312%).
Además, el SIEP muestra la capacidad de albergue según oficinas regionales. En ese sentido, Lima encabeza la lista, con penales que pueden albergar a 17.608 presos. Le sigue Norte – Chiclayo, con espacio para 6.946 internos; el Nor Oriente – San Martín para 5.560 reos; Oriente – Huánuco para 3.240; Sur Oriente – Cusco para 2.918; Centro – Huancayo para 2.352; Altiplano – Puno para 1.888; y Sur – Arequipa para 1.252.
