Las hojas de vida son una herramienta importante para conocer a los candidatos en contienda, pero nuevamente muestran falencias que impiden tener información más acertada sobre el historial de aquellos que buscan el voto de la ciudadanía para acceder a un cargo público.
Es cierto que el formato ha mejorado con el paso de los procesos electorales, pero con todas las herramientas digitales a disposición, las falencias sobre la interconexión de bases de datos siguen predominando en la presentación de la información.
Lo primero es que se sigue apelando a que los candidatos ingresen manualmente información que está a disposición de entidades públicas. Dos ejemplos: el primero, la información académica se podría jalar de Sunedu (si algún candidato no tiene un título validado en esta intendencia, podría consignarlo en el apartado de “información adicional”); y el segundo, todo lo referido a casas, terrenos, vehículos y temas empresariales es algo que se puede extraer de Registros Públicos.
Lo segundo tiene que ver con un avance necesario para que la información judicial también pueda ser interconectada. Acá se me ocurren dos vías: que el candidato ponga su DNI y se extraiga la información automáticamente, o que se habiliten desplegables con los delitos y demás detalles que son necesarios. Por la forma como está configurado ahora, cada candidato coloca la información según su propio criterio (hay delitos que no son los correctos, los postulantes no son claros con la sentencia, entre otros) y esto afecta la transparencia hacia el elector.
Lo tercero –en la misma línea– es que se pueda habilitar rangos u opciones de cifras para el apartado de ingresos. Dejar que los candidatos lo hagan manualmente puede ocasionar errores como el del candidato presidencial Wolfgang Grozo, cuya hoja de vida muestra que tuvo ingresos anuales por S/277 millones. En un especial publicado por este Diario, corregimos las cifras luego de contrastar la información con el propio candidato, pero otros medios han replicado la millonaria cifra tal cual, sin constatar que se trató de un error de digitación.
Un cuarto punto de mejora tiene que ver con la implementación de un sistema de alertas para los jurados electorales especiales, encargados de la revisión inicial de la inscripción de candidaturas. Con la inteligencia artificial –y las bases integradas–, esto resultaría posible. De esta manera, los JEE podría recibir rápidamente información de todos los candidatos que consignaron sentencias por delitos de corrupción y que, por ende, no podrían postular. Dejar esta labor a un trabajo manual incrementa la posibilidad de no detectar a tiempo casos graves, sobre todo en escenarios como los que vivimos a la fecha con más de 30 partidos en contienda.
Los especialistas suelen hablar del “derecho a participar” para minimizar estas cuestiones que pueden ser consideradas técnicas. Sería bueno también empezar a pensar en un sistema más ágil para brindar una mejor transparencia para el elector. De lo contrario, eso del “voto informado” seguirá siendo solo un lema que no se condice con la realidad electoral peruana.
