De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y expertos en el tema, un porcentaje de los vehículos del transporte público dejó de circular debido a las amenazas, el cobro de cupos y la extorsión. Asimismo, otro porcentaje de la flota simplemente está parada, es decir, no sale a operar debido a que no hay conductores que manejen las unidades. Como consecuencia, la inversión en el sector se cae en picada.
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Los ataques no dan tregua
Recientemente, un conductor de la Línea 20 fue asesinado por dos sujetos armados cuando circulaba por su ruta. El atentado ocurrió alrededor de la 1:00 p. m., cuando el bus de la empresa Etucsa avanzaba por la zona de San Genaro, en Chorrillos.
Testigos relataron que dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal interceptaron la unidad y dispararon al menos cuatro veces hacia la cabina. Dos de esos impactos alcanzaron al conductor, identificado como Andrés Kaira, de 43 años.
En tanto, la madrugada del pasado 1 de diciembre, dos buses de la empresa de transporte público La Estrella fueron incendiados en el Callao, luego de que sujetos armados atacaran sus unidades como represalia por no acceder al pago de cupos. Según contaron los propios conductores, este atentado sería obra de una tercera banda extorsiva.
Del mismo modo, un total de 18 buses de transporte urbano fueron destruidos por un incendio durante la madrugada del último miércoles, en una cochera ubicada en la avenida Húsares de Junín, en Ate. El fuego comenzó en una cochera privada que resguardaba cerca de 30 buses de distintas empresas.
La mayoría de las unidades destruidas pertenecía a la empresa Etmimsa, mientras que Nassac y Angamos registraron una sola unidad afectada respectivamente. La PNP mantiene abiertas todas las hipótesis, incluida la que advierte que se haya tratado de un caso de extorsión.
Por otro lado, el pasado 16 de noviembre, 10 disparos atravesaron el bus de la línea San Germán, en San Martín de Porres, dejando al conductor herido. El ataque al bus se produjo en plena ruta, a pocos metros de un colegio, mientras la unidad trasladaba pasajeros. El chofer de 69 años sobrevivió pese a recibir heridas y fue llevado de urgencia a un hospital.
Reducción de flota
En entrevista con el presidente de la ATU, David Hernández, se confirmó que hoy en día existen 20 mil vehículos -entre cústers, combis y buses– en el rubro de la formalidad que operan en las calles de Lima y Callao. Cabe mencionar que hasta setiembre del 2024, los vehículos autorizados ascendían a 22.131. Es decir, en menos de año y medio, disminuyeron en más de 2 mil.
Sin embargo, expertos en transporte estimaron que en los últimos años ha habido una marcada disminución de unidades de transporte público habilitadas que circulan en la ciudad. Hablamos de casi un 25%. Si para el 2020 existían 22.500 vehículos, hoy en día el número promedio es de 17 mil (menor a la cifra indicada por ATU). Es decir, existen 5 mil cústers, combis y buses menos circulando que los que había hace 5 años.
“Hay una flota de 22.500 unidades en promedio habilitadas por la ATU. Lo que pasa es que un 25% no sale a operar porque no hay conductores, o sea, tenemos una flota parada. Aparte de eso, ¿quién va a invertir en más buses si están siendo extorsionados? Entonces, hay una falta de inversiones en nuevos vehículos“, explicó Martín Ojeda, director de la Cámara de la Industria del Transporte.
Además, mencionó que estas cifras se condicen con el balance que maneja el propio Observatorio de Seguridad Vial, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). “No hay programas de apoyo, hay una falta de fiscalización en el tema de jornadas de conducción en el transporte urbano y a ello se suma el estrés y miedo que tienen los choferes por las extorsiones“, señaló.
Y es que esta reducción de flota operativa se evidencia en varias empresas de transporte. Por ejemplo, la empresa Santa Catalina, conocida por sus colores característicos rojo y verde, en principio llegó a tener más de 200 buses en circulación, sin embargo, hoy apenas logra movilizar unas 70 unidades. Solo un reducido grupo de choferes se atreve a salir a trabajar, ya que vienen siendo extorsionados.
Similar caso sucede con la empresa Evipusa, de color naranja con rayas blancas, pues los mensajes extorsivos obligaron a detener gran parte de su flota. Aunque cuentan con 70 vehículos, actualmente ponen en marcha menos de la mitad. Los propios choferes reconocen que salir a trabajar implica exponerse a un ataque armado.
En tanto, la empresa Etuchisa, conocida como “El Chino”, también enfrenta la crisis actual de la falta de choferes. Esto se ve evidenciado con la presencia de un letrero en sus paraderos que anuncia la necesidad de personal. Los pocos buses que aún circulan lo hacen en medio de la incertidumbre, pues sus conductores saben que ejercen una labor que ahora se considera de alto riesgo.
Por su parte, la Asociación Nacional de Conductores confirmó que varias compañías ya no operan al 100% de su capacidad. Precisó que algunas alcanzan con tener el 90% de sus buses en circulación, mientras que otras apenas llegan al 50%. El temor a ser atacados ha cambiado las rutinas de los transportistas, que evitan horarios de mayor riesgo y priorizan su seguridad antes que las ganancias.
Indicó que antes los transportistas podían llevar a casa alrededor de S/500 por semana, pero ahora el monto fluctúa entre S/300 y S/350. “Hasta un 40 % se ha reducido el ingreso”, explicaron. Todas estas empresas y algunas más registran una caída en sus ingresos diarios.
Los efectos de la extorsión
La inseguridad en el transporte público permanece y sigue amenazando la vida de los conductores y cobradores en toda Lima Metropolitana. De acuerdo con datos de la Policía Nacional del Perú, un total de 65 choferes de empresas de transporte han sido asesinados solo entre enero y julio del 2025.
Las amenazas de grupos extorsivos y los ataques de sicarios se producen a cualquier hora y lugar. Se dispara contra los conductores o se atenta contra el vehículo. Además, el cobro de cupos y las amenazas están obligando a las compañías a reducir su flota operativa.
Ojeda precisó que el tema de la extorsión en el sector transporte ha originado que se desdeñe la labor que realizan los conductores, así como su experticia, originando que busquen emigrar a otros países donde pueden recibir un mejor sueldo y son más valorados, como España. “En común ver por las calles buses y cústers con letreros atrás que dicen ”se necesitan conductores»“, comentó.
Agregó que en el Perú, existe una falta de fiscalización en el transporte urbano, los conductores no tienen contratos adecuados, trabajan a destajo, sin descansar y encima los matan. “¿Crees que sus hijos, la próxima generación, querrán ser conductores? Ya no. Esa generación se está perdiendo a nivel mundial. Y encima en un país con el peor tráfico, con la peor siniestrabilidad y maltrato a conductores, esa profesión ya no causa interés“, manifestó.
Déficit de conductores
Para julio del 2024, habían 56 mil choferes de transporte público habilitados por la ATU. En tanto, para agosto del 2025, la cifra se redujo a 22 mil conductores habilitados. Por otro lado, cabe resaltar que existen miles de choferes que no se encuentran registrados oficialmente o que trabajan en el transporte informal, lo cual dificulta tener un número preciso.
Según expertos, la falta de conductores tiene que ver con una crisis global en el sector logístico, agudizada por el envejecimiento de la fuerza laboral, condiciones laborales precarias y una dificultad para atraer nuevo recurso humano.
Ojeda indicó que esta problemática de falta de conductores no solo sucede en el Perú, sino que es de carácter mundial. En países como Bélgica, dijo, se ha reducido la edad inclusive a 17 años para manejar vehículos profesionales o tener licencia profesional.
Análisis de este escenario
Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, dijo a El Comercio que la disminución del número de conductores se debe a dos razones esencialmente. Primero, a la modificación desde el año 2009 del Reglamento Nacional de Tránsito, implementándose la acumulación de puntos. Es decir, al incurrir los conductores en infracciones de tránsito, adicional a la multa, también reciben una sanción administrativa sobre su licencia de conducir.
“Las infracciones acumulan puntos. Desde 5 puntos hasta 70 puntos si son infracciones muy graves. La norma dice que si el conductor completa los 100 puntos se le suspende la licencia por 6 meses. Si reincide con otros 100 puntos, se le suspende 1 año, y si continúa la licencia es cancelada de por vida”, detalló.
En ese sentido, Quispe explicó que esa sanción gradual no ha sido suficientemente interiorizada por los conductores ni difundida en su magnitud por parte de las autoridades. Entonces, los conductores han seguido manejando, recibiendo multas, pagando, pero silenciosamente ha ido avanzando la cancelación de la licencia de conducir. “Estoy convencido que debe haber por lo menos 800.000 conductores con la licencia suspendida o cancelada. Por ese por esa razón han disminuido los conductores de transporte público, no hay”, dijo.
Y la otra razón es que ya para ciertas empresas ya no resulta muy económico, porque antes, el conductor al ser cobrador y conductor siempre tenían un pago, mejores condiciones económicas. No obstante, ahora, con el ingreso del control electrónico, ya no hay forma de evadir el control y evidentemente su economía se ve mermada. A esto ha que sumarle el asesinato a los conductores, agregó.
Para Ojeda, lo primero que deben hacer las autoridades es garantizar lo más importante para el conductor: su vida. “Nadie quiere que su padre, hijo o esposa sea conductor, por el peligro que representa hoy en día. Hay un tema de protección a la vida que no se está dando en el Perú“, dijo.
Otro punto importante, sostuvo, es fomentar la participación de la mujer en la conducción, como han hecho en Argentina y otros países.
