La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) solicitó al Tribunal Constitucional (TC) un informe sobre el avance actual del cumplimiento de la sentencia respecto al hacinamiento en los penales del Perú.
A través de un oficio enviado a la presidenta del TC, Luz Pacheco, la legisladora también pidió que se le remitan las acciones que realizaría el tribunal respecto al posible desacato por parte de las entidades.
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En el documento, Yarrow recordó que el plazo de cinco años para la adopción de medidas correctivas, a cargo de los ministerios de Justicia y Economía, además del Poder Judicial, vencerá en mayo de este año.
“En este sentido, al amparo del artículo 96 de la Constitución Política del Perú y el artículo 22 literal b) y e) del Reglamento del Congreso de la República, solicito conforme a sus competencias con carácter urgente, remita un informe que contenga el avance actual del cumplimiento de esta sentencia; como lo dispone en el numeral 102, así mismo las acciones que realizaría el Tribunal Constitucional respecto al posible desacato por parte de estas entidades, ya que el plazo de 5 años, vencerá en el mes de mayo del presente año”, señaló la parlamentaria.
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Según un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio, en mayo se cumplirá el plazo de cinco años que una sentencia del TC dio para que desde el Ejecutivo se solucione la sobrepoblación en las prisiones del país.
El fallo del TC estableció que “existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue”.
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Y, además, ordenó que, si en cinco años no se adoptaban las medidas para superar ese estado, las prisiones debían cerrarse empezando por las seis más sobrepobladas cuando el plazo venciera. Es decir, no podrán recibir a nuevos reos.
Según un informe de enero del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en las 68 prisiones del país hay 94.911 reclusos, cuando la capacidad de albergue es de 41.019. La sobrepoblación penitenciaria es de 53.892.
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Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, afirmó que su sector viene “impulsado acciones concretas” para “redistribuir” a la población penitenciaria en el país.
