Criminales detonaron un artefacto explosivo frente al Ministerio Público de Trujillo. La onda expansiva afectó viviendas y negocios aledaños, así como un vehículo que estaba estacionado por la zona. Ciudadanos están aterrados y piden mayor seguridad.
Al respecto, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, rechazó tajantemente el atentado y dijo que las primeras investigaciones apuntan a que estaría relacionado con la minería ilegal. Ante ello, pidió seguridad para los fiscales que están siendo amenazados por cumplir su trabajo.
Esta petición fue escuchada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien anunció en una conferencia de prensa que se brindará resguardo policial a jueces y fiscales “comprometidos en investigaciones a organizaciones criminales”.
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En esa línea, el alto funcionario, quien viajó a Trujillo para coordinar medidas frente a este hecho de violencia, hizo un mea culpa y reconoció que tanto él como otras autoridades “son responsables” del avance de la criminalidad en esta parte del país.
“¿Cuánto tiempo tenemos la minería ilegal en Pataz? ¿En qué generación de Los pulpos estamos? En la tercera. Digo que somos todos porque, de una u otra manera, esto ha ido creciendo y ahora nos revienta en la cara con este crimen atroz, pero claro que todos somos responsables”, señaló junto al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el gobernador regional de La Libertad, César Acuña.
Más adelante, Gustavo Adrianzén aseguró que ninguna medida de seguridad está descartada. La aplicación del toque de queda, por ejemplo, dependerá de la opinión de las autoridades policiales y las Fuerzas Armadas.
“Si las recomendaciones de quienes están en el campo enfrentando al crimen son declarar el toque de queda, lo haremos sin dudarlo. De momento, esa medida no se va a adoptar”, subrayó.
